Se enciende pelea entre el Mineducación y la UNAD

Para Jaime Alberto Leal Afanador, rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), y para todo el consejo superior de esa institución, las fuertes declaraciones hechas ayer por la ministra de Educación, Gina Parody, sobre irregularidades que se estarían presentando en la UNAD, hacen parte de una campaña de desprestigio que comenzó el año pasado y le viene causando un daño “irremediable” a la reputación de la institución.

“Se ha pretendido desarrollar una estrategia de descrédito a la gestión institucional y a la integridad de nuestros directivos”, dice un comunicado firmado por todos los miembros del consejo superior, el cual no da mayores explicaciones sobre las puntuales acusaciones de la ministra.

En horas de la mañana de ayer Parody aseguró que, a partir de visitas realizadas por funcionarios del Ministerio a las sedes de la UNAD, casa de por lo menos 70.000 estudiantes, se había podido establecer que existían serias irregularidades en los procesos administrativos de la institución. Los hallazgos están relacionados con hechos y omisiones de carácter institucional, administrativo, financiero y de contratación que estarían afectando las condiciones de calidad de la prestación del servicio educativo.

Quizá el hallazgo más grave que anunció el Ministerio es que la sede de la UNAD en Florida (EE.UU.) no está desarrollando actividades académicas y administrativas ni cumple funciones de docencia, investigación y extensión en su condición de prestadora del servicio educativo. Además, según explicó la ministra, “al regirse por la normatividad del estado de la Florida, y no por la colombiana, ninguno de los programas ofertados allí cuenta con registro calificado del Ministerio de Educación Nacional”.

Esta información contrasta con los datos publicados en la página web de la institución (http://www.unad.us/), donde se especifica que las matrículas están abiertas justo hasta hoy, 7 de agosto de 2015, y aparece información sobre tres programas de doctorado, cuatro maestrías y cinco pregrados, en ingeniería de sistemas, comunicación, administración comercial, administración industrial y psicología social.

“La UNAD Florida tiene sus propios órganos directivos, su propia contabilidad, y se rige como un ente privado que no está regulado por la autoridad colombiana. Pese a esto, la UNAD Colombia aparentemente le envía recursos públicos, de todos los colombianos, provenientes de convenios suscritos con entidades territoriales. Hay evidencia de que se han realizado traslados de dineros públicos de la UNAD Colombia a la UNAD Florida sin ningún tipo de justificación ni soporte legal”, dijo la ministra.

El Espectador intentó comunicarse en tres oportunidades con el rector de la UNAD para conocer su versión sobre estas acusaciones, pero su oficina de prensa aseguró que la única postura oficial sobre el tema es la contenida en el comunicado del consejo superior, donde no se habla del caso específico de la UNAD Florida.

“A nuestro juicio ninguno de los presuntos hallazgos mencionados afectan la gestión académica, administrativa ni financiera de la universidad (...) hoy la universidad goza de plena normalidad en el ejercicio de todas sus responsabilidades sustantivas y expresa a la opinión pública, y en especial a su comunidad educativa, un parte de tranquilidad”, dice el comunicado.

Pero los hallazgos del Ministerio no paran ahí. En lo que se refiere a la UNAD Colombia, el Ministerio estableció que para la contratación de la plataforma tecnológica con la firma Robogroup, que asciende a $1.400 millones, los funcionarios de la universidad no agotaron el procedimiento establecido en el manual de contratación y algunos contratos suscritos (el de Robogroup entre ellos) no tienen las pólizas de cumplimiento necesarias.

Además encontró que la designación del representante de los egresados ante el consejo superior universitario se habría dado de manera irregular, toda vez que en la actualidad tiene una vinculación laboral con la universidad, en contra de lo establecido en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

“Estamos en una cruzada para que los mercaderes de la educación no estén acá. Si alguien quiere hacer plata, si alguien quiere hacer negocio, tiene que irse a otro sector que no sea la educación”, fueron las palabras que utilizó la ministra Parody como preámbulo al anuncio de que le impuso a la UNAD una medida preventiva con la que se le recomienda que en los próximos meses presente y ejecute un plan de mejoramiento y la fijación de unas condiciones para solucionar las situaciones irregulares encontradas.

