“El Gobierno debe abstenerse de asperjar”: profesor Óscar Alfonso

Entrevista con el experto del Externado que investiga las consecuencias del uso del glifosato en plantaciones de hoja de coca en el país. Uno de sus documentos sobre “la probabilidad del daño a la salud debido a la aspersión aérea” del químico que el Gobierno está a punto de reutilizar fue tenido en cuenta por la Corte Constitucional antes de aclarar el fallo que ya había emitido al respecto. Cita casos de cáncer y otras enfermedades como evidencia científica.

“La aspersión con glifosato puede acabar con años de esfuerzos científicos”: Óscar Alfonso. /Cortesía
“En mi trabajo he encontrado vínculos entre las muertes por linfoma no-Hodgkin con la aspersión realizada hace, al menos, quince años”, asegura el profesor Óscar Alfonso. / Cortesía Universidad Externado de Colombia

Como han dicho algunos críticos, ¿usted cree que la reciente decisión de la Corte Constitucional sobre el uso del químico glifosato por vía aérea para combatir las plantaciones de coca es confusa y elusiva?

Leída en su contexto, la Corte invoca la tutela 236-17 cuando alude al motivo de precaución que debe primar en las decisiones regulatorias del Estado si existe incertidumbre científica sobre el fenómeno que está en cuestión. En este caso, en cuanto a los efectos nocivos de la aspersión aérea con glifosato y su componente activo, Roundup, en el medio ambiente y la salud. En defensa del derecho al medio ambiente sano y la salud de los colombianos consignado en nuestra Carta Política, el Gobierno debe fundarse en “evidencia objetiva y concluyente que demuestre ausencia de daño”, según dice el auto. Mientras no lo haga, debe abstenerse de asperjar.

No da la impresión de que se abstendrá, si se tienen en cuenta las declaraciones del ministro de Defensa y del propio presidente. Si el Gobierno decide asperjar de inmediato, ¿cabrían demandas contra el Estado?

Creo que sí. Un antecedente reciente para tener en cuenta es la admisión, en junio de 2018, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la demanda de la familia de Janeth Valderrama, habitante de una zona rural de Solita, Caquetá, que murió como consecuencia de un cáncer menos de seis meses después de haber recibido una lluvia de herbicida lanzada por avionetas oficiales mientras lavaba ropa en un río cercano. Janeth, que estaba embarazada de cuatro meses, abortó a las 24 horas del incidente, según consta en el hospital local. Examinada la argumentación de las víctimas, es decir, su esposo e hijas, que la representan, la CIDH encontró fundadas razones para examinar la responsabilidad del Estado en la pérdida de la vida de su bebé y la suya, por haberla sometido a “toxicidad con plaguicidas”, según se lee en uno de los documentos (ver abajo agregado de la entrevista).

En la decisión de la Corte, esta también conmina al Gobierno a concluir el proceso de consulta con la comunidad de Nóvita, Chocó, sobre el uso de glifosato. ¿En qué consiste ese caso?

La tutela que mencioné antes resolvió la demanda de las comunidades residentes en el municipio de Nóvita, en materia de sus derechos al ambiente sano y al disfrute de buena salud. Por ser una población inerme afectada negativamente por las políticas de erradicación aérea de cultivos de coca, la Corte estableció que debe completarse la consulta a sus habitantes y “establecer el grado de afectación que el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato (Pecig)” causó a la integridad física, cultural y económica de las comunidades. Como el Gobierno no lo hizo en el momento indicado, incumplió los términos exigidos. Ahora se le recuerda que, antes de tomar alguna medida, debe hacerlo.

En el documento que usted escribió: “Glifosato. Ineficacia estructural y probabilidad del daño a la salud debido a su uso en aspersión aérea”, que sirvió de guía en la Corte, usted pregunta: “¿Por qué los campesinos asperjados deben sufrir de linfoma no-Hodgkin si no deben padecerlo?”. Le contrapregunto: ¿cuál es la evidencia de que hay mayor presencia de cáncer entre los habitantes de zonas asperjadas con glifosato?

