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En sus recientes intervenciones, el presidente Gustavo Petro ha hecho dos afirmaciones que merecen ser analizadas. La primera, que financiar matrículas en universidades privadas con recursos públicos encarece el acceso a la educación, pues, según él, un solo cupo privado le cuesta al Estado lo mismo que diez cupos en la universidad pública. La segunda, que los estudiantes de colegios oficiales mejoraron en promedio sus resultados en las pruebas Saber 11, en comparación con el gobierno anterior, al que acusó de haber aplicado un examen más fácil por efecto de la pandemia.
(Lea Reforma a la Ley 30: universidades públicas piden su aprobación)
Comencemos por la primera afirmación. Existe una percepción extendida de que, como los estudiantes de las universidades públicas no pagan matrícula, el costo de ofrecer el servicio es reducido. Los datos muestran lo contrario. Veamos un ejemplo. El presupuesto de funcionamiento e inversión de la Universidad Nacional en 2024 fue de $1,8 billones, con los que atendió a cerca de 55.000 estudiantes por semestre. Haciendo un análisis grueso, esto equivale a un costo aproximado de $17 millones semestrales por estudiante, muy similar al promedio de matrícula de una universidad privada de alta calidad. En otras palabras, lo que le cuesta al Estado financiar un estudiante en la U. Nacional equivale a lo que paga una familia por un cupo privado. La afirmación del presidente de que un cupo privado vale diez públicos no resiste evidencia.
Además, hoy las universidades privadas presentan dos ventajas adicionales: en promedio registran tasas de deserción más bajas y los estudiantes completan sus estudios en menor tiempo, mientras que en las públicas es común que los semestres se alarguen por paros, lo que reduce costos asociados a permanencia prolongada. A ello se suma que los egresados de instituciones privadas, en promedio, obtienen retornos salariales mayores.
Pasemos a la segunda afirmación. Es cierto que los resultados promedio de los estudiantes de colegios oficiales en la prueba Saber 11 aumentaron más entre 2022 y 2024 que durante el gobierno anterior. Sin embargo, no es correcto afirmar que el examen en la pandemia fue más fácil: el ICFES garantizó la comparabilidad en el tiempo. El punto relevante es que, aunque hay mejora reciente, los puntajes siguen siendo inferiores a los registrados en los años 2016 y 2017, durante el gobierno del presidente Santos. Además, surge una pregunta: ¿cuáles son los programas que está implementando este gobierno que apuntan a mejorar los aprendizajes de los estudiantes?
Este análisis debe leerse en el contexto fiscal. El presupuesto de educación en el actual gobierno aumentó en $20 billones frente al periodo de Iván Duque, lo que supone un esfuerzo histórico. No obstante, la mayor parte de este incremento se ha destinado a gastos de personal, más que a inversión en programas estratégicos. Esto limita el impacto real en calidad y cobertura.
La discusión no es pública versus privada, ni tampoco celebrar logros parciales en pruebas estandarizadas sin identificar al menos las acciones implementadas que respalden dicha mejora. El verdadero desafío es que cada peso adicional destinado a la educación se traduzca en más cobertura, mayor calidad y mejores oportunidades para los niños, niñas y jóvenes. Sin una inversión equilibrada que combine financiación, infraestructura, innovación pedagógica y fortalecimiento institucional, el aumento presupuestal corre el riesgo de convertirse en un esfuerzo costoso, pero con resultados modestos.
*Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Javeriana
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Por Luz Karime Abadía*
