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Durante la pandemia, Daniel Quintero Calle, el alcalde de Medellín, encerró con carabineros, policía y vallas el barrio Sinaí, ubicado en la ribera oriental frente a Tricentenario. Lo que primero lució como un cerco epidemiológico fue tomando forma de inmunización ciudadana: paulatinamente cerró parques públicos, como el de Berrío, y desde hace casi un semestre cercó la Plaza Botero como “una medida para mejorar el tránsito de los turistas y la seguridad en el sector”. Sin embargo, la ciudadanía denuncia qué hay una privatización del espacio público en Medellín con complicidad oficial.
Un centenar de rejas hacen de perímetro en una de las plazuelas del centro de la ciudad más concurridas por habitantes, turistas y comerciantes. Este cuadrilátero metálico, con logos de la policía, tiene tres ingresos: uno por la avenida de Greiff, otro por el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe y otro por Carabobo. Las autoridades, en cada filtro, deciden a quiénes requisar y a quiénes no, como en una ruleta de segregación selectiva se reservan el derecho de admisión.
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En enero de este año, cuando Quintero Calle tomó la medida, manifestó que “los filtros de ingreso favorecieron la captura de tres personas, el decomiso de armas blancas, un arma traumática y estupefacientes”. También, que su intervención “cerró con cero delitos de alto impacto y turistas felices”. Desde lo público defendieron la idea con la promesa de reducir los índices de delincuencia, pero las posiciones entre quienes transitan o trabajan en el lugar son encontradas: mientras para unos es beneficiosa, como para quienes tienen permiso de espacio público de trabajar ahí; para otros, como migrantes venezolanos que están en el rebusque o hasta para trabajadoras sexuales, es perjudicial.
La decisión también ha generado inquietudes alrededor de si el espacio público es más oficial que público y sobre si la administración municipal prefiere favorecer a los turistas y foráneos por encima de la ciudadanía.
En la Plaza Botero es donde reposan las 23 esculturas de Fernando Botero, aledañas al Museo de Antioquia que conserva gran parte de su obra. El artista se disgustó con la medida: “He seguido con cuidado las noticias sobre la Plaza Botero, tanto aquellas que hablan de los problemas de seguridad, como estas últimas sobre su cerramiento. Por ello quiero expresar que desde siempre mi voluntad fue que este espacio fuera para toda la ciudadanía”. Quintero respondió que “a las alcaldías anteriores poco les importó el lugar”. Y escribió en sus redes: “Un millón de personas han visitado la renovada Plaza Botero entre ellos niños y turistas. Nos hemos comunicado con el Maestro para contarle como el abrazo a Botero no es un cierre sino una verdadera apertura”.
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Durante el tiempo que ha estado cercada la Plaza, organizaciones civiles han ido a manifestarse. Un día lo hicieron con fotografías de habitantes de calle en gran formato y manifiestos para denunciar que la medida era una clara arbitrariedad sobre el espacio público. El diario El País reportó, de hecho, que las trabajadoras sexuales y vendedoras de tinto enviaron un derecho de petición al alcalde. “Le exigen que explique las instrucciones que tiene la Policía para definir el criterio de ingreso a los ciudadanos, que muestre el acto administrativo que delimita la zona de tolerancia para el trabajo sexual, que expliqué qué delitos de alto impacto han disminuido en la Plaza y que revele las actas de atención social que hacen en la zona”.
Mientras Quintero Calle sigue obstinado y sin escuchar a la ciudadanía, ésta sigue con posturas encontradas. Aquí las opiniones de Laura Martínez, de Putamente Poderosas; Maria del Rosario Escobar, directora del Museo de Antioquia y Jorge Melguizo, consultor en temas de cultura ciudadana.
Esta es como una guerra sin nombre Laura Martínez Duque de PUTAMENTE PODEROSAS*
*Desde Putamente Poderosas aclaramos que no “apoyamos a prostitutas”. Nuestra organización lidera procesos de transformación social para que las mujeres y diversidades que ejercen el trabajo sexual, habiten un mundo más digno en el que sea inconcebible que un representante del Estado se refiera a una población vulnerable de forma tan lesiva, tan violenta, tan impune.