En Colombia, los investigadores Groot y Ortiz advirtieron sobre el “efecto deriva” hace quince años. El estudio de Camacho y Mejía estimó otras consecuencias sobre la salud que la Corte usó como argumento en la tutela que les concede a las comunidades de Nóvita. En mi trabajo he encontrado vínculos entre las muertes por linfoma no-Hodgkin con la aspersión realizada hace, al menos, quince años. Esto porque el linfoma, como los demás tipos de cáncer, tienen un largo período de latencia en nuestros organismos.

Y ¿puede citar casos internacionales comprobados?

También hay abundante evidencia internacional: en Estados Unidos, dos fallos de las cortes, uno en el caso del jardinero Dewayne Johnson en California (que aplicaba los herbicidas Roundup y Ranger Pro en su trabajo y quien ganó a Monsanto, en 2018, una demanda de casi US$300 millones por un linfoma no-Hodgkin que adquirió), y el de Alva y Alberta Pilliod, residentes en Livermore, este de San Francisco (matrimonio en que el primero adquirió linfoma no-Hodgkin, y la segunda, cáncer cerebral, por usar durante 30 años Roundup en sus tierras y quienes recibieron en mayo pasado una indemnización de US$2.000 millones), son algunos de los más mencionados. Pero hay más.

Deme, por favor, ejemplos en otros países, si los tiene en mente.

Sí. En la corte de Lyon, Francia, el proceso del agricultor Paul François, que aspiró vapores de Lasso, de Monsanto, sigue su curso después de probar que sufre amnesia, vértigo, tartamudeo, crisis epilépticas y comas por un solvente que representa el 50 % de ese químico. El Instituto Ramazzini, de Italia, centrado en investigaciones para prevenir el cáncer, encontró evidencias de que el uso del glifosato induce la mutación de parámetros biológicos del desarrollo sexual, la genotoxicidad y la flora bacteriana intestinal.

La Corte dijo esta semana que “el Consejo de Estupefacientes deberá considerar toda la evidencia científica y técnica disponible” para minimizar los riesgos en salud, pero, de otro lado, afirma que debe “ponderar” esa evidencia frente a “la solución del problema de las drogas ilícitas...”. ¿Le parece que hay una especie de equilibrismo argumentativo?

El resguardo del derecho al medio ambiente sano y a la salud es tarea de vigilancia de la Constitución que le compete a la Corte. Ya es hora de que la palabra “toda” (la evidencia) sea entendida en el sentido de tener en cuenta los estudios previos al que aportamos, este mismo y los que provienen de investigaciones en otras partes del mundo. En cuanto a ponderar la situación frente a la solución al problema del mercado ilícito de drogas, interpreto ese llamado como una invitación al Consejo de Estupefacientes para que dé vuelta a la página y, ante la suficiencia de evidencias, no insista en la aspersión sino que busque otros instrumentos.

Usted afirma que “la aspersión aérea con glifosato es estructuralmente ineficaz” y compara con programas eficientes de otros países. ¿Como cuáles?

El caso de Tailandia, país que, en medio de su conflicto armado interno, adoptó estrategias diferentes y logró erradicar los usos ilícitos de la adormidera (heroína) en 30 años, fue estudiado por Danya Felbab-Brown. ¿Cómo? Garantizando, primero, un ingreso suficiente y estable a los cultivadores y, luego, erradicando manualmente. Aquí se hace al contrario y por ello los resultados son limitados. Sea la oportunidad para indicar que hay otras alternativas más rápidas para hacer lo que a Tailandia le tomó tanto tiempo: por vía de la industrialización es posible que los campesinos cocaleros se liberen del control de los narcotraficantes y, a su vez, que estos últimos se queden sin el insumo principal para sus negocios ilícitos.

¿Cuál es “la vía de la industrialización” de la coca?

