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La Procuraduría General de la Nación, a través de un concepto de más de 40 páginas, pidió al Consejo de Estado tumbar la elección de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional para el periodo de 2024 a 2027.
El Ministerio Público consideró que se dio una expedición irregular del acto de designación por desconocimiento del debido proceso. También señaló una infracción de norma superior, además de un “trámite inadecuado de las recusaciones”.
En otras palabras, de acuerdo con el órgano de control, se desconoció que el procedimiento para elegir al rector de la Unal había iniciado con la Resolución 101 del 7 de diciembre de 2023 y culminó el 21 de marzo de 2024, con la designación correspondiente y bajo las reglas de la convocatoria.
Ese 21 de marzo, el Consejo Superior Universitario (CSU) llevó a cabo la sesión extraordinaria convocada para la elección de rector. El CSU escogió a José Ismael Peña Reyes, con votación de cinco a cero, lo cual se le informó a los demás candidatos y a la comunidad educativa.
Como hemos contado en El Espectador, la designación de Peña ha sido objeto de controversia. Una de las principales quejas de la comunidad universitaria se ha centrado en que el CSU no habría respetado los resultados de la consulta estudiantil, cuando Múnera obtuvo la mayoría de votos de los profesores, estudiantes y egresados, con un acumulado del 34,3 %.
Sin embargo, la Procuraduría reiteró que en estos casos no opera un carácter vinculante de la consulta frente a la elección. Además, indicó que las manifestaciones de una nueva selección de rector eran contrarias al ordenamiento jurídico, “pues ya existía uno elegido bajo los cánones institucionales y no concurría una decisión jurisdiccional que predicara lo contrario”, dice el concepto.
Es por ello que, para el Ministerio Público, la Resolución 067 de 2024, por la cual se adoptaron medidas para la “corrección de irregularidades” en la designación del rector, en realidad “vulneró el debido proceso y desconoció la lógica interna del sistema normativo colombiano”. De ese modo, subraya el documento, la elección de Múnera se torna ilegal.
La Procuraduría agregó que a Peña “le resultaron trasgredidos algunos postulados constitucionales (...) dado que se socavó la eficacia al voto, se desconoció la seguridad jurídica, el principio de legalidad y se le violaron los derechos a ser elegido y al debido proceso. Se pasó por alto su condición de electo, el acto electoral que le daba esa condición fue sacado del ordenamiento jurídico bajo un procedimiento irregular, por una autoridad sin jurisdicción y sin soporte legal aplicable al caso”.
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