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Ada Trifiró es la politóloga y socióloga italiana autora de “Mujeres que ejercen la prostitución: una historia de inequidad de género y marginación”, un libro que aparece citado en una larga cantidad de tesis, monografías y trabajos sobre este tema que a tantas personas atrae, perturba o incomoda. Así concluye la introducción de esta obra publicada en 2003:
“Mientras la globalización de la economía y el incremento de los niveles de pobreza empujan un número siempre más alto de mujeres y hombres al trabajo sexual, en su país y el extranjero, a la vez se incrementan el rechazo y la represión. (…) Mientras disminuye en el mundo la población que tiene a su propio alcance los derechos socio-económicos básicos, se penalizan situaciones que son alternativas de vida que ofenden a la moral común”.
Escrito 20 años atrás, sorprende —entristece más bien— que la discusión alrededor del trabajo sexual, lejos de sofisticarse y humanizarse, continúa amarrada a la violenta negación de los derechos humanos de las personas que lo ejercen por decisión o por necesidad.
Nos lleva a pensar que, como grupo humano, fallamos en advertir las grietas que nos fracturan como sociedad. En un país como Colombia son los paisajes de la periferia y la marginalidad hacia donde se empuja todo lo que estorba y “afea” según el criterio de muchos y el poder de unos pocos. Trifiró también nos confronta ante una inquietud: “¿Hemos accedido a la otra cara de la realidad que los discursos políticos y los medios de comunicación siempre esconden?”
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El 8 de marzo de 2023, el alcalde de Medellín Daniel Quintero, publicó en su cuenta de Twitter la imagen de una escultura de Fernando Botero grafiteada con la consigna “por el trabajo sexual” y el siguiente mensaje: “En apoyo a prostitutas, marcha de mujeres tumbó vallas de Plaza Botero. Alcaldía las pondrá mañana de nuevo”. Fue una operación simple y efectiva, digna de las mejores estrategias de guerra. Un ataque indirecto con la capacidad de hacer muchísimo daño. Pero, ¿de qué guerra hablamos?
Exactamente el 8 de febrero Daniel Quintero publicó una video-alocución en su cuenta de Instagram en la que decía: “Cuando un país pierde su capital es igual que cuando una ciudad pierde su centro: empieza a perder la guerra. Y durante años, Medellín ha perdido la guerra del centro. Ahora, pasada la pandemia, podemos concentrarnos en ganar esta batalla. Y esto al final no es simplemente hacer cierres o poner filtros, esto es recuperar la autoridad. Pero uno tiene que, como en una batalla, crear una estrategia...”
A nadie parece inquietarlo que un dirigente se refiera a batallas sin nombre para las cuales se crean estrategias que no se explicitan. El alcalde de Medellín está librando una guerra en el corazón de la ciudad pero no sabemos para qué o contra quiénes. En la primera parte del video, explica que la intervención en la Plaza de Botero hace parte de una estrategia para “recuperar” el centro de Medellín y enumera sus muchos beneficios entre los que está “que la gente está pudiendo sacar el celular sin problema”; “que los comercios están vendiendo más y van a terminar transformados”; “que va a terminar siendo como Provenza (en El Poblado)” y enfatiza en la oportunidad gigante que supone la medida porque “los negocios de ahí van a quedar valiendo toda la plata del mundo”... La intervención que llevó a cabo la Alcaldía en la Plaza Botero supuso el cerramiento de las inmediaciones del Museo de Antioquia a través de vallas para acordonar el espacio, instalar cámaras de vigilancia, detectores de metales y establecer puestos de control para el ingreso y la salida. Como si se tratara de un gran evento privado, ahora las personas deben hacer fila para ser requisadas por los agentes de la policía que, por supuesto, se reservan el derecho de admisión.
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Los habitantes de calle ya no tienen cabida y deambulan por las zonas aledañas cada vez más deprimidas. Las mujeres, diversidades y migrantes venezolanas que ejercen el trabajo sexual cerca de la Iglesia La Veracruz quedaron arrinconadas detrás de las vallas donde son presas fáciles de la delincuencia que encontró en el amontonamiento un río revuelto. Los extranjeros y ciudadanos de “buen aspecto” pasan sin problema ni miramientos. La curva de ingreso de personas de estratos 1, 2 y 3 al Museo de Antioquia se desplomó a raíz de la iniciativa.
