
Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La realización de una gestión personal en el Banco de Bogotá en días pasados le mostró a Daniel Álvarez Mikey que no todo lo que ocurre con el Teatro Nacional y con el Festival Iberoamericano de Teatro es transparente. Estando en la entidad bancaria, uno de los patrocinadores emblemáticos del encuentro artístico que se adelanta cada dos años en la capital colombiana, supo que se le había aprobado un crédito por dos mil quinientos millones de pesos, monto que nunca había sido consulado con él, en su calidad de miembro suplente de la Junta Directiva de ambas instituciones.
“(…) le comenté, como es verdad, que debía estar equivocada porque yo no había hecho ninguna solicitud de crédito. La gerente quedó muy sorprendida de que el Representante Legal no estuviera informado. Yo mismo no puedo sino preguntarme por qué se me oculta la solicitud de un préstamo de semejante magnitud y por qué se me relegó a un segundo plano la gestión del mismo”, dice Álvarez Mikey en su comunicación fechada con el 11 de mayo de 2016 y dirigida a William Cruz Suárez, presidente de la junta directiva.
A partir de este hecho, el hijo de la gestora cultural se adentró en la organización y examinó con lupa los estatutos dándose cuenta de que habían sido modificados en una junta efectuada el pasado 29 de abril y a la que nunca fue convocado, a pesar de su alto cargo dentro de las instituciones dedicadas a fortalecer las artes escénicas en Colombia.
“En los nuevos estatutos propuestos desaparece el cargo que actualmente desempeño, que finalmente es lo de menos. Lo realmente preocupante es que decidan concentrar todas las funciones en una junta directiva y en la gerencia que viene desempeñando el señor Guillermo Hernández. Las cuales, por cierto, son bien excesivas. Una junta y un gerente con poderes omnipotentes”, argumenta en su carta Daniel Álvarez.
Jean Claude Bessudo, Luis Guillermo Ángel, Luis Guillermo Soto, Jean Guy Moggio y William Cruz Suárez lideraron la mencionada junta del mes pasado a la que no asistió ningún funcionario. Sin embargo, en respuesta a las solicitudes de Álvarez Mikey, Cruz Suárez comentó lo siguiente: “El cargo no se elimina sino que se vuelve director de programación, para que se dedique solamente a buscar programación, y la ejecución presupuestal está en cabeza de la gerencia que le responde directamente a la junta directiva”.
Durante más de tres años Daniel Álvarez ejerció el rol de director general, además de sus funciones legales modificadas de forma estatutaria. En este tiempo se recomendó la gestación de un comité que se encargara de la curaduría de las propuestas escénicas exhibidas en las tres salas del Teatro Nacional en Bogotá (Teatro La Castellana, Teatro Fanny Mikey – Calle 71, y Casa del Teatro), pero esa solicitud jamás fue acogida por el director y de ahí que las obras propias disminuyeron tanto en cantidad como en calidad.
Luego del revuelo suscitado por la comunicación de Daniel Álvarez, que él hizo pública en sus redes, la junta directiva trató de conciliar con él para explicarle la situación y manifestarle la necesidad de modificar las directrices para ser más competitivos en el ámbito cultural, pero no recibió respuesta. Después, el mismo organismo tomó el pasado 13 de mayo la decisión de desvincularlo de sus labores legales y artísticas.
“Las instituciones culturales también tienen la obligación de modificarse y crecer. Hemos mirado desde hace muchos años estatutos de entidades culturales del mundo para asimilar mecanismos que nos hagan evolucionar porque los reglamentos tanto del Teatro Nacional como del Festival Iberoamericano ya están obsoletos. Los de Fanny (Mikey) eran vitalicios y ahora tenemos que adaptarnos para funcionar bien. Los miembros de la junta quieren ser más activos, y todos, a excepción de uno, fueron nombrados por Fanny en su momento”, cuenta Anamarta de Pizarro, directora del Festival Iberoamericano de Teatro.
La cabeza visible del certamen por excelencia de la actividad histriónica en Colombia también afirma que todo este revuelo se puede resumir en un conflicto interno de una o dos instituciones privadas, que adquirió tintes públicos a partir de la publicación de la carta de Daniel Álvarez. El acto final de esta historia está por venir, así que todavía no se puede bajar el telón.