Este miércoles 21 de mayo se conoció una solicitud de la Procuraduría General de la Nación dirigida a la Sección Quinta del Consejo de Estado, en la cual pide rechazar la demanda de nulidad de la elección de José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional para el período 2024-2027. En el documento, con fecha del 2 de abril, que consta de 45 páginas y firmado por Idayris Yolima Carrillo Pérez, la procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado, el órgano de control considera que en el acto de elección no se vulneró el ordenamiento jurídico.
La Procuraduría asegura que antes de la designación se realizó la deliberación correspondiente y se ponderó el resultado de la consulta estudiantil de los cinco candidatos más votados, además de sus cualidades, planes y propuestas. A ojos de la entidad, se respetaron los principios de transparencia, participación y convivencia. También considera que hubo un cumplimiento del principio de legalidad, así como de la sumisión de competencias, de acuerdo con lo contemplado en los estatutos de la universidad.
“En el seno del Consejo Superior Universitario (CSU) se propuso, se analizó y se adoptó el método para el proceso de selección de la máxima autoridad ejecutiva, con lo cual se cumplió con el debido proceso, el respeto por la autonomía universitaria y la garantía de los principios de moralidad, imparcialidad, eficacia e igualdad que gobiernan la función pública”, afirma el Ministerio Público.
Como hemos contado en El Espectador, la designación de Peña por parte del CSU, con cinco votos a favor y tres en blanco, ha sido objeto de controversia. Una de las principales quejas de la comunidad universitaria se ha centrado en que el CSU no habría respetado los resultados de la consulta estudiantil. Cabe recordar que durante esa jornada, en marzo del año pasado, Leopoldo Múnera, quien actualmente ocupa el cargo, obtuvo la mayoría de votos de los profesores, estudiantes y egresados, con un acumulado del 34,3 %.
No obstante, la Procuraduría reitera que en estos casos no opera un carácter vinculante de la consulta frente a la elección. “No existe una disposición que imponga la relación directamente proporcional del más votado como el elegido ineludible”, dice el organismo. “La autonomía del CSU está garantizada de conformidad con las reglas que regulan el proceso electoral”.
El Ministerio Público también se refirió a los cuestionamientos por la manera en que Peña se posesionó como rector de la Universidad Nacional, ante el notario 14 del círculo de Bogotá. Sobre este punto, el órgano de control asegura que Peña “se vio obligado” a posesionarse de esa forma, ante la negativa de la entonces ministra de Educación, Aurora Vergara, de adelantar el trámite.
“Lo que buscó, por un lado, fue no quedar sometido a eventuales multas o responsabilidades de acuerdo con la ley, y, por el otro, no abstraerse del cumplimiento de sus deberes, según la designación del CSU de la Universidad Nacional, pues debía iniciar con sus labores en un cargo del orden institucional y no personal”, subraya la Procuraduría. Puede leer el documento completo aquí:
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