"Sin recursos suficientes, universidades no pueden hablar de autonomía"

Hace más de un mes se ratificó la destitución del profesor de sociología de la Universidad Nacional, Miguel Ángel Beltrán. La Procuraduría fue el órgano estatal que señaló que las investigaciones, conferencias y la conformación de espacios académicos por parte del docente respondían a intereses de grupos armados; razón por la que Beltrán debía retirarse de las aulas de clase.

Desde entonces estudiantes, académicos y la sociedad civil se han pronunciado al respecto; ante todo alegando y pidiendo respeto por la autonomía universitaria y la libertad de cátedra: un derecho que la Constitución del 91 le otorgó a las instituciones de educación superior en el país.

El artículo 69 de la Carta Constitucional, declara que se garantiza autonomía universitaria y que estas instituciones podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. Pero para Víctor Manuel Moncayo, exrector de la Universidad Nacional, la fortaleza del concepto de autonomía fue efímera. “Paulatinamente, sin necesidad de reformas o leyes, las prácticas políticas estatales la han limitado de múltiples formas como con el poco presupuesto que obtienen las universidades públicas, la injerencia de los cuerpos de gobierno en las instituciones y aspectos como los exámenes y pruebas estatales que apuntan a que las mismas universidades no puedan manejar su contenido”, apunta Moncayo.

En el debate por la educación superior realizado hoy por la Universidad Nacional, académicos de la institución se reunieron para discutir sobre la situación actual de la autonomía universitaria y la libertad de cátedra. El punto de partida para todos estos especialistas fue sin duda la destitución del profesor Beltrán, hecho que aún continúa vigente en la institución y frente al que la misma Universidad se declaró en contra y expresó su apoyo al afectado, en un comunicado emitido pocos días después de que se ratificara la decisión.
Pero más allá de esta discusión los participantes, académicos y estudiantes, concordaron en señalar que la autonomía de las universidad está realmente restringida y que esto es un ejemplo de las contradicciones propias de la sociedad colombiana. La percepción generalizada es que este derecho es de palabra, más no de acciones, pues el gobierno ha visto la manera de poder constreñir la libertad de estas instituciones.

El mejor ejemplo, es sin duda la financiación económica que según Oscar Aponte, representante estudiantil, apenas alcanza para los gastos administrativos y de docentes. “La infraestructura, por su parte, está totalmente olvidad. Los techos se caen y es apenas suerte que no lastimen a un estudiante. Los recursos estatales, si bien no tienen que cubrir los gastos totales de las instituciones públicas, sí deben ser más que suficiente para cumplir con los objetivos misionales de la institución: cátedra, investigación y extensión”, señala el estudiante de sociología.

Uno de los principales orgullos del Gobierno Nacional es el aumento de la cobertura en educación en el país. Sin embargo, para Aponte, este es un logro que se ha hecho sin el aumento del presupuesto necesario y es lo que tienen en crisis a la gran mayoría de las 32 universidades estatales. Esta situación, afecta directamente la libertad de cátedra, pues como indicó Ricardo Sánchez, decano de la Facultad de Ciencias Humanas, los programas académicos ahora deben estar orientados hacia lo que genera recursos y ello corta las posibilidades de organización de las universidades.

“Tener que rogarle al Ministerio para que nos dé presupuesto nos pone en una situación de sometimiento absoluto. Al respecto tiene que haber un cambio pues es la única manera de asegura que la creación del conocimiento y las universidades sean un bien común”, asegura Moncayo.

Hace más de un mes se ratificó la destitución del profesor de sociología de la Universidad Nacional, Miguel Ángel Beltrán. La Procuraduría fue el órgano estatal que señaló que las investigaciones, conferencias y la conformación de espacios académicos por parte del docente respondían a intereses de grupos armados; razón por la que Beltrán debía retirarse de las aulas de clase.

Desde entonces estudiantes, académicos y la sociedad civil se han pronunciado al respecto; ante todo alegando y pidiendo respeto por la autonomía universitaria y la libertad de cátedra: un derecho que la Constitución del 91 le otorgó a las instituciones de educación superior en el país.

El artículo 69 de la Carta Constitucional, declara que se garantiza autonomía universitaria y que estas instituciones podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. Pero para Víctor Manuel Moncayo, exrector de la Universidad Nacional, la fortaleza del concepto de autonomía fue efímera. “Paulatinamente, sin necesidad de reformas o leyes, las prácticas políticas estatales la han limitado de múltiples formas como con el poco presupuesto que obtienen las universidades públicas, la injerencia de los cuerpos de gobierno en las instituciones y aspectos como los exámenes y pruebas estatales que apuntan a que las mismas universidades no puedan manejar su contenido”, apunta Moncayo.

En el debate por la educación superior realizado hoy por la Universidad Nacional, académicos de la institución se reunieron para discutir sobre la situación actual de la autonomía universitaria y la libertad de cátedra. El punto de partida para todos estos especialistas fue sin duda la destitución del profesor Beltrán, hecho que aún continúa vigente en la institución y frente al que la misma Universidad se declaró en contra y expresó su apoyo al afectado, en un comunicado emitido pocos días después de que se ratificara la decisión.
Pero más allá de esta discusión los participantes, académicos y estudiantes, concordaron en señalar que la autonomía de las universidad está realmente restringida y que esto es un ejemplo de las contradicciones propias de la sociedad colombiana. La percepción generalizada es que este derecho es de palabra, más no de acciones, pues el gobierno ha visto la manera de poder constreñir la libertad de estas instituciones.

El mejor ejemplo, es sin duda la financiación económica que según Oscar Aponte, representante estudiantil, apenas alcanza para los gastos administrativos y de docentes. “La infraestructura, por su parte, está totalmente olvidad. Los techos se caen y es apenas suerte que no lastimen a un estudiante. Los recursos estatales, si bien no tienen que cubrir los gastos totales de las instituciones públicas, sí deben ser más que suficiente para cumplir con los objetivos misionales de la institución: cátedra, investigación y extensión”, señala el estudiante de sociología.

Uno de los principales orgullos del Gobierno Nacional es el aumento de la cobertura en educación en el país. Sin embargo, para Aponte, este es un logro que se ha hecho sin el aumento del presupuesto necesario y es lo que tienen en crisis a la gran mayoría de las 32 universidades estatales. Esta situación, afecta directamente la libertad de cátedra, pues como indicó Ricardo Sánchez, decano de la Facultad de Ciencias Humanas, los programas académicos ahora deben estar orientados hacia lo que genera recursos y ello corta las posibilidades de organización de las universidades.

“Tener que rogarle al Ministerio para que nos dé presupuesto nos pone en una situación de sometimiento absoluto. Al respecto tiene que haber un cambio pues es la única manera de asegura que la creación del conocimiento y las universidades sean un bien común”, asegura Moncayo.