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En las políticas públicas, una fórmula de un indicador no es solo una operación matemática: es una decisión. Una forma de analizar los hechos, de definir qué cuenta y qué no. Escoger una metodología implica escoger qué se visibiliza, qué se omite, qué se prioriza. Por eso, no es un asunto técnico menor, sino un ejercicio de responsabilidad.
Los gobiernos (todos, sin excepción) quieren mostrar sus resultados. Es comprensible. Para hacerlo, recurren a indicadores. En educación superior, las cifras habituales son las de inscritos, admitidos, matriculados; así como tasas de acceso, cobertura o deserción.
(Lea: La confusión que han generado las cifras de matrícula en educación superior)
El debate actual se concentra en un indicador más reciente: “nuevos cupos”, en parte porque responde a la promesa de campaña de crear 500 mil de ellos durante la administración actual. El indicador, al igual que la fórmula que lo mide, nace en esta administración y fue introducido por el Plan Nacional de Desarrollo en 2023. Y como toda fórmula nueva, el análisis que genera también es nuevo y por primera vez tiene la oportunidad de ser testeado. La pregunta es válida: ¿cuántos son los nuevos cupos en el sistema de educación superior?
Pensemos en un ejemplo sencillo.
Un salón tiene 100 sillas. En el primer año, se matriculan 60 estudiantes. En el segundo, 90. En el tercero, 101. ¿Cuántos nuevos cupos se crearon en ese periodo? Solo uno: la silla adicional para el estudiante extra. Porque el “cupo” está definido por la capacidad instalada (en sencillo, cuántas sillas hay), no por el número de estudiantes que logran matricularse.
Aquí aparece un primer problema metodológico: confundir “cupos nuevos” con “estudiantes nuevos”. El gobierno está usando indistintamente los dos términos y no es lo mismo. Puede haber más estudiantes usando las mismas sillas, sin que se haya ampliado el sistema. Confundir cupo con matrícula no es un error de cálculo, sino un error conceptual, que puede distorsionar la lectura del sistema.
Ahora bien, sería injusto ignorar que el aumento de estudiantes es un logro muy importante. Hoy, sentar más jóvenes en las aulas es cada vez más difícil: por reducciones demográficas, barreras económicas, o por preferencias hacia modelos menos convencionales, entre otras razones. Lograr que más jóvenes se matriculen en instituciones oficiales después de 2022, es un avance destacable de este gobierno. Significa que hubo recuperación y que se aprovechó mejor la capacidad existente.
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Pero el indicador que captura esta recuperación no es el de “nuevos cupos”, sino el de “matrícula”. La controversia, más allá de la mezcla de términos, recae principalmente en cómo se miden los nuevos estudiantes adicionales, y el gobierno eligió medir sus avances usando la matrícula a primer curso.
Volvamos al ejemplo. Entre el primer y segundo año, ingresaron 30 estudiantes más (90-60). Entre el segundo y el tercero, otros 11 (101-90). Si comparamos cada año con el anterior, el total de estudiantes nuevos sería 41 (30+11). Esa es la lógica de una fórmula de variación anual o “año corrido”.
Pero la fórmula que adoptó el gobierno es diferente y compara cada año contra el primer año y reporta la acumulación de los resultados. Así, el segundo año son 30 (90-60) nuevos estudiantes, mientras que el tercer año aporta 41 adicionales al cálculo (101 - 60 = 41), que luego se suman para un total de 71 (30 + 41). Todos los cálculos están bien hechos, pero responden a criterios distintos. En este ejemplo, la fórmula acogida por la actual administración –que es atípica para este tipo de mediciones– genera cifras significativamente más altas que la fórmula de año corrido (41 vs 71) porque acumula los resultados de los años.
Otra controversia con la nueva fórmula oficial es que es muy sensible al año de referencia (o primer año, cualquiera que se seleccione) porque siempre se compara contra este. Si en lugar de comenzar con 60 estudiantes, el punto de partida hubiera sido 98, el total sería negativo [año 2: -8 (90-98), año 3: +3 (101-98), para un total de: -5 (-8+3)]. La realidad de los nuevos estudiantes del año 2 y 3 no cambió. Pero la cifra de nuevos estudiantes adicionales varía de muy positiva a negativa, solo por haber elegido otro valor de referencia.
En el informe LEE No. 123 exploramos distintas formas de medir el flujo de nueva matrícula: tasas de absorción, matrícula de todo el sistema y matrícula a primer curso (esta última elegida por el gobierno para el indicador), entre otras. Cada una tiene ventajas y limitaciones, pero en nuestro análisis todas responden a un principio básico: la comparabilidad. Lo que no puede hacerse, desde ningún gobierno, es diseñar un indicador nuevo, crear una fórmula para medirlo, y limitar su aplicación únicamente al periodo propio. Aplicarla también a periodos anteriores y mostrar los resultados es metodológicamente correcto. Solo así se puede saber si el aumento actual obedece a un cambio de tendencia, o si es parte de una progresión más amplia.
Sobre los cupos creados en instituciones oficiales, sin confundir con nuevos estudiantes matriculados, no hay evidencia de una expansión estructural sostenida del número de cupos en instituciones públicas en términos absolutos, comparado con gobiernos anteriores. De hecho, no se ha alcanzado el pico de 2017-1, si tomamos los admitidos como la capacidad de las instituciones. Sobre los estudiantes matriculados a primer curso (estadístico escogido por el gobierno para medir los progresos en matrícula), con la fórmula de año corrido, se observa avances significativos de este gobierno con respecto a sus dos antecesores. Con la formula del gobierno, se observan niveles superiores a los del gobierno Santos, pero muy similares entre los gobiernos de Duque y Petro, con la salvedad de que a este último aún le queda un año de gestión. Para otros indicadores más tradicionales de educación superior, las tendencias promedio son relativamente comparables entre administraciones (para más detalle lea el informe LEE 123). Sobre los resultados en equidad de oportunidades y calidad de la educación recibida por los nuevos estudiantes, merece la dedicación de otro artículo.
La fórmula no es un debate político. Es, sobre todo, un asunto técnico. Cuando un gobierno adopta una nueva metodología (como la fórmula en cuestión propuesta por DNP en 2023), tiene la responsabilidad no menor de ser fiel a los términos que mide: no mezclarlos; de explicarla, validarla y aplicarla con consistencia; y de protegerla frente a los ciclos políticos, por encima de la tentación del relato.
*Directora e Investigador del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana.
**Para un análisis detallado de las cifras de inscritos, admitidos, matriculados y de la fórmula utilizada para estimar los nuevos cupos en educación superior, puede consultarse el informe LEE No. 123.