Si la guerra de Quintero es en contra de la delincuencia y el crimen que desbordan la ciudad, cabría recordarle que el año pasado se robaron las vallas de su primer “abrazo metálico” y que a inicios de marzo un hombre fue asesinado al lado del cerco y de todos los policías allí apostados.
Solo sabemos que la guerra del alcalde no se limita a poner filtros y hacer cierres. ¿Será que su estrategia consiste en atacar a quienes se oponen abierta y públicamente a sus medidas ineficaces, violentas y excluyentes en el Centro de Medellín? El peligro es que en la lógica de la guerra, oponente es sinónimo de enemigo. En ese caso, las organizaciones que se movilizaron en contra del cerramiento de la Plaza Pública de Botero pueden esperar represalias. O quizás no.
Puede ser que aquel trino del 8M cumpla una función ejemplarizante para todas las organizaciones que trabajan con poblaciones vulnerables del centro. Tal vez, nos recuerda que estamos en una lucha por los derechos humanos en medio de una guerra sucia que puede deslegitimar cualquier causa de un solo trino. En cualquier caso, Quintero logró diluir la discusión de fondo sobre el rumbo que toma Medellín en su afán de maquillarse sin atender sus problemáticas cada vez más graves y enquistadas.
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Es justo decir que esa guerra sin nombre que se ha ensañado con los vulnerables de siempre, no es exclusiva de esta administración. En Medellín tenemos una larga tradición de desplazamientos forzados y vallas invisibles que son como grietas. Una ciudad fracturada en nombre del progreso y el esfuerzo por esconder las miserias que afean el paisaje. El paisaje de una guerra sin nombre. Aída Trifiró nos enfrenta ante un deja vú de ciudad:
El aspecto más dramático es que estas modificaciones de los equilibrios nunca ocurren de manera ‘soft’; los conflictos y las resistencias de las personas implicadas generan mecanismos propios de la limpieza social. Durante la construcción del Metro, tal como durante la realización del proyecto Ciudad Botero, han sido denunciados asesinatos de prostitutas, niños de la calle e indigentes”.
Son intereses particulares vestidos de políticas públicas Por Maria del Rosario Escobar del Museo de Antioquia
Vemos este tema del cerramiento con mucha preocupación porque, cuando se realizó en enero, se presentó como un tema de seguridad específico para la Plaza Botero. Sin embargo, ahora cabe preguntarse si se ha convertido en una política pública de seguridad en Medellín. Una seguridad, además, muy peligrosa, porque determina una situación sobre la exclusión y sobre quién se puede considerar más o menos peligroso en el espacio público.
Un cerramiento tan generalizado enseña la complejidad del tema: ¿sobre qué poblaciones o comunidades se determina que su presencia altera la seguridad? De pronto un asunto focalizado aportaría una información mucho más clara y detallada sobre los temas de seguridad que se están viviendo en el sector.
Pero la Alcaldía sigue justificando sus acciones de acuerdo con unas estrategia de seguridad que dice implementar y que no comparte con la ciudadanía: vemos que estas vallas de la Policía también están en el Parque Lleras, las instalarán en Parques del Río y están ahora puestas sobre Junín. Estas acciones, entonces, van más allá de la Plaza Botero y hacen parte de una visión en torno a la construcción de ciudadanía y al trabajo y convivir de ciertas poblaciones y comunidades. Es lo que más nos preocupa.
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Tiene un impacto simbólico muy fuerte para la ciudadanía la forma en que se está aplicando esta medida, además, y no solo por la presencia inusual e insólita de la policía, también porque a pesar de que hemos pedido instancias de trabajo conjunto, no ha sido posible concertar.
La Alcaldía anunció que tenía unas mesas de trabajo instaladas, pero las organizaciones culturales y sociales sentimos que no es así, porque realmente ninguna de nuestras propuestas ha sido tomada en cuenta ni hemos podido constatar ningún avance sobre algunas de las peticiones o temas sugeridos. Tenemos una situación que no cambia hace meses que, en cambio, se consolida en otros espacios públicos de la ciudad y lo hacen bajo la misma visión unilateral.
