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La producción de obras artísticas y científicas en Colombia tiene la protección de los derechos de autor, reglamentada por la Ley 23 de 1982. En este documento hay una diferencia entre los derechos morales, que se refieren a un “derecho perpetuo, inalienable e irrenunciable” que brindan al autor protección sobre las modificaciones de su obra, control sobre su distribución y un reconocimiento público de que es su creador, y los derechos patrimoniales, que son los que entran a negociación para la explotación de la obra.
“Antes de la Ley Pepe Sánchez, nosotros no teníamos el reconocimiento del derecho de remuneración por comunicación pública, lo que nos impedía cobrar. La ley permitió que el productor vendiera la obra como quisiera sin que nosotros pudiéramos oponernos, pero también garantizó que los autores pudieran seguir el éxito de su obra. Si la obra se comunica y se sigue comunicando, el autor debe beneficiarse de ello”, indicó Alexandra Cardona, presidenta de la Red Colombiana de Escritores Audiovisuales (REDES), para este diario.
Desde el 5 de abril de 2016, fecha en la que se radicó por primera vez el proyecto de ley, el movimiento contó con agrupaciones lideradas por Mario Mitrotti y Alexandra Cardona, quienes iniciaron un proceso de lobby para que les ayudaran a pasar esta ley a través de los cuatro debates en Senado y Cámara.
La presidenta de REDES comentó que apoyaron el proceso de la Ley Pepe Sánchez con campañas de pedagogía “porque tocaba hacerles entender todos los beneficios que traería y lo que nos estábamos perdiendo económicamente, tanto el país como nosotros. Además de manejar el proyecto como un interés social”.
El proceso de aprobación para la ley duró un año. Cardona y Mitrotti, entre otros, asistieron constantemente al Congreso de la República. Al ser esta una ley ordinaria, pasó por los dos debates en Cámara y Senado por unanimidad. De esta manera, el 23 de mayo de 2017 se logró la aprobación, para luego contar con la sanción presidencial el 9 de junio de 2017.
El funcionamiento
La sanción de la Ley Pepe Sánchez, llamada así en homenaje al escritor y director de novelas como Don Chinche o Café con aroma de mujer, permitió que instituciones como REDES y Directores Audiovisuales Sociedad Colombiana de Gestión (DASC) iniciaran sus operaciones como sociedades de gestión colectiva para realizar los cobros a los usuarios.
Como le explicó Cardona a El Espectador, en REDES tienen la autorización de hacer el cobro al usuario que comunica la obra audiovisual de un escritor con carácter comercial. “El usuario es quien comunica. Por ejemplo, Caracol y RCN son usuarios, pero no les cobramos por haber producido la obra, sino porque también tienen canales para comunicar”, indicó.
De esta manera las sociedades de gestión colectiva realizan el recaudo anual de las remuneraciones que se repartirán mediante los porcentajes indicados por los autores registrados en REDES. Según Yuri Alvarado Rivera, directora de declaración de obra y reparto de REDES, este reporte es necesario, ya que varias obras son escritas en conjunto, y “se tienen que repartir ese porcentaje para un total de 100 %”.
Un informe de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC) de 2024 reportó que, para el periodo de 2023, registraron un aumento del recaudo mundial de remuneración para autores en un 8.3 %, que dio como resultado un total de 700 millones de euros. Esta institución indicó que “las recaudaciones audiovisuales se encuentran seriamente limitadas por el reducido número de países, principalmente en Europa y América Latina, que conceden a los creadores un derecho irrenunciable a la remuneración”, indicando que Colombia, Chile, Argentina, México y Uruguay cuentan con este derecho, además de apuntar que están apoyando el establecimiento de esta protección legal en Brasil.
“Este tipo de leyes existen en muchos países desde hace más de un siglo, pero estábamos atrasados, perjudicando a los creadores. Dimos un gran paso, Colombia estaba dejando de recibir millones que debían entrar legalmente por el Banco de la República, pagando impuestos y fortaleciendo la economía. No solo los autores perdían, también el país”, dijo Cardona.
Para los usuarios de los materiales audiovisuales inscritos en los sistemas de estas sociedades de gestión aplican unas propuestas de tarifas, pero, aclaró Cardona, están abiertas a la negociación. En los casos de transmisiones en televisión abierta y cerrada, como para medios digitales, REDES propuso, en su reglamento de tarifas de 2023, que correspondería al 4 % sobre los ingresos asociados al uso de las obras.
Las percepciones
Alexandra Cardona, quien fue una de las escritoras que estuvo al frente del movimiento que dio origen a la Ley Pepe Sánchez, recordó que uno de los retos que encontraron al iniciar este proceso fue la falta de reconocimiento a los autores como los creadores de obras que han sido presentadas en el país.
“Las obras audiovisuales no tienen un solo autor, son un compendio. Todos merecen su crédito, por lo que tenemos un lema en casi todas nuestras comunicaciones: ‘Recuerda, te demoras un poquito más, pero siempre que hables de la obra, menciona al autor. Así haces justicia’”, apuntó Cardona.
El escritor y director Mauricio Navas Talero afirmó que el impacto de la Ley Pepe Sánchez es “inestimable”, ya que ha permitido avances en la industria, aunque argumentó que establece un mínimo de consideraciones para el derecho de autor en el país.
“Por ahora, la prioridad sigue siendo el proceso de ingreso, la asociación y el cumplimiento de la ley en cuanto a los derechos de los autores. Todavía hay mucha atención en estos aspectos y no estamos llegando del todo a lo esencial, que es realmente abordar la política que afecta al autor”, dijo Navas Talero para El Espectador, quien aseveró que una de las complicaciones existentes en la industria audiovisual para el guionista radica en los contratos, que tienden a que el autor venda los derechos a perpetuidad en los medios existentes y por existir. “En Estados Unidos, México y otros países del primer mundo se habla de una licencia por 15 o 20 años. Después de ese tiempo, las empresas que pagaron lo acordado ya no tienen los derechos y la obra regresa al autor”, dijo.
Cardona expresó, además, que estos movimientos son procesos históricos y que como antes del grupo que impulsó esta modificación al artículo 98 de la Ley 23 de 1982, existieron otros que lograron “conquistar otros derechos”. “Vendrán otros, pero ya hemos sembrado cosas importantes”, concluyó.
Por Pablo Marín J.
