Recientemente fui invitada a participar en un evento organizado por la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea) y la Pontificia Universidad Javeriana sobre los desafíos de la financiación de la educación superior en Colombia. La discusión reunió a expertos, responsables de política pública y representantes del sector educativo. Quisiera compartir algunas de las principales conclusiones.
La primera es que Colombia aún tiene un importante déficit de acceso a la educación superior. Aunque la cobertura alcanzó el 57,5% en 2024, seguimos lejos de los niveles observados en los países más desarrollados. Más preocupante aún, solo el 30,6% de la población entre 25 y 64 años cuenta con educación terciaria, mientras que en muchos países de la OCDE esta cifra supera el 40% e incluso el 50%.
Esta realidad importa porque la educación superior sigue siendo una de las inversiones más rentables que puede realizar una persona. A diferencia de lo que ocurre en algunas economías desarrolladas, donde la masificación educativa ha reducido los retornos salariales, en Colombia los beneficios económicos de estudiar continúan siendo elevados. La evidencia muestra que quienes completan educación superior obtienen ingresos significativamente mayores que quienes solo cuentan con educación media.
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Sin embargo, también es cierto que no todos los programas generan los mismos resultados. Durante el evento se presentaron estimaciones realizadas por Atenea para programas ofertados en Bogotá según las cuales cerca del 22,7% de los programas universitarios y el 48,1% de los programas técnicos y tecnológicos presentan tasas internas de retorno negativas. Esto significa que algunos egresados no logran recuperar plenamente la inversión realizada a través de mayores ingresos laborales. Más que desincentivar el acceso, este hallazgo resalta la importancia de fortalecer la información disponible para los estudiantes y garantizar la calidad y pertinencia de la oferta educativa.
El principal obstáculo para acceder a la educación superior sigue siendo económico. Más del 60% de los jóvenes que no estudian señalan razones asociadas a la falta de recursos o a la necesidad de trabajar de manera inmediata. En un país donde una proporción importante de la población pertenece a hogares pobres o de clase media, esperar que las familias financien por sí solas los costos de una carrera universitaria resulta poco realista.
Durante décadas, el ICETEX fue una institución pionera en América Latina al permitir que miles de jóvenes estudiaran hoy y pagarán mañana. Gracias a sus programas de crédito y becas, muchos estudiantes talentosos provenientes de hogares de bajos ingresos pudieron acceder a oportunidades que de otra forma habrían sido imposibles.
Sin embargo, la capacidad de financiación se ha reducido significativamente en los últimos años. Han disminuido los nuevos créditos y se han debilitado varios mecanismos que combinaban mérito académico y vulnerabilidad económica. Como resultado, miles de jóvenes enfrentan hoy mayores dificultades para financiar sus estudios.
Algunos sostienen que la gratuidad en las universidades públicas resuelve este problema. Sin duda, la matrícula cero representa un avance importante. Pero existe una limitación evidente: la capacidad de las instituciones públicas no es suficiente para absorber toda la demanda. Cada año más de 600.000 jóvenes constituyen la demanda potencial por educación superior, y las universidades públicas enfrentan restricciones presupuestales, de infraestructura y de capacidad académica que limitan la expansión de cupos.
Por eso Colombia necesita un conjunto de instrumentos complementarios, no una única solución. Se requieren becas para estudiantes de alto desempeño provenientes de hogares vulnerables; esquemas de financiación contingente al ingreso para quienes enfrentan incertidumbre sobre sus ingresos futuros; y líneas de crédito respaldadas por el Estado para la clase media, que muchas veces no califica para subsidios, pero tampoco cuenta con recursos suficientes para pagar una carrera.
El verdadero desafío no es solo diseñar mejores mecanismos, sino conseguir los recursos para financiarlos. En ese sentido, vale la pena abrir una discusión sobre nuevas fuentes de financiación con destinación específica para ampliar las oportunidades educativas. Una posibilidad que merece ser analizada es la creación de una fuente permanente de recursos mediante un gravamen sobre las utilidades extraordinarias del sector financiero o un fondo con contribuciones de este sector, cuyos recaudos se destinen exclusivamente a ampliar becas, créditos contingentes al ingreso y garantías educativas administradas a través del ICETEX.
La idea no es extraña en el contexto internacional. Brasil, por ejemplo, financia parte de su sistema educativo a través del Salário-Educação, una contribución obligatoria pagada por las empresas y destinada a fortalecer la educación pública. Corea del Sur también ha utilizado fondos con destinación específica para expandir la cobertura educativa y desarrollar capital humano. Incluso en Colombia existen antecedentes de tributos con destinación específica para la educación superior, como la Estampilla Pro Universidad Nacional y demás universidades estatales. La propuesta sería dar un paso adicional: crear una fuente estable de financiación orientada directamente al acceso de los estudiantes, especialmente aquellos provenientes de hogares de bajos ingresos y de la clase media.
La pregunta de fondo es sencilla: ¿queremos seguir siendo un país donde siete de cada diez adultos no tienen educación terciaria o queremos acelerar la formación del talento que necesitamos para crecer, innovar y reducir la desigualdad?
Si la respuesta es la segunda, debemos entender que la educación superior no es un gasto. Es una inversión estratégica para el desarrollo del país. Y las inversiones estratégicas requieren mecanismos de financiación robustos, sostenibles y capaces de garantizar que ningún joven talentoso se quede por fuera del sistema por falta de recursos.
*Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Javeriana
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Por Luz Karime Abadía*
