El lugar del periodismo en el proyecto de la Ley General de Cultura

La Comisión Sexta de la Cámara de Representantes aprobó este 10 de junio el primer debate del proyecto que busca fortalecer la Ley 397 de 1997, mejor conocida como Ley General de Cultura. En esta primera discusión, los representantes pertenecientes a la Comisión permitieron el avance del proyecto, que incluye una serie de modificaciones, propuestas y ajustes al marco normativo actual. Con esta aprobación, la iniciativa  pasa ahora a su segundo debate.

Uno de los planteamientos del proyecto es el reconocimiento del periodismo como una labor cultural. La ley plantea que quienes ejercen labores periodísticas sean reconocidos como agentes culturales, incluidos y amparados junto a artistas, cultores, sabedores, gestores, artesanos, educadores, comunicadores, mediadores, profesionales de las artes y del patrimonio, así como colectivos, organizaciones sociales y comunitarias, víctimas del conflicto, firmantes de paz y líderes sociales, entre otros. De aprobarse, tendrían acceso a estímulos, incentivos y políticas de protección.

La ruta comenzó hace unos cinco años cuando comenzaba a construirse el Plan Nacional de Cultura —lanzado en 2023—, explicó Alberto Sanabria, coordinador de Gobernanza y Políticas Culturales del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. “Más de 90.000 personas participaron en esa consulta nacional, muchas a través de mensajes de voz enviados por WhatsApp”. De ese ejercicio de escucha masiva surgieron temas que hasta ahora no habían sido centrales en la legislación cultural del país: biocultura, cultura viva comunitaria y la comunicación y el periodismo.

“Fue ahí donde comenzaron a aparecer enfoques que luego se incorporaron en la ley”, continuó. El proyecto de ley tuvo como base, además, los insumos recogidos en el Plan Nacional de Cultura. 

El equipo elaboró un primer borrador que sirvió de base para abrir el diálogo con distintos sectores; durante 17 encuentros regionales, realizados tanto en capitales como en territorios históricamente marginados, se escucharon necesidades y propuestas. “Estuvimos en Barranquilla, Medellín, Leticia, San Andrés, Tumaco, Pueblo Nuevo… Era importante llegar a esos lugares para escuchar lo que no se había escuchado”, contó.

Además del trabajo territorial, hubo reuniones sectoriales con representantes de museos, bibliotecas, salas de teatro, industrias culturales como el libro y el cine, entre otros. El resultado es un proyecto que sigue en construcción y reúne modificaciones en cada nuevo debate legislativo.

Reconocer al periodismo en la política cultural

Gonzalo Castellanos, quien trabajó como asesor conceptual independiente durante la creación del proyecto, dijo que el propósito de este nuevo impulso legislativo no es reemplazar lo ya existente, sino fortalecer lo construido: corregir desequilibrios, eliminar barreras burocráticas y ampliar el alcance de la ley para integrar a sectores tradicionalmente excluidos del sistema cultural. “En el caso del sector del periodismo, se llevaron a cabo encuentros con medios comunitarios y con consejos del sector para discutir su rol dentro del marco cultural. Se coincidió en que cumple una función fundamental en la promoción de los derechos humanos y de los derechos culturales”, afirmó Castellanos. 

Al leer el proyecto de ley no hay lineamientos específicos para todos los sectores, sino más bien una intención de inclusión bastante amplia. Para él, la dimensión generalista del proyecto de ley no debe interpretarse como una exclusión. “Es una ley general de cultura, con muchos sectores, y todos quisieran verse mencionados”, señaló, a su vez, Sanabria. Recuerda que cuando surgió el reclamo por la ausencia del cómic en el primer borrador del Plan Nacional de Desarrollo, se corrigió y se incluyó, pero advierte que no se puede esperar lo mismo con cada género o expresión: “Ya si nos dicen: ‘¿y por qué no está la novela negra?’, nos queda imposible”.

Con más de 80 artículos en discusión, cada uno con potencial de encender debates en el Congreso, el enfoque del texto es abarcar de forma amplia y representativa, aunque no exhaustiva. “La sola mención en un artículo ya permite que un sector haga parte de los sistemas de portafolio, y eso ya es una ganancia enorme”, explicó. De hecho, dijo que hay propuestas de otros sectores —como el del cómic— que querían añadir nuevos artículos, pero el margen ya no lo permite. El equilibrio, insiste, está en asegurar que todos los agentes están tácitamente incluidos, aunque no todos sean nombrados uno por uno.

Así, la ley abre la posibilidad de que el periodismo sea reconocido como un actor cultural y, en consecuencia, quede cobijado por el sistema de estímulos y mecanismos de apoyo previstos en la legislación. Esto se fundamenta en el mandato constitucional de respaldar las actividades culturales.

