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El Procurador General, Gregorio Eljach Pacheco, le hizo este domingo 27 de julio un llamado al Ministerio de Educación para que cumpla con el giro de los recursos que permitan continuar con las obras de la sede de la Universidad Nacional que se está construyendo en el municipio de Tumaco, en Nariño.
El proyecto, que tendrá una inversión estimada en más de 140.000 millones de pesos, beneficiará a más de 1.100 estudiantes y, para su primera fase, se contempla que el 55 % de la financiación provenga de recursos del Ministerio de Educación, mientras que el 45 % restante lo pondrá la Universidad Nacional.
Sin embargo, el Procurador General advirtió que “los anuncios realizados por el Ministerio de Educación, respecto al giro de los dineros, no se ha concretado a la fecha de hoy y mucho menos el desembolso correspondiente”.
Por lo tanto, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública le pidió a las entidades competentes la efectividad de los recursos que permitan avanzar con la ejecución de la Fase I y II del proyecto, “el cual resulta de la mayor importancia para el desarrollo educativo de los jóvenes de la región”, señaló el órgano de vigilancia a través de un comunicado.
Es importante recordar que las obras a las que se refiere el Procurador General, hacen parte de un plan de consolidación de la infraestructura física de la Sede Tumaco, que existe hace más de 10 años.
En diciembre del año pasado, Invest International, una ONG de Países Bajos que iba a financiar el 35 % del proyecto, anunció el fin de la cooperación internacional, lo que se tradujo en que la Universidad ya no iba a recibir €12 millones, unos $55.000 millones.
Pero, el 19 de junio de este año, el Ministerio de Educación anunció que disponían de parte de los recursos para reponer lo que iba a aportar la ONG. De esta manera, la cartera señaló que comprometería recursos por los 34.000 millones de pesos, mientras que los otros 27.000 millones serían puestos por la Universidad Nacional.
Hasta el momento, ni el Ministerio de Educación, ni el ministro Daniel Rojas, se han pronunciado frente al llamado de la Procuraduría General.
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