Para Jaime Alberto Leal Afanador, rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), y para todo el consejo superior de esa institución, las fuertes declaraciones hechas ayer por la ministra de Educación, Gina Parody, sobre irregularidades que se estarían presentando en la UNAD, hacen parte de una campaña de desprestigio que comenzó el año pasado y le viene causando un daño “irremediable” a la reputación de la institución.

“Se ha pretendido desarrollar una estrategia de descrédito a la gestión institucional y a la integridad de nuestros directivos”, dice un comunicado firmado por todos los miembros del consejo superior, el cual no da mayores explicaciones sobre las puntuales acusaciones de la ministra.

En horas de la mañana de ayer Parody aseguró que, a partir de visitas realizadas por funcionarios del Ministerio a las sedes de la UNAD, casa de por lo menos 70.000 estudiantes, se había podido establecer que existían serias irregularidades en los procesos administrativos de la institución. Los hallazgos están relacionados con hechos y omisiones de carácter institucional, administrativo, financiero y de contratación que estarían afectando las condiciones de calidad de la prestación del servicio educativo.

Quizá el hallazgo más grave que anunció el Ministerio es que la sede de la UNAD en Florida (EE.UU.) no está desarrollando actividades académicas y administrativas ni cumple funciones de docencia, investigación y extensión en su condición de prestadora del servicio educativo. Además, según explicó la ministra, “al regirse por la normatividad del estado de la Florida, y no por la colombiana, ninguno de los programas ofertados allí cuenta con registro calificado del Ministerio de Educación Nacional”.

Esta información contrasta con los datos publicados en la página web de la institución (http://www.unad.us/), donde se especifica que las matrículas están abiertas justo hasta hoy, 7 de agosto de 2015, y aparece información sobre tres programas de doctorado, cuatro maestrías y cinco pregrados, en ingeniería de sistemas, comunicación, administración comercial, administración industrial y psicología social.

“La UNAD Florida tiene sus propios órganos directivos, su propia contabilidad, y se rige como un ente privado que no está regulado por la autoridad colombiana. Pese a esto, la UNAD Colombia aparentemente le envía recursos públicos, de todos los colombianos, provenientes de convenios suscritos con entidades territoriales. Hay evidencia de que se han realizado traslados de dineros públicos de la UNAD Colombia a la UNAD Florida sin ningún tipo de justificación ni soporte legal”, dijo la ministra.

El Espectador intentó comunicarse en tres oportunidades con el rector de la UNAD para conocer su versión sobre estas acusaciones, pero su oficina de prensa aseguró que la única postura oficial sobre el tema es la contenida en el comunicado del consejo superior, donde no se habla del caso específico de la UNAD Florida.

“A nuestro juicio ninguno de los presuntos hallazgos mencionados afectan la gestión académica, administrativa ni financiera de la universidad (...) hoy la universidad goza de plena normalidad en el ejercicio de todas sus responsabilidades sustantivas y expresa a la opinión pública, y en especial a su comunidad educativa, un parte de tranquilidad”, dice el comunicado.

Pero los hallazgos del Ministerio no paran ahí. En lo que se refiere a la UNAD Colombia, el Ministerio estableció que para la contratación de la plataforma tecnológica con la firma Robogroup, que asciende a $1.400 millones, los funcionarios de la universidad no agotaron el procedimiento establecido en el manual de contratación y algunos contratos suscritos (el de Robogroup entre ellos) no tienen las pólizas de cumplimiento necesarias.

Además encontró que la designación del representante de los egresados ante el consejo superior universitario se habría dado de manera irregular, toda vez que en la actualidad tiene una vinculación laboral con la universidad, en contra de lo establecido en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

“Estamos en una cruzada para que los mercaderes de la educación no estén acá. Si alguien quiere hacer plata, si alguien quiere hacer negocio, tiene que irse a otro sector que no sea la educación”, fueron las palabras que utilizó la ministra Parody como preámbulo al anuncio de que le impuso a la UNAD una medida preventiva con la que se le recomienda que en los próximos meses presente y ejecute un plan de mejoramiento y la fijación de unas condiciones para solucionar las situaciones irregulares encontradas.