¿Y si escuchan a los 'profes'?

El personal administrativo acusa a las directivas de incumplir los pactos de marzo que definían una hoja de ruta para buscar el reajuste salarial de unos 1.000 empleados, cuya remuneración está por debajo de la de sus pares en otras entidades públicas. La rectoría señala que dichos funcionarios incumplieron los compromisos, pues habían prometido que no volverían a bloquear los salones ni ninguna otra dependencia del campus. Basada en ese argumento, decide suspender las actividades académicas.

La Procuraduría de inmediato advierte que los funcionarios que interrumpen el libre desarrollo de las actividades en la Universidad pueden ser suspendidos. Los aspirantes a estudiar en la Nacional deberán esperar, porque el proceso de admisiones fue suspendido. Y quienes ya están matriculados podrían incluso verse afectados con una cancelación del semestre.

¿Y quién escucha a los profesores? Resulta paradójico que precisamente en el caso de un centro académico con problemas de distinta índole (desde el deterioro de varios de sus edificios emblemáticos, que hoy amenazan ruina, hasta los debates sobre el presupuesto para su funcionamiento), una de las voces que parece menos escuchadas es la de los docentes.

Aparecen las imágenes de las arengas estudiantiles, las declaraciones oficiales de las directivas y, por supuesto, la posición de los representantes del Gobierno, pero se habla mucho menos sobre la visión y las propuestas que los propios docentes, también afectados por casos como el de la actual protesta de empleados administrativos, tienen sobre lo que ocurre.

Leopoldo Múnera, por ejemplo, le escribió una carta pública a la comunidad universitaria a propósito de los bloqueos del momento. Profesor asociado de la Nacional desde hace muchos años, Múnera considera que “el bloqueo físico e institucional que están viviendo los campus de Bogotá y Palmira de la U. Nacional la debilita como institución pública y proyecto común de la sociedad colombiana”. Si bien comparte la reivindicación hecha por el Comité Promejora Salarial (CPS) en lo relacionado con la nivelación de los ingresos económicos de los trabajadores, también resalta que aprobar tales incrementos escapa a los límites de autonomía de la Universidad, a la cual le pide “construir y apoyar una solución justa”.

El incremento salarial que buscan los empleados oscila entre el 19 y el 63% y, según le dijo a El Espectador Ignacio Mantilla —rector de la Universidad— el pasado 3 de septiembre, los estudios para pedirle al Ministerio de Hacienda las apropiaciones presupuestales respectivas ya fueron realizados. “Les cumplimos, así que no sé qué quieren ahora”, enfatizó Mantilla.

No obstante, fue una decisión del propio Mantilla la que terminó exacerbando a los protagonistas de los bloqueos, cuando el 29 de agosto pasado dispuso “interrumpir el calendario académico de la sede Bogotá hasta tanto se recobre el pleno control del campus”.

¿Por qué lo hizo? Porque los empleados habían acudido una vez más a los bloqueos ante los desacuerdos que dieron al traste con la sesión extraordinaria número tres del Consejo Superior, en la que se pusieron en evidencia algunos errores en los estudios técnicos sobre el incremento salarial.

Lo que en la práctica ocurrió fue que la Comisión no se pudo poner de acuerdo y terminó presentando al Ministerio de Hacienda tres estudios con propuestas de incrementos diferentes (19%, 30% y 63%). Situación cuestionada por la ministra de Educación, María Fernanda Campo. Para su despacho, enviar tres propuestas equivaldría a dejar la responsabilidad en manos del Gobierno Nacional.

Según el Ejecutivo, la actualización de los salarios cuesta más de $20.000 millones y terminaría beneficiando a 3.000 trabajadores.

Todas estas variables han sido expuestas por los docentes en cartas públicas a la comunidad universitaria, al Consejo Superior universitario e incluso al país, aunque han tenido poca difusión.

Y no sólo exponen lo que pasa, sino que plantean alternativas como la de formar una comisión compuesta por representantes de los profesores, los estudiantes, los trabajadores y las directivas de la Universidad que decida sobre el porcentaje para el incremento de salario de los trabajadores.

O la de realizar una consulta por estamentos para que la comunidad universitaria se pronuncie sobre la conformación y funciones de sus órganos colegiados. Estas dos últimas ideas propuestas por el profesor Múnera podrían contribuir al debate y ayudar a encontrar una solución que evite la agudización de la crisis que vive la principal universidad pública del país.

