¿Se olvidaron de los estudiantes en la pelea de los manuales?

La revisión de los manuales de convivencia en los colegios de Colombia se convirtió en una polémica política y religiosa, que olvidó por completo la razón fundamental por la que, el año pasado, la Corte Constitucional le ordenó al Ministerio de Educación iniciar este proceso. El objetivo primordial fue que se examinaran esos manuales para corregir aquellos artículos en los que se violaban los derechos fundamentales de los estudiantes. No solamente pidió que se eliminaran fragmentos que se pudieran entender como discriminatorios en contra de la población LGBTI, sino también aquello que violara el derecho al libre desarrollo de la personalidad, o de cualquier otro derecho fundamental.

En el debate político que han protagonizado la ministra de Educación, Gina Parody, y el procurador general, Alejandro Ordóñez, desde el fin de semana pasado, que además terminó involucrada una imagen pornográfica y una posible denuncia penal, la tarea de revisión de esos manuales de convivencia quedó reducida a que se trata de una estrategia por parte del Ministerio que, en palabras de Ordóñez, busca “adoctrinar a nuestros hijos y nuestros nietos en la ideología de género”. El rifirrafe comenzó el domingo pasado cuando, por redes sociales, empezó a circular una imagen pornográfica que supuestamente era parte de una campaña de orientación sexual del Ministerio de Educación.

Gina Parody defendió a su entidad y explicó que nada tenían que ver con la divulgación de esa imagen, aclaró que se trataba de un cómic de pornografía belga y acusó a algunos funcionarios de la Procuraduría de contribuir en la promoción de esas falsas cartillas. Ordóñez hizo lo mismo. Le dijo a la ministra, sin reproches, que era una mentirosa. En ese momento los rumores de una posible denuncia penal en contra de Parody por injuria y calumnia calentaron todavía más el enfrentamiento. Ayer, el procurador delegado para la descentralización y las entidades territoriales, Carlos Augusto Mesa, le pidió que se retractara públicamente de haber señalado al Ministerio Público como el promotor de la cartilla sobre educación sexual y con contenido pornográfico.

Hasta aquí los rumores de la supuesta cartilla estaban aclarados. Pero otro cuadernillo educativo se unió ayer a la polémica. Se trata de una cartilla publicada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), bajo el nombre “Ambientes escolares libres de discriminación”, que busca promover reflexiones “sobre las orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas en la escuela”. Concejales como Marco Fidel Suárez y la diputada de Santander Ángela Hernández lo han consideraro una herramienta para la “colonización homosexual de las aulas”.

Esta es la portada de la cartilla publicada por la Unfpa.

Ante las críticas, la ministra Parody insistió en que, a pesar de llevar el logo del Ministerio, el documento no fue autorizado por su cartera y sólo es una especie de borrador del trabajo que se quiere lograr a nivel nacional, junto a Unicef y Unfpa, en colaboración con la Mesa LGBTI de Bogotá, Colombia Diversa y otras ONG. Sin embargo, cientos de padres de familia y profesores del país convocaron a marchar este miércoles en contra de la posición del Ministerio. Esta iniciativa tiene además el respaldo de la Iglesia católica que, en cabeza del cardenal Rubén Salazar, felicitó a los papás que saldrán hoy a protestar y reiteró que la Iglesia está “en contra de la ideología de género”.

En cambio, para Francisco Cajiao, experto en educación y rector de la Fundación Universitaria Cafam, estas marchas “muestran un sentimiento en contra de la diversidad y son el reflejo de la estupidez”. Como explicó con una metáfora, decir que estas directrices promueven la homosexualidad, como lo han asegurado algunos sectores conservadores, es tan ridículo como decir que si en un manual de convivencia se incluye que los niños de baja estatura deben tener un pupitre especial, se está promoviendo la baja estatura. “Significa más bien que se reconoce la baja estatura”, concluyó Cajiao.

Para este experto, los colegios deben respetar y cumplir con lo que ordenan instancias como la Corte Constitucional porque, finalmente, son ellos los que protegen los derechos fundamentales. Esta idea la respalda el exsecretario de Educación de Bogotá Óscar Sánchez, quien dijo además que respetar los derechos de una comunidad como la LGBTI “es un tema básico de la civilización contemporánea que defiende únicamente los derechos humanos. Lo que el Ministerio les está planteando a los profesores es que hay que entender la diversidad como una condición que no resta valores y que además hay que enseñar a respetar”.

“Los padres de familia y profesores que están alegando por el contenido de las cartillas olvidaron que lo que realmente ordenó la Corte en el fallo de Sergio Urrego es que se protejan los derechos fundamentales sin importar la orientación sexual de los estudiantes, su identidad de género, su color de piel y su libertad religiosa”, le explicó a este diario Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa. Para organizaciones como la que dirige Sánchez, es claro que este debate se ha debido generar desde hace muchos años, pues no es la primera vez que la Corte protege los derechos de los estudiantes por encima de las condiciones de conducta que imponen los colegios.

