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Víctor Manuel Gómez es Doctor en Educación de la Universidad de Massachussetts, profesor de la Universidad Nacional de Colombia. / Andrés Torres
“Una de las funciones centrales de la educación superior es la contribución decisiva al desarrollo de las fuerzas productivas mediante la mayor calificación de la fuerza laboral. Esto aumenta la eficiencia y productividad per cápita, así como la formación de la capacidad de investigación e innovación en ciencia y tecnología, base de la mayor productividad y competitividad en un contexto económico de mercados abiertos y alta competencia entre empresas y naciones”, anota Víctor Manuel Gómez al inicio de su libro ‘La pirámide de la desigualdad en la educación superior en Colombia’, en el que llama la atención sobre la necesidad de implementar centros de educación técnica pos secundaria de alta calidad.
¿La estructura actual del sistema de educación superior colombiano promueve la meritocracia y la igualdad de oportunidades?
La meritocracia solo es posible cuando la competencia se da entre iguales, de tal manera que el resultado es producto del mérito individual en la competencia y no de desigualdades previas de origen socioeconómico y cultural. En el país no existe una situación de igualdad social de oportunidades. Desde la secundaria, el acceso a la educación superior de calidad está determinado por la capacidad de pago, en el caso de las universidades privadas, y por la competencia por los escasos cupos en las universidades públicas. Competencia que, a su vez, está determinada tanto por la alta calidad de algunos colegios como por la ‘preparación’ para el examen de admisión a estas universidades. Preparación que es costosa y que solo puede ser comprada por estudiantes de mayores ingresos relativos.
¿Cuál cree que es el mayor problema que aqueja a la educación superior en el país?
El mayor problema ha sido la incapacidad de la élite dirigente del país para definir e implementar un sistema de educación superior moderno, competitivo a nivel internacional, socialmente incluyente, y con clara diferenciación conceptual y funcional entre los diversos tipos de instituciones y programas que conforman el ‘sistema’. Ya han pasado 24 años desde la implementación de la Ley 30 (1992) y en este largo período ha sido evidente la ausencia de una política de educación superior que asegure el acceso masivo y equitativo de los jóvenes a educación superior de calidad.
¿Qué ha sucedido con la educación superior pública?
Ha sido continuamente desfinanciada en relación a los costos crecientes de calidad, infraestructura, investigación y aumento de cobertura. Se financia la demanda; vía crédito educativo y programas marginales como Ser Pilo Paga; en lugar de financiar la expansión de la oferta. Como resultado, Colombia carece de un sistema público de educación técnica pos secundaria, como los ‘community colleges’ de Estados Unidos y varios países. Las ofertas privadas carecen de reconocimiento social y están en proceso de desaparición por la continua disminución de la demanda.
Y en cifras, ¿qué representa?
De 32 a 58 instituciones entre 1992 y 2015, es decir que actualmente los programas técnicos representan únicamente el 3.8% de la oferta de programas.
¿Qué genera esta carencia?
Dos problemas importantes: el primero, se refiere a que la mayoría de los 625.000 jóvenes que actualmente egresan del nivel medio no tengan oportunidades de formación técnica de calidad, condenados a la marginación social y laboral, y sus implicaciones de violencia y delincuencia. El segundo, es el reforzamiento del imaginario social de que la universidad académica tradicional es la única opción socialmente deseable de educación superior y que los otros tipos de instituciones y programas son para pobres o menos dotados.
¿Esto en qué repercute?
Este imaginario sustenta la conformación del sistema de educación superior como una pirámide altamente estrecha y estratificada, cuya cúspide la conforma la universidad académica, seguida de las instituciones universitarias, y las técnicas y tecnológicas, estas últimas con serios problemas de reconocimiento social y estatus educativo .
¿Qué ha sucedido con la calidad de la educación técnica y tecnológica durante los últimos años?
La formación tecnológica tiene un problema de origen genético al nacer asociada a la formación técnica, como si ésta fuera el primer nivel de formación y la tecnológica el segundo. Estas formaciones siempre han sido denominadas como educación técnica y tecnológica, cuando esa ‘Y’ conjuntiva nunca debería haber existido pues se trata de dos tipos de formación muy diferentes entre sí.
Hablemos de las condiciones de las existentes…
Las pocas instituciones públicas de educación técnica han sido sometidas a la histórica desfinanciación de la educación superior pública y carecen de las condiciones de dotación, infraestructura y cuerpo docente de alta calidad. Las privadas se financian con matrículas bajas de estudiantes de bajos recursos, por lo que es imposible ofrecer educación de calidad. Todo lo anterior ha generado y reforzado una imagen social negativa, y su expresión en la disminución de la matrícula en este tipo de formación, tendiente a su desaparición a mediano plazo.
