La semana pasada, el Ministerio de Educación expidió el decreto con el que busca formalizar a los docentes ocasionales y al personal administrativo en las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas. Pero, ¿cuándo le costaría a las universidades implementar este plan de formalización?
(Puede leer: El Gobierno quiere formalizar a 60.000 docentes, pero aún hay muchas dudas)
En entrevista con El Espectador, Leopoldo Múnera, rector de la Universidad Nacional, asegura que la formalización del personal docente y administrativo es un tema urgente en todas las instituciones. Por eso, aclara, “el sentido del decreto lo compartimos”, pero, añade, que en su implementación se enfrentan a una serie de retos para que no sea una “medida que se quede engavetada”.
En este decreto, el ministerio establece que las universidades deberán elaborar un plan dentro de los próximos 12 meses en el que garantice que se cumpla esta medida en un 40% para 2026 y en un 100 % para el 31 de diciembre de 2027.
Según las cifras entregadas a este diario por el ministro de Educación, Daniel Rojas, del 100 % de los docentes que están en el sector público, que son casi 80.000, el 76 % están bajo la modalidad de contratación de profesor ocasional. Es decir, con esta medida se busca formalizar a 60.000 maestros.
La figura de docentes ocasionales se emplea para suplir las vacantes de los maestros de carrera que salieron a un cargo público, que están en comisión o que enfrentan algún tipo de investigación. Sin embargo, sus contratos duran pocos meses y tienen unos salarios menores que los de planta, por lo que dentro del sector se ha hablado de precarización.
Aunque la medida propuesta en el decreto la ha pedido el sector en durante los últimos años, no ha sido vista con buenos ojos por todos los actores. La sostenibilidad financiera es una de las principales inquietudes que les ha generado.
Como explicaba en esta nota Óscar Domínguez, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), las instituciones públicas han manifestado su preocupación sobre el tema económico, pues para ellas este decreto representa un desafío adicional en el tema económico.
La estrategia de la Universidad Nacional para formalizar a los docentes ocasionales
Sobre este tema, anota Múnera, aún no está claro que las universidades públicas tengan los recursos claros para la formalización. En el caso de la Universidad Nacional, dice, “a partir de una primera revisión, establecimos que se requerían cerca $226 mil millones en el año”.
Este valor se dividiría así: $108.000 millones destinados a trabajadores administrativos y $118.000 millones para docentes. Aunque la Universidad Nacional no atraviesa por una crisis financiera, sus finanzas no son boyantes, por lo que, cuenta, “no tendrían los recursos necesarios para hacer una formalización de las dimensiones que arrojó esa primera revisión”.
Por el momento, entre sus plantes está que los recursos para el plan de formalización salgan del Plan Global de Desarrollo de la institución. Durante estos 12 meses, que es el tiempo que establece el ministerio, van a llevar a cabo un estudio de planta docente y administrativa, para conocer cuáles son sus necesidades, entre otras cosas.
“Tenemos que tener la certeza de que van a existir los recursos en el momento en que tengamos los estudios listos para que no se cree un fenómeno de frustración en la comunidad universitaria”, añade Múnera.
Este desafío, en su opinión, se debe resolver conjuntamente entre el Gobierno, las organizaciones de trabajadores y estudiantes y las universidades públicas, con el objetivo de ver la viabilidad financiera y la bolsa de dónde saldrán los recursos.
Para Múnera hasta el momento los recursos que han obtenido las universidades públicas, que han aumentado desde 2019, no son suficientes para llevar a cabo la formalización de todos los docentes y de los trabajadores administrativos.
Otro punto que Múnera asegura que se debe considerar para este decreto es que no se viole de ninguna manera la autonomía universitaria. Concluye en que es fundamental que el “Gobierno, las organizaciones y las universidades nos sentemos a analizar estos desafíos para ver la viabilidad que tiene este decreto y la formalización en términos generales”.
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