La Universidad de Antioquia (UdeA), la segunda universidad pública más importante del país, no atraviesa días fáciles y la crisis financiera se agudiza cada vez más. Entre los pasillos de la institución, hay una gran preocupación por el cierre del año, pues, para poder pagar nóminas de julio y de agosto, el Gobierno Nacional adelantó las transferencias de otros meses y no se han podido vender ciertos bienes que se habían proyectado para disminuir la deuda. A esta situación se le suma que, recientemente, el Ministerio de Educación ordenó una serie de medidas preventivas, entre las que se encuentra la “vigilancia especial”; la Contraloría General de Antioquia no aprobó la gestión presupuestal de la universidad para el 2024 ; y el rector John Jairo Arboleda se rajó en la evaluación que hizo sobre su gestión el Consejo Superior Universitario (CSU).
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(Lea: Mineducación ordena vigilancia especial para la U. de Antioquia. Rectoría responde)
Todos estos hechos han provocado un ambiente de incertidumbre y de preocupación. Incluso, nos señalaron varias fuentes de la comunidad educativa, se comenta la posibilidad de pedir la renuncia del rector. Lo cierto, hasta ahora, es que las medidas ordenadas por el Mineducación son preventivas y que, como dice María Isabel Duque, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y representante del profesorado en el CSU, es urgente que desde la administración de Arboleda sean conscientes de la situación y elaboren unos planes de mejoramiento “más aterrizados, con cronogramas y metas verificables”.
“Si negamos que los problemas existen, se va a agravar más la profunda crisis que atraviesa la UdeA, que ha sido más fuerte durante el último año”, añade John Freddy Duitama, profesor de ingeniería de la U. de Antioquia.
¿Una intervención del Ministerio de Educación?
Debido a los problemas financieros por los que atraviesa la Universidad de Antioquia, cuyo déficit es de cerca de $ 350.000 millones, el Ministerio de Educación emitió una resolución a inicios de esta semana en la que ordenó una serie de medidas preventivas, con las cuales, describe la cartera en el documento, busca garantizar la “continuidad del servicio, el restablecimiento de la calidad, el adecuado uso de sus rentas y bienes” (...) y “superar las situaciones que están afectando el servicio educativo”.
Esta decisión básicamente consiste en que habrá un inspector insitu (estará presente físicamente), que estará a cargo de la revisión de la gestión administrativa de la institución y será designado por el ministerio. Entre sus funciones está la de revisar cada uno de los puntos establecidos en el plan de mejoramiento presentado previamente por la UdeA, donde deberá detallar las estrategias que llevará a cabo para no repetir las situaciones que desencadenaron la actual crisis económica.
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¿Significa esto que el inspector tendrá más poder que el rector Arboleda? No precisamente. De hecho, lo primero que aclara Harold Antonio Hernández Molina, Subdirector de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación, es que esta resolución no es una intervención a la UdeA. “En educación superior no existe la intervención. Lo que hay son actuaciones sancionatorias o preventivas”, aclara. Es decir, no es un proceso equiparable al que realiza, por ejemplo, la Superintendencia de Salud cuando interviene a una EPS y nombra un interventor que toma el control de la entidad y gestiona sus operaciones.
En la educación superior no funciona así. El inspector que se designa informa directamente al Mineducación sobre los avances del plan de mejoramiento que presentó la institución y puede elaborar recomendaciones, pero en ningún caso tomar decisiones con respecto a la universidad. En el caso puntual de esta resolución, enfatiza Hernández Molina, tiene un recurso de reposición, lo cual garantiza la oportunidad de defensa de la UdeA.
Otra de las preocupaciones que ha surgido en torno a esta resolución es sobre la posibilidad de la pérdida de la acreditación de alta calidad de la universidad. En el artículo 51 del Acuerdo 01 del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), se lee que: “si durante la vigencia de la acreditación en alta calidad institucional o de programas académicos, la institución fuere objeto de medidas preventivas, de vigilancia especial o de sanción por parte del Ministerio (...) perderá su fuerza ejecutoria”.
Entonces, ¿la acreditación se perdería? La respuesta, aclara Hernández Molina, es depende: no es algo que esté directamente ligado al proceso de vigilancia. Primero se debe solicitar concepto previo al Consejo Nacional de Acreditación (CNA). En todo caso, añade, “en este momento con la UdeA no es posible determinarlo”.
Entre las razones que motivaron al Mineducación a tomar estas medidas preventivas, se lee en un apartado de la resolución, se encuentra que “la universidad enfrenta dificultades para cubrir sus pasivos corrientes con sus activos líquidos, es decir, presenta una alta dependencia de las cuentas por cobrar”. También se ha reducido el capital neto de trabajo en más del 90% en dos años, lo que, en opinión de la cartera, indica una menor inversión de la institución en Activos a Corto Plazo, así como, una menor disponibilidad de recursos para financiar las operaciones a corto plazo.
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La Universidad de Antioquia no se ha pronunciado de fondo sobre la medida de Mineducación. Por ahora, confirma que a través de sus equipos jurídicos y administrativos, “se encuentra estudiando de manera pormenorizada el acto administrativo proferido por el MEN, con el propósito de analizar sus fundamentos fácticos; y, como lo contemplan las normas, presentar los respectivos recursos dentro del término establecido, que en este caso son 10 días”. El anuncio de Mineducación no es la única preocupación de la UdeA.
