Se agrava el escándalo de los megacolegios

El 1.º de julio de este año, el alcalde de Manizales, Octavio Cardona, aseguró que la multinacional portuguesa Mota-Engil era el “Odebrecht de la educación en Colombia”.

La denuncia la hizo en los micrófonos de W Radio: “La Alcaldía de Manizales firmó en 2016 un convenio por $20.000 millones con el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación (FFIE), para reparar siete sedes de colegios públicos de la ciudad. Esos contratos se los adjudicaron a Mota-Engil. Tres años después no han comenzado ninguna de las obras”, dijo Cardona. Y añadió: “Estos retrasos están afectando el derecho a la educación de más de 10.000 niños del municipio”.

Un día después, el 2 de julio, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, se unió a las protestas contra la multinacional. “El resultado al día de hoy es desastroso”, dijo, refiriéndose al estado actual de las obras de los 53 megacolegios de su departamento que debían estar construidos para atender a más de 70.000 niños.

“La mitad de los colegios ni siquiera ha empezado su construcción y la gran mayoría está por debajo del 50 % en ejecución y/o paralizados”, dijo Pérez en una rueda de prensa.

El gobernador antioqueño aseguró, además, que en varios municipios Mota-Engil había subcontratado las obras con empresas más pequeñas y por menos precio. De acuerdo con la Secretaría de Educación del departamento, los incumplimientos han puesto en riesgo más de $310.000 millones de recursos públicos destinados al mejoramiento de la infraestructura educativa de Antioquia.

Desde ese momento hasta hoy, las quejas de los mandatarios locales y regionales contra la multinacional Mota-Engil no han cesado. La misma semana de las denuncias, el Ministerio de Educación, en cabeza de María Victoria Angulo, hizo público un documento en el que confirmaba el estado crítico de las obras.

De los 541 proyectos de infraestructura educativa adjudicados por el Gobierno pasado en 2016 solo se han entregado 117, dice el informe, y “312 proyectos (59 % del total) se encontraban en un nivel de riesgo alto”. Es decir, tenían “un atraso en su ejecución mayor al 20 % de lo programado o con problemas de ejecución críticos”.

Otro de los hallazgos muestra que 57 proyectos (11 % del total) están en nivel de riesgo medio-alto en cuanto a ejecución. Además, dice el FFIE, “162 proyectos, el 30 % del total, se encontraban en un nivel de riesgo medio, es decir, con un atraso en su ejecución menor al 10 % de lo programado”.

En concreto, el Ministerio reveló que “de las 12.421 aulas que están en proceso de construcción, 5.222 están en la etapa de diseño y 5.918 habían avanzado solo 30 %”.

De acuerdo con la información pública, estos proyectos fueron adjudicados a nueve contratistas, por un valor de $3,2 billones. La multinacional Mota-Engil recibió 248 (6.035 aulas) de los 541 proyectos y hasta ahora ha entregado 17.

Los incumplimientos generalizados de Mota-Engil obligaron a las interventorías del contrato a solicitar la finalización anticipada de 207 proyectos. Sin embargo, pasaron más de dos meses hasta que la multinacional acató la decisión y decidió por fin renunciar a la construcción de los megacolegios que tenía a su cargo.

Una carta del 4 de septiembre, dirigida al Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación, confirmó que Mota-Engil ya no seguirá adelante con la ejecución de los contratos.

“Hemos dirigido una comunicación al Patrimonio Autónomo del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa mediante la cual manifestamos la imposibilidad para el Consorcio Mota-Engil de continuar con la ejecución de los tres contratos marco, así como de los acuerdos de obra que se derivan de los mismos”, aseguró la multinacional en la carta, que esta semana se hizo pública.

De acuerdo con Pedro Teixeira, presidente de Mota-Engil, la decisión se da luego de que terminaran “anticipadamente” los acuerdos de contrato de obra y se debe a “los serios, graves y continuados incumplimientos del PA FFIE”. Además de responsabilizar al Estado, la multinacional reclamó el “pago de los perjuicios y sanciones contractuales”.