A revisar manuales

Desde hace más de 10 años la Corte Constitucional se ha convertido en un guardián de los derechos de los estudiantes que, por ejemplo, eran retirados de instituciones educativas por el simple hecho de tener un piercing o llevar el cabello más largo que lo establecido en sus manuales de convivencia. Ha dicho además que un colegio tampoco puede excluir a un estudiante por su orientación sexual y que tampoco puede discriminarlos por ello. Sergio Urrego es el claro ejemplo de cómo una institución violó sistemáticamente sus derechos y que terminó siendo un caso de discriminación que tuvo el peor de los desenlaces: el suicidio.

Es precisamente esta la razón por la que la Corte le ordenó al Ministerio, en septiembre del año pasado, que se eliminaran todas las palabras ambiguas o artículos que violaran los derechos fundamentales, tanto de la población LGBTI, como de cualquier otro estudiante. Para esta tarea, el Ministerio construyó 30 preguntas orientadoras que socializan en talleres para que los rectores, junto a las secretarías de Educación, pudieran revisar autónomamente sus manuales y cumplir con lo que este alto tribunal ha insistido desde hace muchos años. A la fecha, dice el Ministerio, se han realizado 125 talleres en 73 de las 95 secretarías de Educación del país.

De los hallazgos más relevantes, en los 3.880 manuales que se han revisado hasta ahora, es que, por ejemplo, hay colegios que consideran que llevar el pelo largo o tener un piercing es igual de grave a discriminar a un compañero, ya sea por su color de piel o su orientación sexual. “Los manuales de convivencia revisados aún mantienen normas y sanciones en relación con aspectos estéticos de los estudiantes que vulneran el derecho al libre desarrollo de la personalidad. El efecto de esta vulneración es la expulsión, por lo tanto, se vulnera el derecho a la educación”, explica el Ministerio.

“Otra cosa que olvidaron los padres de familia es que la revisión se hace también para crear entornos sin violencia y sin discriminación. Ellos no se están preocupando por esto. Se les olvidó que sus hijos tienen el derecho de vivir sin violencia y tienen que aprender a respetar las diferencias”, le explicó Marcela Sánchez a este diario. Pero además, agregó Sánchez, recordando lo dicho por la Corte Constitucional a raíz de la sentencia que amparó los derechos de Sergio Urrego y su mamá, las medidas ordenadas al Ministerio de Educación buscan también un objetivo que debería primar por encima de todos: evitar que se repita el desenlace que tuvo la historia de Sergio Urrego.

La revisión de los manuales de convivencia en los colegios de Colombia se convirtió en una polémica política y religiosa, que olvidó por completo la razón fundamental por la que, el año pasado, la Corte Constitucional le ordenó al Ministerio de Educación iniciar este proceso. El objetivo primordial fue que se examinaran esos manuales para corregir aquellos artículos en los que se violaban los derechos fundamentales de los estudiantes. No solamente pidió que se eliminaran fragmentos que se pudieran entender como discriminatorios en contra de la población LGBTI, sino también aquello que violara el derecho al libre desarrollo de la personalidad, o de cualquier otro derecho fundamental.

En el debate político que han protagonizado la ministra de Educación, Gina Parody, y el procurador general, Alejandro Ordóñez, desde el fin de semana pasado, que además terminó involucrada una imagen pornográfica y una posible denuncia penal, la tarea de revisión de esos manuales de convivencia quedó reducida a que se trata de una estrategia por parte del Ministerio que, en palabras de Ordóñez, busca “adoctrinar a nuestros hijos y nuestros nietos en la ideología de género”. El rifirrafe comenzó el domingo pasado cuando, por redes sociales, empezó a circular una imagen pornográfica que supuestamente era parte de una campaña de orientación sexual del Ministerio de Educación.

Gina Parody defendió a su entidad y explicó que nada tenían que ver con la divulgación de esa imagen, aclaró que se trataba de un cómic de pornografía belga y acusó a algunos funcionarios de la Procuraduría de contribuir en la promoción de esas falsas cartillas. Ordóñez hizo lo mismo. Le dijo a la ministra, sin reproches, que era una mentirosa. En ese momento los rumores de una posible denuncia penal en contra de Parody por injuria y calumnia calentaron todavía más el enfrentamiento. Ayer, el procurador delegado para la descentralización y las entidades territoriales, Carlos Augusto Mesa, le pidió que se retractara públicamente de haber señalado al Ministerio Público como el promotor de la cartilla sobre educación sexual y con contenido pornográfico.

Hasta aquí los rumores de la supuesta cartilla estaban aclarados. Pero otro cuadernillo educativo se unió ayer a la polémica. Se trata de una cartilla publicada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), bajo el nombre “Ambientes escolares libres de discriminación”, que busca promover reflexiones “sobre las orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas en la escuela”. Concejales como Marco Fidel Suárez y la diputada de Santander Ángela Hernández lo han consideraro una herramienta para la “colonización homosexual de las aulas”.

