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La Universidad Popular del Cesar (UPC) ha estado en el centro del debate público luego de conocerse la posibilidad de que se modifiquen los estatutos de la institución que rigen el proceso de reelección del rector. Frente a esa situación, los cuatro sindicatos del plantel se pronunciaron.
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En un comunicado conjunto, lo primero que pidieron fue respeto absoluto al Acuerdo 038 de 2004, norma expedida por el Consejo Superior Universitario (CSU), máximo órgano de decisión en las universidades públicas, y que rige en la actualidad. Allí está regulado el procedimiento para designar al rector.
El documento fue firmado por la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU), el Sindicato Nacional de Docentes Universitarios (SINALDUN), la Asociación Nacional de Trabajadores de las Universidades Públicas (SINTRAUNICOL) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de las Instituciones de Educación (SINTIES).
De acuerdo con uno de los voceros, uno de los puntos clave de esta normativa es que si un rector desea postularse nuevamente al cargo, debe renunciar tres meses antes del proceso de designación. Esto, añade en el texto, “con el objetivo de competir en igualdad de condiciones con los demás candidatos que aspiran a este cargo”.
Entonces, durante ese período, debe nombrarse un rector encargado, esto, se lee en el comunicado, es justamente “con el objetivo de que pueda participar en condiciones equivalentes a las de los otros aspirantes”. El próximo proceso de designación está previsto para abril de 2026.
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En el comunicado, los sindicatos expresaron su preocupación por posibles reformas que cambien esas reglas y advirtieron que cualquier modificación debe hacerse con total transparencia y garantizando la equidad. “La normativa vigente debe respetarse”, señalaron.
La controversia surgió luego de que la Revista Cambio revelara que la funcionaria del Ministerio del Interior, Juliana Guerrero, utilizó una avioneta de la Policía Nacional con fines personales, los pasados 19 y 20 de junio.
Según el reportaje, el verdadero motivo del viaje de Guerrero, quien además es la delegada del presidente Gustavo Petro en el CSU de la UPC, habría sido, al parecer, para adelantar gestiones con el objetivo de modificar los estatutos de la universidad y permitir la reelección del actual rector.
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Rober Romero Ramírez, quien ocupa ese cargo desde 2022, negó en entrevista con la emisora local Cacica Noticias cualquier intención de cambiar la normativa para favorecer su permanencia. “No hay interés alguno en reformar los estatutos para facilitar una reelección”, dijo.
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