La Alcaldía, ante nuestras peticiones, ha contestado que esta es una medida que beneficia al turista y que para éste, también, se están generando las condiciones de seguridad. Sabemos que muchas de esas patologías humanas y sociales que están referidas con la explotación sexual infantil y demás, están exacerbadas por la pandemia y por el tipo de turismo que está llegando a Medellín desde hace décadas. Por todo eso, es un tema que tiene que verse mucho más allá de esa visión reduccionista y, por eso, aquí no solamente estamos hablando de un tema —como se ha visto— de seguridad, sino mucho más amplio.
Hay comerciantes del sector que están contentos con la medida pero no se han sometido a ningún proceso de diálogo público, ni al pronunciamiento, ni el alcalde los ha mencionado. Me han dicho que el cerramiento de Junín está precisamente motivado por un sector de comerciantes que así lo ha querido. Esto enseña que hay unos usos urbanos de los que es importante hablar y, sobre todo, con relación a la ocupación del espacio público.
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También me llama la atención que esta medida comenzó en enero, y no en diciembre, que es uno de los meses más complejos en términos de ocupación del espacio. Pero sin duda hay una relación impuesta de la ciudadanía con este en relación con la economía, el turismo, legalidad e ilegalidad, trabajo formal e informal, de todo eso tenemos que hablar.
En Medellín nos estamos encontrando con una visión de administración pública completamente novedosa para muchos, que tiene que ver con imponer la última palabra y con un secretismo supuesto alrededor de un trabajo por el bien común y público, pero que no atiende al trabajo con las comunidades.
Lo que ocurre en el centro de la ciudad no se combate con un cerramiento, sino con verdaderos programas sociales que es de lo que más carecemos. Aquí hay unos intereses particulares revestidos de políticas públicas que están minando derechos ciudadanos.
No es una medida estúpida, es ingenua Por Jorge Melguizo, consultor, conferencista y profesor en temas de cultura ciudadana
Medidas como esta que toma Daniel Quintero Calle son coyunturales pero no estructurales. No resuelven nada y tal vez durarán poco. Así como duró poco el cercamiento anterior, pues hace año y medio este mismo alcalde lo había hecho —incluso con la paradoja de que se robaron una parte de ese cerramiento—.
Además, cercar con vallas un equipamiento cultural, un Instituto de Cultura, el Palacio de la Cultura de Antioquia, el Museo de Antioquia, la Plaza de esculturas de Botero, no tiene ningún sentido. Es una zona con un alto valor cultural que así —con el escudo de la policía, además—, por supuesto no transmiten el mensaje, ni el contenido, ni el símbolo que queremos construir.
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Es una medida ingenua. No digo ni siquiera estúpida, ingenua. Creo que se equivocan el alcalde y algunos de su equipo al pensar que va a dar resultado para contener la delincuencia o la situación de trabajadoras sexuales o las ventas ambulantes o los trabajos de los habitantes de calle. Las soluciones tienen que ser concertadas, no tomadas arbitrariamente.
Hay un asunto también importante en el cercamiento: el social y el paisajístico. Si lo que sigue, como parecen insinuar los anuncios difusos o extraños que han hecho el alcalde y los mismos secretario de Cultura y de Seguridad, es que estas vallas de la policía se podrían llegar a convertir en un cierre definitivo de la plaza y de otros lugres, pueden llegar hasta hacerlo con rejas. Ya eso fracasó en la Unidad Deportiva cuando se hizo en la alcaldía de Luis Pérez.
De hecho, Quintero Calle se comporta de manera muy parecida a Luis Pérez —y extraño no es porque han sido aliados políticos y trabajan con la misma lógica de la megalomanía y la mitomanía—. Cuando Luis Pérez hizo un cerramiento alrededor del estadio Atanasio Girardot, en su último año de gobierno en Medellín, 2003, se equivocó a tal punto que la justicia ordenó su retiro y eso, por supuesto, tuvo un costo de detrimento patrimonial para la ciudad en el año 2004.
Entonces esa medida se juzgó como mala y lo más grave fue que se demostró, como se puede demostrar ahora, que genera zonas de exclusión, zonas de control absurdo y no responde a ningún proyecto, ni plan operativo, ni plan estratégico del centro de la ciudad.
Se trata de buscar soluciones estructurales a los problemas coyunturales. Esta medida no sirve para nada.
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Por Manuela Saldarriaga