Esta es la portada de la cartilla publicada por la Unfpa.

Ante las críticas, la ministra Parody insistió en que, a pesar de llevar el logo del Ministerio, el documento no fue autorizado por su cartera y sólo es una especie de borrador del trabajo que se quiere lograr a nivel nacional, junto a Unicef y Unfpa, en colaboración con la Mesa LGBTI de Bogotá, Colombia Diversa y otras ONG. Sin embargo, cientos de padres de familia y profesores del país convocaron a marchar este miércoles en contra de la posición del Ministerio. Esta iniciativa tiene además el respaldo de la Iglesia católica que, en cabeza del cardenal Rubén Salazar, felicitó a los papás que saldrán hoy a protestar y reiteró que la Iglesia está “en contra de la ideología de género”.

En cambio, para Francisco Cajiao, experto en educación y rector de la Fundación Universitaria Cafam, estas marchas “muestran un sentimiento en contra de la diversidad y son el reflejo de la estupidez”. Como explicó con una metáfora, decir que estas directrices promueven la homosexualidad, como lo han asegurado algunos sectores conservadores, es tan ridículo como decir que si en un manual de convivencia se incluye que los niños de baja estatura deben tener un pupitre especial, se está promoviendo la baja estatura. “Significa más bien que se reconoce la baja estatura”, concluyó Cajiao.

Para este experto, los colegios deben respetar y cumplir con lo que ordenan instancias como la Corte Constitucional porque, finalmente, son ellos los que protegen los derechos fundamentales. Esta idea la respalda el exsecretario de Educación de Bogotá Óscar Sánchez, quien dijo además que respetar los derechos de una comunidad como la LGBTI “es un tema básico de la civilización contemporánea que defiende únicamente los derechos humanos. Lo que el Ministerio les está planteando a los profesores es que hay que entender la diversidad como una condición que no resta valores y que además hay que enseñar a respetar”.

“Los padres de familia y profesores que están alegando por el contenido de las cartillas olvidaron que lo que realmente ordenó la Corte en el fallo de Sergio Urrego es que se protejan los derechos fundamentales sin importar la orientación sexual de los estudiantes, su identidad de género, su color de piel y su libertad religiosa”, le explicó a este diario Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa. Para organizaciones como la que dirige Sánchez, es claro que este debate se ha debido generar desde hace muchos años, pues no es la primera vez que la Corte protege los derechos de los estudiantes por encima de las condiciones de conducta que imponen los colegios.

A revisar manuales

Desde hace más de 10 años la Corte Constitucional se ha convertido en un guardián de los derechos de los estudiantes que, por ejemplo, eran retirados de instituciones educativas por el simple hecho de tener un piercing o llevar el cabello más largo que lo establecido en sus manuales de convivencia. Ha dicho además que un colegio tampoco puede excluir a un estudiante por su orientación sexual y que tampoco puede discriminarlos por ello. Sergio Urrego es el claro ejemplo de cómo una institución violó sistemáticamente sus derechos y que terminó siendo un caso de discriminación que tuvo el peor de los desenlaces: el suicidio.

Es precisamente esta la razón por la que la Corte le ordenó al Ministerio, en septiembre del año pasado, que se eliminaran todas las palabras ambiguas o artículos que violaran los derechos fundamentales, tanto de la población LGBTI, como de cualquier otro estudiante. Para esta tarea, el Ministerio construyó 30 preguntas orientadoras que socializan en talleres para que los rectores, junto a las secretarías de Educación, pudieran revisar autónomamente sus manuales y cumplir con lo que este alto tribunal ha insistido desde hace muchos años. A la fecha, dice el Ministerio, se han realizado 125 talleres en 73 de las 95 secretarías de Educación del país.

De los hallazgos más relevantes, en los 3.880 manuales que se han revisado hasta ahora, es que, por ejemplo, hay colegios que consideran que llevar el pelo largo o tener un piercing es igual de grave a discriminar a un compañero, ya sea por su color de piel o su orientación sexual. “Los manuales de convivencia revisados aún mantienen normas y sanciones en relación con aspectos estéticos de los estudiantes que vulneran el derecho al libre desarrollo de la personalidad. El efecto de esta vulneración es la expulsión, por lo tanto, se vulnera el derecho a la educación”, explica el Ministerio.

“Otra cosa que olvidaron los padres de familia es que la revisión se hace también para crear entornos sin violencia y sin discriminación. Ellos no se están preocupando por esto. Se les olvidó que sus hijos tienen el derecho de vivir sin violencia y tienen que aprender a respetar las diferencias”, le explicó Marcela Sánchez a este diario. Pero además, agregó Sánchez, recordando lo dicho por la Corte Constitucional a raíz de la sentencia que amparó los derechos de Sergio Urrego y su mamá, las medidas ordenadas al Ministerio de Educación buscan también un objetivo que debería primar por encima de todos: evitar que se repita el desenlace que tuvo la historia de Sergio Urrego.