(Lea la carta abierta a la comunidad universitaria)

CARTA ABIERTA AL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Ciudad Universitaria, 5 de septiembre de 2013

Estimados Consejeros:

Una vez conocido el contenido de la sesión extraordinaria No. 3 del Consejo Superior, realizada el miércoles 28 de agosto de 2013, y de leer la decisión final adoptada en la misma reunión, ratificada por el pronunciamiento del Rector Ignacio Mantilla del 29 de agosto, en el que anunciaba la decisión de “interrumpir el calendario académico de la Sede Bogotá hasta tanto se recobre el pleno control del Campus”, las y los profesores del Seminario Permanente por la Universidad no podemos salir de nuestro asombro.

En esta reunión se evidenciaron fallas en la realización del estudio técnico acordado en el acta de entendimiento con los trabajadores del Comité Pro mejora Salarial: la comisión nombrada no se logró poner de acuerdo y se presentaron tres estudios distintos con incrementos diferentes del 19%, 30% y 63%. Para enviarlos al ministerio de Hacienda se presentaron como resultado de un solo estudio con tres escenarios distintos. Esta acción fue cuestionada por la Ministra de Educación, en cuyo concepto no se debía haber remitirlo sin tomar una posición porque eso era dejar la responsabilidad en las manos del gobierno nacional. Por esta razón solicitó que quedara en el acta su desacuerdo con el procedimiento utilizado.

Lo que nos mueve a dirigirles esta comunicación no es únicamente que se hayan cometido estos errores, sino que una vez señalados, se proceda de manera incongruente. Ante esta situación les preguntamos con todo respeto a los miembros del Consejo Superior ¿cómo es que si se han ubicado esas falencias y la reticencia de las directivas para asumir una posición frente al mencionado estudio, asunto clave en el resurgimiento del conflicto, la decisión tomada por ustedes haya sido ignorar esas fallas y endosárselas a la comunidad universitaria, negándose a buscar salidas negociadas con los trabajadores, al tiempo que se toma la medida de mantener la negativa al diálogo e interrumpir el calendario académico de la Sede Bogotá, e incluso la de suspender hasta nueva orden la sesión de exámenes de admisión?

Las cifras más modestas de los estudios realizados muestran una pérdida de por lo menos el 19% en el salario de los trabajadores de la Universidad. A pesar de reconocer el carácter justo de sus reclamos, rechazamos y no podemos compartir los bloqueos como método para buscar estas reivindicaciones. Pero tampoco podemos admitir que el mismo recurso sea utilizado por las directivas para desatender a los trabajadores y para encubrir, con la interrupción del calendario y el sacrificio de las actividades universitarias, los errores que ellas mismas cometen.

Una universidad cerrada es una institución que deja de cumplir la misión histórica que la sociedad le ha confiado. El bien común, que en este caso se traduce en una universidad abierta y deliberante, es un deber de quienes lideran la institución del saber más importante de una sociedad. Por esta razón, se hace necesario reconocer que aún falta camino por recorrer en los compromisos adquiridos con los trabajadores y abrir las posibilidades efectivas para buscar soluciones.

Las expresiones de directivos y consejeros que dan por terminada la etapa del diálogo entre las directivas y los trabajadores no contribuyen a resolver los problemas, agravan la crisis estructural de la Universidad y abren el camino para emprender acciones de fuerza que deslegitiman la acción reflexiva y dialogante que debe caracterizar la vida universitaria. Como académicas y académicos que formamos nuevas generaciones invitamos respetuosamente a todos los miembros del Consejo Superior Universitario y a las directivas de la Universidad a liderar acciones que busquen resolver los problemas internos por medio del diálogo, como ejemplo para un país que en una mesa de conversaciones entre diferentes, busca afanosamente la paz.

Cordialmente,

Profesores  y profesoras del Seminario Permanente por la Universidad

Mauricio Archila

Ricardo Arcos

Sylvia De Castro  

Mario Bernardo Figueroa  

Dora L. Gómez

Patricia Stella Jaramillo

Yolanda López 

Fabio López de la Roche

Carlos Miñana

Claudia Patricia Sierra

Patricia Rodríguez S

José Gregorio Rodríguez

Mara Viveros

Vera Weiler

Marta Zambrano 

egutierrez@elespectador.com

@Elbergutierrezr

El personal administrativo acusa a las directivas de incumplir los pactos de marzo que definían una hoja de ruta para buscar el reajuste salarial de unos 1.000 empleados, cuya remuneración está por debajo de la de sus pares en otras entidades públicas. La rectoría señala que dichos funcionarios incumplieron los compromisos, pues habían prometido que no volverían a bloquear los salones ni ninguna otra dependencia del campus. Basada en ese argumento, decide suspender las actividades académicas.