Un informe rechazado por la Contraloría Departamental
En mayo de 2025, durante una sesión del CSU, varios de los integrantes del consejo advirtieron la compleja situación financiera de la universidad y señalaron la preocupación que les generaba la supuesta ausencia de un plan claro. Juan Carlos Bolívar, delegado del Ministro de Educación, fue uno de los que participó de esa sesión y aseguró que el Gobierno desembolsaría $ 700.000 millones adicionales para el sistema de educación superior en el país, de los cuales a la UdeA llegarían $37.000 millones. “Eso, seguramente, será una válvula de oxígeno; sin embargo, por la dimensión y la gravedad del déficit que en este momento tiene la institución, no es suficiente”, advirtió entonces.
Luego, indicó que durante mayo el plantel se estaba enfrentando a una crisis de caja, que catalogó de “grave”, y añadió que desde los ministerios de Hacienda y Educación, y la Vicerrectoría Administrativa, trabajaban diariamente en la autorización de una serie de giros necesarios para cubrir las necesidades de la institución. No obstante, “debido a los trámites y demoras administrativas normales que ocurren en las distintas administraciones, no se ha logrado hacer”, contó.
Mientras se adelantaban esos trámites administrativos, la Contraloría General de Antioquia realizó una auditoria a la universidad, más precisamente, una revisión a los estados financieros de 2024, los cuales detallan la situación financiera, los resultados, el estado de cambios en el patrimonio y las notas a los estados financieros.
En la rendición de cuentas de ese ejercicio, publicada hace poco menos de una semana, la Contraloría determinó el “No Fenecimiento de la cuenta”, que como explica un profesor de contabilidad de la institución, que prefiere no ser citado, constituye una de las decisiones más significativas y severas que puede tomar un órgano de control fiscal. Según detalla, esta figura significa que la Contraloría, a través de un acto administrativo, decidió no aprobar la gestión fiscal y contable realizada por el responsable del manejo de los recursos públicos en esa vigencia. En este caso, se trata de la Universidad de Antioquia.
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Esta decisión se toma cuando la Contraloría, al revisar los estados financieros y la gestión presupuestal, detecta que no se cumplieron, de forma adecuada, los principios de legalidad, eficiencia, eficacia y economía en el manejo de los recursos públicos. Pero, para entenderlo mejor, el profesor pone un ejemplo: “puede haber deficiencias en la información, hallazgos contables o presupuestales, irregularidades o falta de soporte en la documentación”.
Este resultado podría tener implicaciones administrativas, legales, disciplinarias y reputacionales para los responsables del manejo de estos recursos, de no tomarse los correctivos. En este caso, ordenó la Contraloría, la UdeA debe elaborar un plan de mejoramiento dentro de los próximos 15 días. Este plan es diferente al que presentó la institución al Ministerio de Educación.
Duque, representante del profesorado en el CSU, menciona que adicionalmente a esos dos informes, “la semana pasada el CSU sesionó y el rector presentó su propuesta de plan de mejoramiento que le habíamos solicitado a raíz de su evaluación”. Se refiere a que el pasado 4 de junio, el CSU se reunió y analizó el primer año de gestión de Arboleda, que cumple su tercer período al frente de la institución. El CSU le otorgó una calificación de 35 puntos sobre 100, que algunas de nuestras fuentes creen que puede ser la valoración más baja que ha recibido un rector de la UdeA en la historia reciente del plantel.
Aunque El Espectador consultó a la UdeA y al rector Arboleda para responder a este y otros cuestionamientos, desde allí sostuvieron que por ahora no brindarán declaraciones adicionales a los comunicados que ha publicado su oficina de prensa.
A los ojos de Duque, el plan que presentó Arboleda se resumió en un listado de acciones de mejora, que no tenían sustento, ni cronograma, ni indicadores. “En este tiempo el rector y su equipo tienen que hacer tres planes de mejoramiento (el que le pidió la Contraloría, el del Ministerio y el del CSU). Está muy crítica la situación”, comenta la representante de los profesores en el CSU, el máximo órgano de decisión de la institución.
Una opinión similar comparten desde la Mesa Ético Política, un espacio conformado en su mayoría por docentes de la institución en el que hacen veeduría de lo que ocurre en la universidad, donde hicieron un análisis de las propuestas presentadas por Arboleda. Concluyeron que carecen “del rigor técnico exigido para un verdadero plan de mejoramiento, además, la estrategia financiera propuesta es frágil, improvisada y basada en ingresos no sostenibles y la precarización laboral y la desfinanciación de la misión universitaria son consecuencias directas del plan”.
Esta situación, en opinión de Duitama, profesor de ingeniería, es crítica y se suma la poca confianza que hay en un sector de la comunidad académica frente a la gestión del rector y lo que llamó la “polarización que vive la institución”. Lo más urgente en este punto, creen Duque y Duitama, es presentar un plan de mejoramiento sólido que explique de dónde van a salir los recursos de funcionamiento para lo que resta de este año. Hasta la fecha, cree, Duitama, “no se ha presentado un plan de ajuste presupuestal realista y estructurado que permita afrontar, por ejemplo, el déficit de casi $ 200.000 millones proyectados para 2025 entre lo presupuestado y los ingresos estimados”.
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