La carta acusa al Ministerio por los incumplimientos y niega cualquier responsabilidad de la empresa: “A continuación, relacionamos los incumplimientos que se han venido presentando por parte del FFIE, con lo cual queda claro que, contrario a lo expresado por el Ministerio de Educación a la opinión pública, no ha sido Mota-Engil el responsable de los atrasos en la entrega de las obras contratadas”.

Entre las razones anunciadas por Mota-Engil están la “falta de emisión de las órdenes de inicio de la fase de construcción, los retrasos en los pagos al contratista, el incumplimiento en los plazos definidos para la revisión de las facturas presentadas, la modificación unilateral e intempestiva de la forma de medición del desempeño del contratista, el no otorgamiento de prórrogas o suspensiones, entre otras”.

Sin embargo, la ministra María Victoria Angulo ha dicho en varias ocasiones que no es cierto que el fondo deba pagarle por adelantado a los contratistas, y “por el contrario, el dinero se desembolsa cuando se ejecutan los trabajos”.

Ante estos incumplimientos, y con el propósito de terminar las obras de infraestructura educativa, el Ministerio ha puesto en marcha distintas acciones concretas. La primera fue aprobar la cesión de 65 contratos para lograr la reactivación de las construcciones. “Se cualificó el proceso de cesión de obra, mediante la evaluación rigurosa e integral de la capacidad de las nuevas firmas candidatas a culminar los proyectos”. Esta medida tiene como propósito “promover la participación de nuevas empresas regionales y así desconcentrar la contratación”.

También se iniciaron las acciones jurídicas y contractuales contra Mota-Engil que permitieron avanzar con 217 solicitudes de terminación anticipada por incumplimiento, y finalmente se elaboró una nueva invitación para conformar una nueva lista con el fin de que otras empresas puedan terminar las obras.

El 1.º de julio de este año, el alcalde de Manizales, Octavio Cardona, aseguró que la multinacional portuguesa Mota-Engil era el “Odebrecht de la educación en Colombia”.

La denuncia la hizo en los micrófonos de W Radio: “La Alcaldía de Manizales firmó en 2016 un convenio por $20.000 millones con el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación (FFIE), para reparar siete sedes de colegios públicos de la ciudad. Esos contratos se los adjudicaron a Mota-Engil. Tres años después no han comenzado ninguna de las obras”, dijo Cardona. Y añadió: “Estos retrasos están afectando el derecho a la educación de más de 10.000 niños del municipio”.

Un día después, el 2 de julio, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, se unió a las protestas contra la multinacional. “El resultado al día de hoy es desastroso”, dijo, refiriéndose al estado actual de las obras de los 53 megacolegios de su departamento que debían estar construidos para atender a más de 70.000 niños.

“La mitad de los colegios ni siquiera ha empezado su construcción y la gran mayoría está por debajo del 50 % en ejecución y/o paralizados”, dijo Pérez en una rueda de prensa.

El gobernador antioqueño aseguró, además, que en varios municipios Mota-Engil había subcontratado las obras con empresas más pequeñas y por menos precio. De acuerdo con la Secretaría de Educación del departamento, los incumplimientos han puesto en riesgo más de $310.000 millones de recursos públicos destinados al mejoramiento de la infraestructura educativa de Antioquia.

Desde ese momento hasta hoy, las quejas de los mandatarios locales y regionales contra la multinacional Mota-Engil no han cesado. La misma semana de las denuncias, el Ministerio de Educación, en cabeza de María Victoria Angulo, hizo público un documento en el que confirmaba el estado crítico de las obras.

