La Procuraduría General abrió una indagación previa por presuntas irregularidades en la compra de más de 17.000 tabletas para dotar a 30 colegios en el departamento del Casanare. El seguimiento del ente de control se inició a partir de una investigación publicada por este diario en la que se advertían dudas sobre los precios en los que fueron comprados los dispositivos.
Como contamos en esa nota, la adquisición de las tabletas se realizó con recursos de regalías y hacía parte de un proyecto del programa Casanare Educa, que tenía el objetivo de entregar equipos con una plataforma digital con simulacros de las Pruebas Saber y contenidos de varias áreas de conocimiento, para mejorar los procesos educativos del departamento.
En contexto: Las 17.000 tabletas para colegios que generan dudas en Casanare.
Este contrato fue estructurado por la Gobernación del Casanare y ejecutado por la Universidad Internacional del Trópico Americano (UniTrópico). Es decir, que sería la encargada de invitar a presentar propuestas para ejecutarlo y elegir a la empresa que lo llevaría a cabo. Finalmente, se adjudicó a la Unión Temporal Casanare - Educación de Calidad, que fue la única que se presentó. Está conformada por las empresas CEM Electronix, con un 80 % de participación, y HB Distribuciones (una de las empresas que cotizó la plataforma educativa).
Una de las preguntas que surgieron en medio de las críticas a ese proyecto es por qué la Secretaría de Educación optó por invitar a esas empresas y no a otras. Otro interrogante que se hacen personas como Luis Pérez, de la fundación Little Guardians, es por qué no acudió al importador directo, Samsung Colombia, para adquirir las tabletas, y por qué estas no fueron adquiridas a precios de compras al por mayor.
Las 17.158 tabletas que ofreció CEM Electronix a la Secretaría de Educación de Casanare se compraron el 15 de julio de 2024 y costaron $16.984 millones (cada una tuvo un valor de $989.900). “Haciendo una búsqueda rápida en internet, uno encuentra el equipo comercialmente entre $600.000 y $650.000”, contó a este diario Luis Pérez, fundador de Little Guardians.
Si bien los ejecutores del proyecto aseguraron a este diario que las diferencias entre los precios tiene que ver con cambios en el costo de las tecnologías, así como otros costos indirectos del proyecto, la situación ha llamado la atención del Departamento Nacional de Planeación y de la Procuraduría, que abrió esta semana una indagación a este contrato.
“El ente de control solicitó a la Gobernación de Casanare información sobre el objeto y alcance del bilateral, la entrega de estos dispositivos móviles y la población beneficiaria, esto, entre otras pruebas decretadas”, precisó el ente de control, a través de un comunicado.
Por su parte, el DNP, en una visita de campo a principios de marzo de 2025, evidencio que si bien los equipos se encuentran funcionando en los colegios, se evidenció que el bien o servicio ‘Gabinetes para almacenamiento’, que hace parte de este componente, no se ha entregado en las instituciones educativas visitadas”, una tarea que se tenía prevista entre julio y octubre de 2024.
Lo invitamos a leer la nota completa sobre las dudas del proceso, a través de este enlace.
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