Hace 40 años fueron identificados al menos catorce productos de uso farmacéutico derivados del alcaloide cocaína. En 2008, la Universidad de Antioquia publicó la monografía del profesor Arango, quien separó esos usos médicos y científicos en cinco grupos. En 2014, los investigadores Funayama y Cordell publicaron el libro Alcaloides, donde hacen un balance de los usos médicos de la cocaína. Colombia tiene mucho potencial para producir alcaloides con fines científicos y para afectar positivamente el crecimiento del sector farmacéutico nacional.

Usted está haciendo una investigación en esta área, en el departamento del Cauca. ¿En qué consiste??

Estudio el tamaño del mercado externo e interno de los alcaloides vegetales y de los medicamentos que se derivan de la hoja de coca y de la cocaína a fin de evaluar el potencial y tamaño de su industrialización.

¿Por qué en el Cauca y no en otro departamento?

En diferentes municipios del Cauca, desde hace muchos años, tenemos noticias de considerables avances en esa dirección en proyectos de investigación, entre los que sobresalen el liderado por Dora Troyano, desde el Sena, que se ha reproducido, entre otros, en la comunidad del corregimiento de Lerma (del municipio Bolívar), que pasó de sufrir los efectos violentos de la bonanza coquera de los años 80 a ser hoy Territorio de Convivencia y Paz.

¿Cómo consumir medicamentos infestados de glifosato si usted mismo dice que hay que considerar el principio de precaución?

Es importante advertir que, en la etapa de investigación científica, la hoja de coca debe entrar a los protocolos libres de cualquier herbicida que altere los resultados. Por ello, la hoja es cuidadosamente limpiada y tratada antes de ser sometida a los diferentes experimentos. Sea la oportunidad para decir que en la evaluación que hemos hecho, la aspersión con glifosato, al contaminar la hoja, puede acabar de un día para otro con quince años de esfuerzos científicos que se han realizado aquí. Lo que ocurre en el Cauca es realmente impresionante: los usos médicos y científicos de la hoja de coca están allí en un estado embrionario, fruto de luchas contra los narcotraficantes, contra Coca-Cola, contra los recados de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, en fin. Pero puede llegar más lejos.

¿En qué basa esta última afirmación?

En nuestras observaciones. Si Colombia hubiera sustituido por producción nacional la importación de alcaloides del año pasado —entre estas, de concentrado de paja de adormidera—, al menos el 12,9 % de las 209.000 hectáreas (con cultivos ilícitos) se habrían destinado a usos lícitos. Y el país se habría ahorrado unos US$17 millones en divisas, los empresarios farmacéuticos habrían aumentado sus ganancias, los campesinos cocaleros habrían preferido vender la hoja a los laboratorios, habría más medicamentos a disposición de los pacientes que requieren cuidados paliativos y de los que los usan para desintoxicación. Y, por si fuera poco, habría menos cocaína para los mercados de uso ilícito.

La falta de certeza sobre el eventual daño que la aspersión aérea de glifosato produciría en la salud humana puede servir de argumento tanto de los partidarios de asperjar como de los que se oponen a hacerlo. ¿Cómo tomar partido por una de las dos opciones?

Ante la incertidumbre científica, el principio de precaución tiene una larga jurisprudencia en el mundo según la cual lo pertinente es abstenerse. Ese es el mensaje para las autoridades regulatorias. Como investigador, considero que ese principio se puede complementar involucrando la teoría del “segundo mejor”. ¿Qué es esto? Si existe incertidumbre sobre las consecuencias de la decisión, es decir, si hay evidencia que indique probabilidad de daño, los recursos dedicados al glifosato deberían ser invertidos en estrategias de las cuales se sabe que hay mayor certeza de que son eficaces, incluyentes e inocuas.

Usted es crítico de la forma como se mide la reducción o el aumento del número de hectáreas cultivadas con coca y de las zonas que se escogen para asperjar glifosato. ¿Por qué?

