12 Mar 2021 - 9:15 p. m.

Red Papaz busca el regreso inmediato a clases presenciales en colegios con tutela

Con esta acción buscan proteger derechos fundamentales y prevalentes a la vida, la educación, la salud y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes que, aseguran, se han visto vulnerados con el cierre de colegios y hogares de atención a primera infancia del ICBF.
La suspensión de actividades escolares y de atención a la primera infancia ha generado pérdidas en el aprendizaje y afectaciones a la salud emocional, aseguran desde Red Papaz
La suspensión de actividades escolares y de atención a la primera infancia ha generado pérdidas en el aprendizaje y afectaciones a la salud emocional, aseguran desde Red Papaz

La Red de Padres y Madres, Red Papaz, presentó una tutela en contra del Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Educación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Secretaría de Educación de Bogotá y la Secretaría de Educación de Cundinamarca con el fin de buscar el retorno inmediato a las clases presenciales de niños, niñas y adolescentes de colegios públicos. (Le puede interesar: Los reclamos de la comunidad sorda a la Universidad de Antioquia)

“La suspensión de actividades escolares y de la atención a la primera infancia ha generado pérdidas en el aprendizaje, afectaciones a la salud emocional y menores ingresos”, argumentan desde la red de padres de familia. Con esta acción, aseguran, buscan proteger los derechos fundamentales y prevalentes de niñas, niños y adolescentes al desarrollo integral en la primera infancia, a la vida, la educación, la salud, el cuidado, la alimentación, la igualdad, entre otros, que a se han visto vulnerados a raíz de las medidas implementadas hace un año para enfrentar el avance de la pandemia. (Le puede interesar: Más de 83.000 niños de Medellín no han comenzado año escolar por cambios en el programa Buen Comienzo)

Señalan que, aun cuando existen lineamientos y protocolos de bioseguridad para regresar a los establecimientos educativos, “una gran mayoría de la prestación del servicio a cargo de la Secretaría de Educación de Cundinamarca y la Secretaría Distrital de Educación continuó en la modalidad no presencial”. Aspectos importantes ya que, de las cuarenta semanas de clases presenciales en el año 2020 previstas para el calendario escolar, millones de educandos solo asistieron a entre cinco y siete semanas de clases presenciales.

Asimismo, argumentan que, aunque desde el mes de junio del año 2020 se previó el modelo de alternancia y el retorno gradual y progresivo a clases presenciales, “esto no ha ocurrido en la inmensa mayoría de los establecimientos públicos de educación del país”.

Por consiguiente, en la tutela manifiestan la pretensión de ordenar a la Nación, en cabeza del Mineducación, y a las secretarías, a adelantar todas las acciones necesarias “necesarias para iniciar dentro del menor término posible, y en ningún caso superior a treinta (30) días la prestación del servicio público educativo presencial en la modalidad de alternancia de forma universal y simultánea en todas las instituciones educativas”. (Le puede interesar: Población estudiantil universitaria cayó un 17% en 2020, según Ascún)

Asimismo, a la Nación en cabeza del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y al ICBF a adelantar todas las acciones necesarias para iniciar la prestación de los servicios de atención integral a la primera infancia de forma presencial, universal y simultánea.

Entre los argumentos expuestos por Red Papaz para el regreso a clases presenciales se incluye que las instituciones educativas ofrecen espacios seguros, en donde se protege la vida e integridad física y emocional de los niños, niñas y adolescentes, y que el modelo de alternancia de manera gradual y progresiva “es discriminatorio ya que, al delegar la implementación de este modelo, se condena a la población de bajos recursos y ubicada en zonas rurales sin acceso a internet”.

Frente a la atención a la primera infancia, una etapa crucial en el desarrollo físico, mental y emocional de niñas y niños, la red asegura que por tratarse de servicios públicos esenciales del Estado, estos no pueden interrumpirse.

“La prestación remota de estos servicios ha sido completamente deficiente. Se ha perdido el registro de peso y talla, los registros sobre situación nutricional y el seguimiento a la vacunación”, aseguran. Además, insisten en que la prestación remota de estos servicios no se adapta a la realidad de las familias.

“Finalmente, desde el 31 de diciembre de 2020, por problemas y retrasos en la contratación de los Operadores, no se está prestando ningún servicio de atención integral de la primera infancia”, aseguran, y a la fecha de presentación de la acción de tutela, el ICBF no tenía todavía ningún plan para el regreso a la prestación de servicios a la primera infancia ya fuera en modalidad presencial o en alternancia. “Esto, a pesar de que los Planes Piloto Presenciales Excepcionales que la entidad llevó a cabo entre noviembre y diciembre de 2020 fueron exitosos. Asimismo, llama la atención que no se hayan emitido circulares o resoluciones que adopten un plan de retorno a la presencialidad de los servicios de para la primera infancia”, asegura el documento.

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