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Este miércoles se aprobó en segundo debate la reforma a la ley 30 que busca modificar la fórmula y la metodología para el cálculo del presupuesto de las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas en Colombia.
Con esta decisión, la discusión ahora pasará a la Cámara de Representantes, donde deberá cursar otros dos debates más para volverse ley en el país.
La propuesta de la reforma a la Ley 30 fue aprobada en gran parte como lo plantearon sus proponentes, aunque se realizaron algunas modificaciones. El senador Pedro Flórez (Pacto Histórico) anunció los cambios pactados entre las diferentes bancadas de cara su discusión en la plenaria del Senado, a través de discusiones en una subcomisión accidental.
“Esta subcomisión recibió 15 proposiciones sobre los artículos y, a través de un diálogo respetuoso, a partir de los cuales lograron varios acuerdos. Se incorporaron proposiciones de los partidos Mira, La U, Conservador, En Marcha, Centro Democrático y Alianza Verde. Además, en el desarrollo de la subcomisión el Ministerio de Hacienda hizo referencia a un nuevo concepto positivo de aval fiscal sobre el proyecto de ley. Es decir, que en el mediano plazo existe el espacio fiscal suficiente para financiar lo que se propone”, expuso el senador Flórez.
Uno de los puntos centrales del debate era la “base presupuestal”, que es el monto mínimo garantizado que el Estado destinará cada año a las universidades públicas. A pesar de que la mayoría de los congresistas concuerdan que es necesario aumentar el presupuesto de las IES públicas, la división ha sido en torno al cómo, y sobre los indicadores que se fijarían para controlar el flujo de recursos.
“Aquí no se están negando que esos recursos adicionales se vayan a las bases presupuestales de las universidades, sino que estos se apliquen con indicadores como la ampliación de la cobertura, el bienestar universitario, la investigación, la internacionalización, entre otros para asegurar el mejoramiento de la educación superior en el país”, sostuvo el senador Guido Echeverri (En Marcha).
Con estos cambios, los artículos del proyecto de ley fueron aprobados por la plenaria del Senado en el transcurso de la mañana de miércoles.
El ministro de Educación, Daniel Rojas, celebró la aprobación en el Senado e indicó que “el déficit de la financiación de la universidad pública empieza a cerrarse gracias a la voluntad de la universidad pública, es una victoria del movimiento estudiantil y la juventud colombiana”.
Por su parte, la senadora Paloma Valencia afirmó que la situación fiscal del país no permite comprometer los recursos que el Gobierno propone para la educación superior, y que es necesario “establecer reglas que nos permitan ajustarnos a la realidad fiscal del país”.
El Gobierno celebró la decisión del Senado. “Con esta reforma empezamos a cerrar la brecha histórica de la educación superior pública: destinaremos progresivamente recursos hasta llegar al 1% del PIB y por fin incluimos a las instituciones técnicas y tecnológicas que habían sido olvidadas”, indicó el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín.
¿Qué propone la reforma a la Ley 30?
La reforma propone modificar específicamente los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 con el fin de establecer un nuevo modelo de financiamiento para las instituciones de educación superior públicas.
Frente al artículo 86, se plantea un nuevo Índice de Ajuste. El presupuesto base de las universidades se actualizará, según la propuesta, anualmente utilizando el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), calculado por el DANE. Este índice refleja de manera precisa la variación de los costos que enfrentan las IES públicas —incluyendo matrículas, salarios, funcionamiento e inversión—, corrigiendo el desfase que actualmente existe con el IPC.
Según el Sistema Universitario Estatal (SUE), los costos operativos de las universidades públicas crecen, en promedio, un 9% cada año, mientras que el presupuesto base solo se ajusta por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que históricamente ha sido de, aproximadamente, el 4%. Esto genera un déficit anual estructural de 5 puntos porcentuales.
En el caso del artículo 87, la reforma busca que los aportes adicionales de la Nación se incrementen en un porcentaje no inferior al 70 % del crecimiento real del PIB, frente al 30% vigente.
“No estamos pidiendo un favor, estamos corrigiendo un error de voluntad política. Las universidades necesitan que su presupuesto crezca al ritmo de sus costos reales (9%), no al ritmo de la inflación general (4%). Esa diferencia del 5% anual es el déficit que hoy pagamos con la calidad educativa”, señala la representante a la Cámara, insistiendo en que “esta reforma es técnica. Cambiamos el IPC por el ICES por una razón: el ICES es el termómetro que mide la fiebre de los costos universitarios, el IPC es un termómetro para la economía de un hogar. Son cosas distintas que no se pueden usar para los mismos fines”, expresó la representante Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso).
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