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Una colección conformada por 402 piezas precolombinas que datan entre el 1000 AC y el 1500 DC, que se exhiben en el Museo de Arte de la Fundación Malba en Buenos Aires, Argentina, tiene en alerta máxima a la Defensoría del Pueblo.
Por medio de un comunicado, la entidad les pidió a las autoridades "verificar si el patrimonio cultural arqueológico indígena que debería estar en nuestro país" y "repatriar el patrimonio cultural arqueológico" que pertenece a los colombianos.
Son dos preguntas, principalmente, las que se hacen desde la Defensoría: ¿Cómo sacaron esas piezas de Colombia? y ¿cómo llegaron a la Argentina?
Si el objetivo del Gobierno de Colombia es recuperar las piezas precolombinas, se necesitará, básicamente, del trabajo conjunto del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Cultura.
Según el antropólogo Nicolás Loaiza Díaz, director general del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), ayer, martes 11 de febrero, se radicó en la Cancillería una solicitud para empezar el proceso diplomático.
"Aún no se ha verificado la autenticidad de las piezas. Todo está en proceso para luego proceder con las gestiones diplomáticas a las que haya lugar. El ICANH, que es el encargado del patrimonio arqueológico, debe hacer el peritazgo de las piezas arqueológicas para verificar su autenticidad y proceder con las gestiones diplomáticas en caso de que se proceda con la repatriación", explicó Loaiza Díaz.
Según el funcionario, "el proceso es largo y depende de las relaciones bilaterales".
Explica que en caso de que se inicie formalmente el trámite, "peritos expertos deben analizar las piezas. Mirar los materiales, el estado de conservación y adelantar unos análisis específicos para verificar la antigüedad y autenticidad. La producción de cerámica de artefactos de piedra tiene diferencias en el tiempo. No es exactamente que se pueda identificar los años que tiene cada elemento, sino que por medio de los estudios se determina el rango de tiempo", agregó director general del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), entidad adscrita al Ministerio de Cultural.
De acuerdo con el antropólogo Ernesto Montenegro, quien dirigió el Instituto Colombiano de Antropología e Historia entre el 2013 y el 2019, una de las dificultades del proceso que se avecina es el de poner de acuerdo a la Cancillería y al Ministerio de Cultura.
"Las dificultades tienen que ver los recursos para enviar al arqueólogo que se encargue de analizar las piezas. Aunque en mi gestión se enviaron expertos para hacer análisis similares a Italia, España, Canadá o Bélgica, siempre hubo discusión con Cancillería sobre quién debía asumir los costos. No hay muchos recursos para estos trámites", indicó.
Según Montenegro, "si hay voluntad política, el paso que sigue es crear un comité que se encargue de estudiar y declarar que esas piezas son oficialmente patrimonio de Colombia (...) primero se hace una identificación por fotografías en las que se puede concluir que las piezas estilísticamente corresponden a piezas del patrimonio de Colombia, esa identificación no es concluyente, es necesario una descripción física porque en algunos casos se encuentran artesanías que no son parte del patrimonio. Luego se envía un arqueólogo y se procede con el trámite con la Cancillería correspondiente. Si las piezas están en un Museo, quiere decir que tienen una tenencia legal. Eso implica que el trámite puede ser de oficio, pero no obligatorio para el otro país".
De acuerdo con Montenegro, el trabajo del arqueólogo que se designe para la identificación de las piezas, podría durar alrededor de una semana.
La colección D’Alessandro fue cedida a la colección de Malba por el Antonio D’Alessandro para su exhibición y estudio.
Según la página oficial de la exposisión, "el conjunto de piezas fue formado durante los más de veinte años que el Dr. D’Alessandro residió en Colombia,y como patrimonio arqueológico constituye un testimonio esencial de las actividades humanas de la América aborigen, en este caso de las culturas Tumaco, Calima, Quimbaya, Sinú, Bajo Río Magdalena, San Agustín, Nariño, Muisca y Tairona, de diversas regiones de la actual Colombia y zonas aledañas".
Sobre el trámite legal, dice la página de la fundación Malba, "estas piezas,provenientes de yacimientos arqueológicos, poseen un valor inmaterial colectivo internacional: son de dominio público inalienable, están fuera del comercio y por ello se registran en cada Estado Nacional de acuerdo a convenios internacionales de colaboración con otros países.Su preservación y su adecuada gestión son imprescindibles para permitir la investigación sobre las culturas americanas pre coloniales".
"El traspaso de esta colección de manos privadas al seno de una institución implica el reconocimiento de su importancia como patrimonio cultural invaluable que merece ser accesible a la comunidad. A partir de su cesión a Malba, el museo tiene el derecho de exhibir esta colección, estudiarla y prestar las piezas para exhibiciones temporales en el país, así como la responsabilidad de procurar su adecuada conservación,por lo que solicitó la asesoría de las arqueólogas Marina Marchegiani y Romina Spano para la autenticación, registro y catalogación de todas las piezas", agrega.
Entre las 402 piezas que integran el conjunto hay figurinas antropomorfas, instrumentos musicales, recipientes, objetos de uso cotidiano, adornos, armas y urnas funerarias. Muchas de ellas proceden de tumbas, y se estima que su antigüedad va aproximadamente desde el 1500 AC hasta la llegada de los conquistadores españoles (1500 DC).
¿Mercado negro?
La Unesco tiene un tratado al que suscriben los países que se comprometen a luchar contra el tráfico de piezas arqueológicas. Dicho tratado está firmado por Colombia y Argentina.
El Convenio de Unidoit fue aprobado por la Conferencia diplomática celebrada el 24 de junio de 1995 en Roma.
El tratado fue redactado a petición de la UNESCO con el fin de que se formulara un conjunto uniforme mínimo de normas de derecho privado en materia de comercio internacional de obras de arte para complementar las disposiciones de derecho público contenidas en la Convención de la UNESCO de 1970.
De acuerdo con documentos de la Unesco, una investigación realizada por la Cámara de los Comunes del Reino Unido en julio de 2000, el tráfico ilícito en objetos antiguos tiene un valor estimado superior a 6.000 millones de dólares estadounidenses anuales.
Diez años más tarde, en el informe de las Naciones Unidas sobre delitos transnacionales, se calculó que a nivel mundial el valor del tráfico de cocaína ascendía a 72.000 millones de dólares, el de armas a 52.000 millones de dólares y el de heroína a 33.000 millones de dólares, y que el valor de los delitos de falsificación fue de 9.800 millones de dólares y el de los informáticos de 1.250 millones de dólares. Junto al tráfico de drogas y armas, el mercado negro de objetos antiguos y culturales es uno de los comercios ilegales de mayor persistencia a nivel mundial.
Otras fuentes estiman que en 1993 las ventas de bienes culturales, legítimas e ilegítimas, realizadas en todo el mundo alcanzaron un valor de 39.300 millones de dólares. Actualmente el valor de esas ventas, que han registrado un crecimiento del 50% en un decenio y un “crecimiento sin precedentes” de las ofertas a través de Internet3 , sería de unos 60.000 millones de dólares.