La Procuraduría de inmediato advierte que los funcionarios que interrumpen el libre desarrollo de las actividades en la Universidad pueden ser suspendidos. Los aspirantes a estudiar en la Nacional deberán esperar, porque el proceso de admisiones fue suspendido. Y quienes ya están matriculados podrían incluso verse afectados con una cancelación del semestre.

¿Y quién escucha a los profesores? Resulta paradójico que precisamente en el caso de un centro académico con problemas de distinta índole (desde el deterioro de varios de sus edificios emblemáticos, que hoy amenazan ruina, hasta los debates sobre el presupuesto para su funcionamiento), una de las voces que parece menos escuchadas es la de los docentes.

Aparecen las imágenes de las arengas estudiantiles, las declaraciones oficiales de las directivas y, por supuesto, la posición de los representantes del Gobierno, pero se habla mucho menos sobre la visión y las propuestas que los propios docentes, también afectados por casos como el de la actual protesta de empleados administrativos, tienen sobre lo que ocurre.

Leopoldo Múnera, por ejemplo, le escribió una carta pública a la comunidad universitaria a propósito de los bloqueos del momento. Profesor asociado de la Nacional desde hace muchos años, Múnera considera que “el bloqueo físico e institucional que están viviendo los campus de Bogotá y Palmira de la U. Nacional la debilita como institución pública y proyecto común de la sociedad colombiana”. Si bien comparte la reivindicación hecha por el Comité Promejora Salarial (CPS) en lo relacionado con la nivelación de los ingresos económicos de los trabajadores, también resalta que aprobar tales incrementos escapa a los límites de autonomía de la Universidad, a la cual le pide “construir y apoyar una solución justa”.

El incremento salarial que buscan los empleados oscila entre el 19 y el 63% y, según le dijo a El Espectador Ignacio Mantilla —rector de la Universidad— el pasado 3 de septiembre, los estudios para pedirle al Ministerio de Hacienda las apropiaciones presupuestales respectivas ya fueron realizados. “Les cumplimos, así que no sé qué quieren ahora”, enfatizó Mantilla.

No obstante, fue una decisión del propio Mantilla la que terminó exacerbando a los protagonistas de los bloqueos, cuando el 29 de agosto pasado dispuso “interrumpir el calendario académico de la sede Bogotá hasta tanto se recobre el pleno control del campus”.

¿Por qué lo hizo? Porque los empleados habían acudido una vez más a los bloqueos ante los desacuerdos que dieron al traste con la sesión extraordinaria número tres del Consejo Superior, en la que se pusieron en evidencia algunos errores en los estudios técnicos sobre el incremento salarial.

Lo que en la práctica ocurrió fue que la Comisión no se pudo poner de acuerdo y terminó presentando al Ministerio de Hacienda tres estudios con propuestas de incrementos diferentes (19%, 30% y 63%). Situación cuestionada por la ministra de Educación, María Fernanda Campo. Para su despacho, enviar tres propuestas equivaldría a dejar la responsabilidad en manos del Gobierno Nacional.

Según el Ejecutivo, la actualización de los salarios cuesta más de $20.000 millones y terminaría beneficiando a 3.000 trabajadores.

Todas estas variables han sido expuestas por los docentes en cartas públicas a la comunidad universitaria, al Consejo Superior universitario e incluso al país, aunque han tenido poca difusión.

Y no sólo exponen lo que pasa, sino que plantean alternativas como la de formar una comisión compuesta por representantes de los profesores, los estudiantes, los trabajadores y las directivas de la Universidad que decida sobre el porcentaje para el incremento de salario de los trabajadores.

O la de realizar una consulta por estamentos para que la comunidad universitaria se pronuncie sobre la conformación y funciones de sus órganos colegiados. Estas dos últimas ideas propuestas por el profesor Múnera podrían contribuir al debate y ayudar a encontrar una solución que evite la agudización de la crisis que vive la principal universidad pública del país.

