Universidad San Martín, una cadena de desaciertos

Después de 20 años de demandas, quejas e inconformidades por parte de los administradores, docentes, estudiantes y padres de familia vinculados con la Fundación Universitaria San Martín, el Ministerio de Educación anunció las medidas con que pretende enfrentar la crisis administrativa y financiera por la que atraviesa la institución.

La ministra de Educación, Gina Parody, anunció que después de muchas advertencias respecto a la falta de calidad, sanciones y cancelaciones de programas, el incumplimiento de convenios y el no pago a docentes, la situación de la San Martín está realmente complicada. Según Parody, existen graves denuncias que indicarían que el dinero de las matrículas de la universidad se estaría destinando a la financiación de empresas entre las que se encuentra una reconocida cadena de restaurantes de Bogotá. Esto llevó a que el ministerio anunciara, entre otras cosas, que se le impedirá a la universidad abrir matrículas para el próximo semestre.

En rueda de prensa, Gina Parody dijo que cuenta con serios indicios de que los ingresos que la universidad recibe de las matrículas están siendo destinados a cuatro fundaciones privadas de la familia de Mariano Alvear (fundador y presidente de la Fundación San Martín): Fondo de Fomento para la Educación, Centro Internacional de Biotécnica Reproductiva, Quality Fish Meat (dueña de restaurantes como Burguer Market) y Foneducar. Como lo ha denunciado en varias ocasiones la senadora Claudia López, los estudiantes depositan desde hace varios años la plata de sus matrículas en la cuenta de alguna de estas cuatro entidades que son completamente ajenas a la fundación.

Para rematar, la ministra recordó que la Universidad San Martín ofrece actualmente programas abiertos sin contar con el registro calificado obligatorio, “lo que significa que están ofreciendo programas ilegales”, dijo Parody. El caso más preocupante, de acuerdo con la ministra, es el de Medicina en Puerto Colombia, que desde 2003 está abierto sin los requisitos obligatorios.

Ante este panorama, el Gobierno anunció que no tiene las capacidades legales para intervenir la institución, pero adoptará tres medidas contundentes con las que, según la ministra, pretende proteger a los estudiantes que hoy están matriculados en esa institución.

Lo primero es que, de manera temporal y preventiva, se suspenden todos los registros calificados, lo que implica que mientras no se restaure el orden administrativo, la entidad no podrá matricular nuevos estudiantes en ninguno de los programas que ofrece.

Además, Parody ordenó que la fundación cree una fiducia, manejada por una entidad bancaria, que garantice que el dinero de las matrículas sea destinado a la institución universitaria y no a fondos ajenos. Y por último se comprometió a conformar un equipo de alta calidad para hacer la vigilancia respectiva en temas administrativos, financieros y académicos y así evitar que se continúe engañando a los estudiantes, profesores y demás funcionarios.

Con estas medidas, el Gobierno asegura que podrá poner fin a las irregularidades presentadas y garantizarles a los estudiantes que culminarán sus estudios con calidad educativa. Además recordó que estas son medidas que hoy debe enfrentar la Universidad San Martín, pero seguramente otras instituciones con problemas similares, como la UNAD, Incca y Rafael Núñez, entre otras, deberán afrontarlas.

Minutos después de las declaraciones del ministerio, la Fiscalía imputó cargos contra al representante legal de la institución, José Ricardo Calderón, por omitir fallos que les ordenaban a las directivas pagar acreencias laborales a sus empleados. Sin embargo, el país está a la espera de conocer las demás medidas que tomará la entidad que estará a cargo de imponer las respectivas sanciones a nivel individual por los delitos de estafa, abuso de confianza calificado y captura ilegal de rentas.

Al respecto, la senadora López señaló que “lo avanzado por el ministerio se quedará corto si la Fiscalía no procesa y detiene a Mariano Alvear y su camarilla de testaferros de la San Martín”.

Por su parte, algunos de los estudiantes que rechazaron la noticia se tomaron las 19 sedes de la institución pidiendo que se aclare la forma como se aplicarán las medidas, aunque algunos otros, que han establecido mesas de diálogo con el Gobierno, se mostraron complacidos por las decisiones.

El sindicato de trabajadores de la institución, Sinaltrafusum, de otra parte, confirmó su preocupación. “El ministerio suspenderá los programas académicos para futuros estudiantes y eso podría agudizar la situación financiera y afectar a quienes no nos pagan hace más de cinco meses. Además, la fiducia es una medida que en el papel parece perfecta, pero no sabemos bien hasta qué punto los directivos de la universidad permitirán que las matrículas no sean giradas a sus cuentas”, señaló Ricardo Mejía Rodríguez, su presidente.

El problema en el que está sumida esta institución no es reciente. La historia de sanciones y penalizaciones comenzó en diciembre de 1989, cuando el Icfes suspendió las funciones del rector y los principales directivos con el fin de tomar medidas correctivas ante las irregularidades que estaban afectando los fines educativos a los que como institución debía responder. Luego vinieron acciones indebidas que resultaron en sanciones y la cancelación de programas que volvieron más crítica la situación.

La San Martín tiene actualmente tres sedes cerradas y cinco funcionando parcialmente por falta de pago al personal administrativo y docente, así como por la falta de servicios públicos, que no han sido cancelados desde hace varios meses.

Aunque muchos esperan respuestas por parte de los implicados, ni estudiantes ni trabajadores saben desde hace dos años del paradero de Mariano Alvear.

El Ministerio de Educación espera que con esta noticia las demás instituciones que pasan por crisis similares comiencen a trazar límites a sus acciones administrativas y asegurarles calidad a los estudiantes, pues, como asegura Isabel Segovia, exviceministra de Educación, “desde hace mucho tiempo el sistema educativo se encuentra en un círculo vicioso en el que hay grupos de personas con intereses lucrativos detrás de la instituciones, un ministerio que no tiene las facultades para regular adecuadamente los programas y estudiantes y padres de familias engañados”.

Fechas claves

17 de junio de 2013: El Mineducación le canceló siete programas del sector salud debido al incumplimiento de las normas que regulan los convenios docencia-servicio: Medicina en Sabaneta (Antioquia) y Cali (Valle) y las especializaciones de Anestesiología, Ortopedia y Traumatología, Cirugía Plástica y Reconstructiva, Pediatría, Cirugía General y Especialización en Oftalmología, todas con sede en Bogotá.

4 de abril de 2013: Se impuso una serie multas sucesivas de 100 SMMLV, por obstrucción al ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia que tiene a cargo el Ministerio de Educación.

10 de enero de 2012: Se canceló su programa de Ingeniería de Sistemas a distancia (Código SNIES 7126), por incumplimiento a las condiciones de calidad.

15 de julio de 2011: Se impuso multa de 100 SMMLV por cuanto la publicidad de los programas académicos no se ajusta a las exigencias contempladas en el Decreto 1295 de 2010.

5 de enero de 2009: Se impuso multa de 100 SMMLV por el no pago de salarios a docentes y el incumplimiento de las condiciones de calidad para el ofrecimiento de programas académicos.

18 de diciembre de 1989: Con la resolución 002568, el Icfes suspendió las funciones del rector y los miembros del plenum con el fin de adoptar medidas correctivas necesarias para encauzar a la fundación universitaria San Martín