De los 541 proyectos de infraestructura educativa adjudicados por el Gobierno pasado en 2016 solo se han entregado 117, dice el informe, y “312 proyectos (59 % del total) se encontraban en un nivel de riesgo alto”. Es decir, tenían “un atraso en su ejecución mayor al 20 % de lo programado o con problemas de ejecución críticos”.

Otro de los hallazgos muestra que 57 proyectos (11 % del total) están en nivel de riesgo medio-alto en cuanto a ejecución. Además, dice el FFIE, “162 proyectos, el 30 % del total, se encontraban en un nivel de riesgo medio, es decir, con un atraso en su ejecución menor al 10 % de lo programado”.

En concreto, el Ministerio reveló que “de las 12.421 aulas que están en proceso de construcción, 5.222 están en la etapa de diseño y 5.918 habían avanzado solo 30 %”.

De acuerdo con la información pública, estos proyectos fueron adjudicados a nueve contratistas, por un valor de $3,2 billones. La multinacional Mota-Engil recibió 248 (6.035 aulas) de los 541 proyectos y hasta ahora ha entregado 17.

Los incumplimientos generalizados de Mota-Engil obligaron a las interventorías del contrato a solicitar la finalización anticipada de 207 proyectos. Sin embargo, pasaron más de dos meses hasta que la multinacional acató la decisión y decidió por fin renunciar a la construcción de los megacolegios que tenía a su cargo.

Una carta del 4 de septiembre, dirigida al Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación, confirmó que Mota-Engil ya no seguirá adelante con la ejecución de los contratos.

“Hemos dirigido una comunicación al Patrimonio Autónomo del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa mediante la cual manifestamos la imposibilidad para el Consorcio Mota-Engil de continuar con la ejecución de los tres contratos marco, así como de los acuerdos de obra que se derivan de los mismos”, aseguró la multinacional en la carta, que esta semana se hizo pública.

De acuerdo con Pedro Teixeira, presidente de Mota-Engil, la decisión se da luego de que terminaran “anticipadamente” los acuerdos de contrato de obra y se debe a “los serios, graves y continuados incumplimientos del PA FFIE”. Además de responsabilizar al Estado, la multinacional reclamó el “pago de los perjuicios y sanciones contractuales”.

La carta acusa al Ministerio por los incumplimientos y niega cualquier responsabilidad de la empresa: “A continuación, relacionamos los incumplimientos que se han venido presentando por parte del FFIE, con lo cual queda claro que, contrario a lo expresado por el Ministerio de Educación a la opinión pública, no ha sido Mota-Engil el responsable de los atrasos en la entrega de las obras contratadas”.

Entre las razones anunciadas por Mota-Engil están la “falta de emisión de las órdenes de inicio de la fase de construcción, los retrasos en los pagos al contratista, el incumplimiento en los plazos definidos para la revisión de las facturas presentadas, la modificación unilateral e intempestiva de la forma de medición del desempeño del contratista, el no otorgamiento de prórrogas o suspensiones, entre otras”.

Sin embargo, la ministra María Victoria Angulo ha dicho en varias ocasiones que no es cierto que el fondo deba pagarle por adelantado a los contratistas, y “por el contrario, el dinero se desembolsa cuando se ejecutan los trabajos”.

Ante estos incumplimientos, y con el propósito de terminar las obras de infraestructura educativa, el Ministerio ha puesto en marcha distintas acciones concretas. La primera fue aprobar la cesión de 65 contratos para lograr la reactivación de las construcciones. “Se cualificó el proceso de cesión de obra, mediante la evaluación rigurosa e integral de la capacidad de las nuevas firmas candidatas a culminar los proyectos”. Esta medida tiene como propósito “promover la participación de nuevas empresas regionales y así desconcentrar la contratación”.

También se iniciaron las acciones jurídicas y contractuales contra Mota-Engil que permitieron avanzar con 217 solicitudes de terminación anticipada por incumplimiento, y finalmente se elaboró una nueva invitación para conformar una nueva lista con el fin de que otras empresas puedan terminar las obras.