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La Catedral de Manizales se convirtió en el principal foco de atención patrimonial tras el terremoto que sacudió al país este 10 de agosto. Se trata de uno de los Bienes de Interés Cultural (BIC) más golpeados por el sismo, una situación que abrió interrogantes sobre cuánto tiempo tardará su restauración y quién la financiará.
Desde el sector privado ya se anunció —al menos— un primer aporte para este proceso. El Grupo Trinity y su filial Acerías PazdelRío informaron que donarán el 100 % del acero necesario para la reparación del templo, “contribuyendo a recuperar uno de los grandes símbolos de la ciudad”.
El anuncio coincide con lo que plantean especialistas en conservación patrimonial: la recuperación de un inmueble de esta naturaleza no depende de una sola entidad. “El Ministerio podrá liderar muchas de las actividades, pero eso no significa necesariamente que los recursos vayan a salir del Ministerio de Cultura”, afirmó Diana Martínez, coordinadora del pregrado en Conservación y Restauración de Patrimonio Cultural Mueble de la Universidad Externado de Colombia.
Además de los recursos del Ministerio de las Culturas, otras fuentes de financiación podrían salir del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). “Dependiendo de la magnitud de los hechos, algunos recursos podrían destinarse al patrimonio. Durante el fenómeno de La Niña de 2010 y 2011, hubo fondos específicos destinados a la recuperación de las pérdidas del patrimonio cultural”, explicó.
Martínez señaló, además, que el Ministerio trabaja en la formulación de un Plan Nacional de Gestión del Riesgo para el Patrimonio. “Estos planes a gran escala involucran distintas entidades del orden nacional y, en algunos casos, instancias internacionales para buscar la recuperación del patrimonio”, dijo. Esa articulación, añadió, también abre la puerta a aportes privados.
El propietario tiene la responsabilidad principal
La responsabilidad de la reparación de un BIC recae principalmente sobre su propietario, aunque su condición patrimonial permite que el Estado y las administraciones locales participen en la financiación de las obras. Según explicó Martínez, en cada uno de los bienes afectados será necesario revisar aspectos como la existencia de pólizas de seguro y las fuentes de financiación disponibles, dado que este tipo de intervenciones suele implicar costos elevados.
En el caso de los templos católicos declarados Bien de Interés Cultural, Alberto Escovar, arquitecto y exdirector de Patrimonio y Memoria del Ministerio de Cultura, recordó que históricamente el Estado y la Iglesia han compartido los costos de las restauraciones.
“Por cada peso que invierte la Nación en la restauración de un bien de la Iglesia, la Iglesia suele aportar otro peso. Pero eso no significa que necesariamente vaya a ocurrir exactamente igual ahora; dependerá de la política que adopte el Gobierno”, precisó.
Ese tipo de financiación compartida —señaló Escovar— se aplicó, por ejemplo, en una intervención previa en la Catedral de Manizales, centrada en la impermeabilización del techo, que costó cerca de 3.000 millones de pesos y fue asumida por la Nación, la Arquidiócesis y la Gobernación de Caldas. “Al final, los costos son tan altos que toca hacerlo entre todos”, afirmó Escovar.
Mientras se define el alcance de las reparaciones, el Gobierno ya anunció las primeras acciones. Este 11 de agosto, el presidente aseguró desde Manizales que pidió a la ministra de las Culturas, Paola Holguín, hacer “todo lo que sea menester” para recuperar el templo. Horas después, la ministra informó que, junto con la Dirección de Patrimonio Cultural, se encuentra en monitoreo del estado de los Bienes de Interés Cultural afectados por el terremoto.
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