Recientemente, Angélica Durán publicó algo en este mismo sentido en Razón Pública. El negocio cocalero, como muchos otros, es flujo y no stock (existencia de un producto). Las hectáreas monitoreadas al final de un año constituyen ese stock, como el saldo de una cuenta que durante el año tuvo consignaciones: más áreas sembradas, y retiros: incautaciones, fumigaciones y producción no confiscada. Lo que realmente importa es el flujo, no el saldo al final del año.

La alternativa de aplicar la política de sustitución de cultivos ilegales por legales es ponderada desde el punto de vista social, pero quienes la critican argumentan que es lenta y difícil de sostener en el tiempo, y que por eso termina sirviendo a intereses narcos. ¿Su estudio puede rebatir esta tesis?

El Estado debe recuperar su legitimidad y garantizar la seguridad de la población excluida. Hemos tenido noticia de la bonanza del aguacate en el estado de Michoacán, en México. No sé si haya un “cartel del aguacate”, pero si no hay presencia permanente del Estado, seguramente aparecerá. Como solución, la industrialización tiene más posibilidades, pues el sector privado pasa a ser parte de ella. Sin embargo, el Estado tiene que hacer las reformas necesarias para introducir los mecanismos de regulación social que reemplacen a los que han impuesto los narcotraficantes.

“Tenemos carácter para defender nuestros hallazgos”

El profesor investigador de la Universidad Externado Óscar Alfonso Roa, es economista, doctor en Planeamiento Urbano y Regional, ha escrito 18 libros y tiene al menos 108 publicaciones en revistas científicas. Actualmente desarrolla, en campo, una investigación sobre usos industriales y farmacéuticos de la hoja de coca y la cocaína:

Al día de hoy, ¿cuál es su evaluación de la situación colombiana en materia de combate a los cultivos ilegales: estamos en el peor de los mundos con la perspectiva inmediata de aspersión aérea de glifosato o tenemos otra salida?

Esta decisión debe contribuir a que un fenómeno tan delicado no haga parte de la agenda de polarización. En el medio académico,  muchos estamos interesados en ser parte de la solución pero se manipula nuestro quehacer para encuadrarnos como parte del problema. El peor de los mundos sería que las fuerzas del intelecto no existieran porque ahí está una fuente de salidas. No tenemos la verdad revelada, tampoco poseemos una varita mágica como dicen tenerla los señores promotores del glifosato, pero sí tenemos el carácter para defender nuestros hallazgos. También creo, firmemente, que debemos contar con mucha humildad ante el saber ancestral y la sabiduría de la naturaleza, de la que tenemos muchísimo que aprender.

“La venalidad al servicio de los laboratorios de agrotóxicos”

En el debate sobre el uso del glifosato, ¿cuánto tienen que ver “los intereses creados” y cuánto “la venalidad de funcionarios públicos y pseudocientíficos al servicio de los laboratorios que producen y distribuyen los agrotóxicos”, como usted los califica?

Los usos ilícitos de los alcaloides producen ganancias exorbitantes, muy lejanas de las magras tasas de interés de un CDT o de un apartamento en alquiler. Por eso es que hay tanta gente dispuesta a matar,  a corromperse y a vivir a la sombra del negocio. La obra de Gustavo Duncan esclarece el intrincado mundo en que los políticos locales favorecen estas conductas delictivas, a cambio de compartir, más que plata y que dar plomo, el poder.

Y, ¿los intereses de las multinacionales de químicos como Monsanto y otros?

El día del primer fallo a favor de Dewayne Johnson (paciente de cáncer), el valor de Monsanto se redujo en $11 mil millones de dólares. Con los fallos posteriores, a los que se debe sumar la prohibición reciente del uso del glifosato en Austria, su precio tiende a reducirse muchísimo más.  La multinacional Bayer (que adquirió Monsanto) afronta una considerable pérdida de su capital.

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2019-07-20T21:00:02-05:00

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Cecilia Orozco Tascón / Especial para El Espectador

Judicial

“El Gobierno debe abstenerse de asperjar”: profesor Óscar Alfonso

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