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Carina Murcia Yela, Ministra de las TIC, las cifras sobre los delitos digitales contra personas menores de 18 años son abrumadoras: hay un 450% de incremento de reportes de abuso y explotación sexual infantil, el 98% de las situaciones están relacionadas con niñas y adolescentes mujeres y el 91% de las víctimas tienen entre 3 y 13 años, según el informe de INHOPE 2025, la asociación de líneas de reporte para este tipo de agresiones a la que pertenece Te Protejo Colombia.
Y, como si esto fuera poco, la Internet Watch Foundation (IWF) alerta que la inteligencia artificial (IA) crea material de abuso sexual infantil realista, masivo y difícil de borrar, que elimina la necesidad de un contacto físico para ejercer una violencia devastadora. La IA ha simplificado la capacidad de daño: cualquier persona con acceso a una herramienta de generación de imágenes puede producir, en segundos, contenido que antes requería una víctima real.
Frente a esta realidad, la respuesta del Estado es insuficiente. En abril de 2026, el DANE publicó la primera Caracterización Estadística sobre Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes. Los resultados son contundentes: entre 2015 y 2025 se registraron 22.697 personas menores de edad víctimas de estos delitos. En 2025, la tasa nacional fue de 14,6 víctimas por cada 100 mil menores de edad, pero en Bogotá esa tasa casi se triplicó en una década, pasando de 15 a 42. Según este informe, los delitos más frecuentes tienen que ver con usar cualquier servicio de Internet (plataformas, redes sociales, videojuegos, páginas web) para cometer estos delitos.
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A esto se le suma que en Colombia, la impunidad judicial de los delitos sexuales supera el 90%. La aplicación de las estrategias para erradicar estas violencias prevenibles es, pues, una urgencia de supervivencia.
No es solo un problema criminal: es un deber que Colombia debe cumplir desde la Convención de Naciones Unidas, la Constitución y el Código de Infancia y Adolescencia. Los menores de 18 años tienen derecho a una vida libre de violencia. También en el mundo de los bits.
Varios países están reaccionando frente a la evidencia contundente de que las plataformas se han lucrado enormemente al exponer a niñas, niños y adolescentes a múltiples riesgos y a la explotación de toda índole, incluida la venta de sus datos personales.
En este contexto, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones publica un decreto para reglamentar la Ley 2489/25 que debería crear lineamientos para la protección infantil en línea. Sin embargo, deja en manos de la buena voluntad de las empresas la protección de niñas, niños y adolescentes. No habrá lineamientos, verificación, auditoría ni represalia alguna por parte del Estado si no lo hacen.
En otras palabras, eso no es regulación: es una declaración de buenas intenciones dirigida a quienes tienen todos los incentivos económicos para ignorarla. Otros países ya aprendieron esa lección y están legislando en consecuencia.
Ministra, usted no puede dar la espalda a la niñez —particularmente a niñas y adolescentes mujeres—, a las familias y a los colegios. Su ministerio debe priorizar el cuidado de la infancia y adolescencia sobre los intereses particulares de las grandes empresas tecnológicas.
Es por esto que desde Red PaPaz creamos una petición en línea para qué cómo ciudadanos exijamos una regulación con mecanismos reales de cumplimiento, transparencia y participación de la sociedad. Si el gobierno no actúa, la sociedad civil sí lo hace.
*Directora ejecutiva de Red PaPaz
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Por Carolina Piñeros Ospina*