¿Qué sucede con la formación tecnológica a nivel internacional?
En el contexto internacional la formación tecnológica no es una formación para niveles ocupacionales intermedios, como en este país, sino un ‘campo’ del saber basado en investigación y experimentación en diversos campos de las tecnologías modernas -Universidades Tecnológicas, Institutos de Investigación Tecnológica-, generado también por la investigación tecnológica en Facultades de Ciencias e Ingenierías. Algunas de estas nuevas instituciones tendrían alto estatus académico y social, y serían consideradas por muchos estudiantes como alternativas legítimas y deseables a la universidad tradicional.
¿Qué tan cierto es que quien estudia una carrera técnica o tecnológica tiene asegurado su futuro?
Algunos aseguran un futuro de bajas remuneraciones y empleos precarios e inestables. Remuneraciones que aumentarán muy poco en términos reales a lo largo del tiempo. Conviene recordar que la vida laboral dura hoy 40 o 50 años, y que en ese largo período; sujeto a profundos cambios en el trabajo, la tecnología y el conocimiento; la promoción ocupacional depende del nivel educativo y la creatividad de las personas.
En ese contexto, el cambio tecnológico y rápido avance de la ciencia mundial, parece ir en contra de quienes elijan ese tipo de formación…
Muchas ocupaciones y oficios de bajo nivel de calificación desaparecen de la estructura ocupacional, generando desempleo y subempleo para quienes no tengan las competencias intelectuales necesarias para la recalificación y reconversión ocupacional. Y hay que recordar aquí que los egresados de programas técnicos y tecnológicos tienen los más bajos puntajes en Saber Pro, la prueba de competencias intelectuales generales básicas.
Hablemos de El SENA, uno de los principales centros de formación en el país…
El SENA ha sufrido dos enfermedades terminales; la primera, las largas décadas de monopolio de los recursos de fondos parafiscales (2% de la nómina de empresas); la segunda, la falta de competencia en la oferta de formación profesional. El resultado: el gigantismo institucional, la burocratización y la autocomplacencia.
¿No se ha intentado reformar?
Ya desde 1999 la ‘Misión de Educación Técnica, Tecnológica y de Formación Profesional’ había propuesto la creación del ‘Fondo Nacional de Formación para el Trabajo’ con funciones de programación y financiación de múltiples y diversos programas de formación, en todo el país, en un esquema competitivo en el que participaran instituciones públicas y privadas, colegios con media técnica, instituciones técnicas, centros de formación del SENA, y aun universidades. La competencia por la oferta y financiación de programas hubiese generado un contexto de emulación, e innovación curricular y pedagógica, mucho más creativo y pertinente que el contexto de monopolio y financiación inercial que caracteriza la acción del SENA.
En este escenario de posconflicto, en el cual los expertos prevén que el desarrollo rural despegará y existirá una mayor demanda de mano cualificada en las regiones, ¿qué procesos o acciones se deberían iniciar para hacer un revolcón en este ámbito?
Se requiere la creación de nuevas universidades tradicionales, de nuevas universidades tecnológicas y de instituciones de formación técnica pos secundaria en todas las regiones del país. Pero esto requiere superar la desfinanciación inercial de la educación superior pública, generada por la Ley 30, mediante la inmediata elevación del porcentaje del PIB al 1.5%, lo que implica aproximadamente tres veces más presupuesto para la educación superior pública, porcentaje similar al de Argentina, Brasil y México, los países pares de Colombia en la región. Colombia padece un alto nivel de concentración de las oportunidades de educación superior en las tres principales áreas urbanas (Bogotá, Medellín y Cali), y de escasez de oportunidades de educación pública en el resto del país.
¿Qué hacer para acabar con la pirámide de desigualdad en la educación superior en Colombia?
La mejor manera de lograr la valoración social de la educación técnica es con instituciones sólidas y de alta calidad reconocida. En esta tarea es indispensable la financiación pública pues es muy difícil la alta calidad en instituciones privadas financiadas con matrículas de bajo valor. De la misma manera, la educación tecnológica puede constituirse en una verdadera alternativa a las universidades académicas tradicionales si contáramos en este país con instituciones de investigación y experimentación en campos de la tecnología moderna, similares a los modelos exitosos de los MITs, CalTechs, Universidades Tecnológicas e Institutos de Tecnología, que continuamente aumentan su participación en los más altos niveles de los rankings internacionales de educación superior.
Por Redacción Ipad
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