(Lea la carta abierta a la comunidad universitaria)

CARTA ABIERTA AL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Ciudad Universitaria, 5 de septiembre de 2013

Estimados Consejeros:

Una vez conocido el contenido de la sesión extraordinaria No. 3 del Consejo Superior, realizada el miércoles 28 de agosto de 2013, y de leer la decisión final adoptada en la misma reunión, ratificada por el pronunciamiento del Rector Ignacio Mantilla del 29 de agosto, en el que anunciaba la decisión de “interrumpir el calendario académico de la Sede Bogotá hasta tanto se recobre el pleno control del Campus”, las y los profesores del Seminario Permanente por la Universidad no podemos salir de nuestro asombro.

En esta reunión se evidenciaron fallas en la realización del estudio técnico acordado en el acta de entendimiento con los trabajadores del Comité Pro mejora Salarial: la comisión nombrada no se logró poner de acuerdo y se presentaron tres estudios distintos con incrementos diferentes del 19%, 30% y 63%. Para enviarlos al ministerio de Hacienda se presentaron como resultado de un solo estudio con tres escenarios distintos. Esta acción fue cuestionada por la Ministra de Educación, en cuyo concepto no se debía haber remitirlo sin tomar una posición porque eso era dejar la responsabilidad en las manos del gobierno nacional. Por esta razón solicitó que quedara en el acta su desacuerdo con el procedimiento utilizado.

Lo que nos mueve a dirigirles esta comunicación no es únicamente que se hayan cometido estos errores, sino que una vez señalados, se proceda de manera incongruente. Ante esta situación les preguntamos con todo respeto a los miembros del Consejo Superior ¿cómo es que si se han ubicado esas falencias y la reticencia de las directivas para asumir una posición frente al mencionado estudio, asunto clave en el resurgimiento del conflicto, la decisión tomada por ustedes haya sido ignorar esas fallas y endosárselas a la comunidad universitaria, negándose a buscar salidas negociadas con los trabajadores, al tiempo que se toma la medida de mantener la negativa al diálogo e interrumpir el calendario académico de la Sede Bogotá, e incluso la de suspender hasta nueva orden la sesión de exámenes de admisión?

Las cifras más modestas de los estudios realizados muestran una pérdida de por lo menos el 19% en el salario de los trabajadores de la Universidad. A pesar de reconocer el carácter justo de sus reclamos, rechazamos y no podemos compartir los bloqueos como método para buscar estas reivindicaciones. Pero tampoco podemos admitir que el mismo recurso sea utilizado por las directivas para desatender a los trabajadores y para encubrir, con la interrupción del calendario y el sacrificio de las actividades universitarias, los errores que ellas mismas cometen.

Una universidad cerrada es una institución que deja de cumplir la misión histórica que la sociedad le ha confiado. El bien común, que en este caso se traduce en una universidad abierta y deliberante, es un deber de quienes lideran la institución del saber más importante de una sociedad. Por esta razón, se hace necesario reconocer que aún falta camino por recorrer en los compromisos adquiridos con los trabajadores y abrir las posibilidades efectivas para buscar soluciones.

Las expresiones de directivos y consejeros que dan por terminada la etapa del diálogo entre las directivas y los trabajadores no contribuyen a resolver los problemas, agravan la crisis estructural de la Universidad y abren el camino para emprender acciones de fuerza que deslegitiman la acción reflexiva y dialogante que debe caracterizar la vida universitaria. Como académicas y académicos que formamos nuevas generaciones invitamos respetuosamente a todos los miembros del Consejo Superior Universitario y a las directivas de la Universidad a liderar acciones que busquen resolver los problemas internos por medio del diálogo, como ejemplo para un país que en una mesa de conversaciones entre diferentes, busca afanosamente la paz.

Cordialmente,

Profesores  y profesoras del Seminario Permanente por la Universidad

Mauricio Archila

Ricardo Arcos

Sylvia De Castro  

Mario Bernardo Figueroa  

Dora L. Gómez

Patricia Stella Jaramillo

Yolanda López 

Fabio López de la Roche

Carlos Miñana

Claudia Patricia Sierra

Patricia Rodríguez S

José Gregorio Rodríguez

Mara Viveros

Vera Weiler

Marta Zambrano 

egutierrez@elespectador.com

@Elbergutierrezr