Marta Ruiz, periodista y contratista del Ministerio de las Culturas en 2024, participó en las discusiones iniciales del proyecto de ley, en un momento en el que se contemplaba la creación de una Dirección de Comunicaciones que finalmente no se concretó. Durante ese tiempo, se discutieron los primeros borradores del articulado, y Ruiz insistió en la necesidad de incluir a los periodistas dentro del enfoque cultural de la ley.

Para ella, todo periodismo es cultural en la medida en que la información constituye una base sobre la cual se construye la cultura. El periodismo participa activamente en la creación de narrativas, en la construcción de diálogos de saberes, en la configuración de imaginarios colectivos y en la transmisión del sentido común de una sociedad.

Hablar sobre –y desde– los medios comunitarios y alternativos

Omar Vera trabaja para la Unidad Solidaria, un instituto del Gobierno adscrito al Ministerio del Trabajo que promueve la asociatividad dentro de las economías populares. En ese marco, existe un programa específico de fortalecimiento a los medios alternativos, comunitarios y populares del país, llamado “Red de Comunicación Solidaria”. 

Actualmente, esta red agrupa a más de 1.151 medios organizados en once redes regionales que cubren todo el país. Según explicó, estos medios permiten el fortalecimiento de la libertad de expresión en los territorios, promueven la diversidad informativa, visibilizan la economía solidaria como un modelo económico alternativo y trabajan por el fortalecimiento gremial del sector.

Para él, uno de los puntos centrales es que el proyecto no se limite al financiamiento puntual, sino que impulse una política estatal robusta para el fortalecimiento del ejercicio comunicativo. “No se trata de becas o goteos de apoyo puntual, sino de una política estructural de desarrollo cultural desde la comunicación alternativa”, subrayó.

Vera insistió, también, en la urgencia de garantizar condiciones materiales mínimas para los medios comunitarios y alternativos: “conectividad en territorios apartados, acceso a tecnología, condiciones regulatorias adecuadas”. Todo esto, advirtió, no puede recaer únicamente en el Ministerio de las Culturas: “Requiere del compromiso de otras entidades del Estado y del acompañamiento de organizaciones sociales. La construcción del proyecto de ley debería tener en cuenta esas dimensiones para el resultado final”.

“El Estado tiene una deuda histórica con el sector de la comunicación independiente, alternativa y comunitaria. Esta Ley de Cultura representa un avance pequeño pero importante en términos legislativos. Es valioso que se reconozca la existencia de estos medios, que suelen operar en condiciones de desigualdad frente a otros. Lo poco que existe son ‘reconocimientos’ muy técnicos en algunas disposiciones ministeriales, pero están desactualizadas frente a una realidad donde la digitalización ha multiplicado las expresiones de comunicación alternativa. Estos medios cubren territorios donde muchas veces no hay otra oferta informativa”, aseguró Vera. “Nos enfrentamos al gran reto de garantizar que el derecho a fundar medios, consagrado en el artículo 20 de la Constitución, se pueda ejercer en condiciones reales, con protección, recursos y garantías”.

A lo señalado por Vera, se suma el exministro de Cultura y periodista Juan David Correa, quien asevera la importancia de reconocer a los medios comunitarios y alternativos en el contexto actual del país como actores fundamentales en la construcción de un sistema comunicativo más equitativo y territorialmente diverso. “Colombia es un país muy grande que no está cubierto en su totalidad por los medios empresariales con sede en Bogotá, Cali, Medellín y uno que otro en Barranquilla”.

Además, Correa habló de la necesidad de crear y fortalecer redes de medios comunitarios y emisoras, en cumplimiento con los compromisos adquiridos en el Acuerdo Final de Paz. “El país ya las tiene, atendiendo, además, el llamado del proceso de paz que firmó el gobierno de Juan Manuel Santos como parte contratante del Estado, y en el que prometió entregar emisoras comunitarias a los firmantes. Hasta ahora se han entregado, creo, 16 emisoras de paz, pero falta mucho”, señaló.

Lo que sigue en el camino legislativo del proyecto

Según explicó Castellanos, tras la aprobación en primer debate por parte de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, el siguiente paso será el debate en plenaria de la Cámara. “Eso ya depende de las mesas directivas —del presidente y del secretario—, quienes definen los turnos según la cantidad de proyectos en espera. Nosotros aspiramos a que se agende pronto, aunque todavía no hay una fecha definida”.

Una vez aprobado en plenaria, el proyecto pasará a la Comisión Sexta del Senado; de superar esa etapa, la iniciativa llegará a la plenaria del Senado para su último debate. Si logra la aprobación, se procederá a la conciliación entre los textos de Cámara y Senado, tarea que lideran los equipos legislativos de los congresistas ponentes, con acompañamiento del gobierno como invitado técnico.

“Después de la conciliación, vendrá la sanción presidencial. Nuestra meta es que todo este proceso se cumpla antes del 20 de junio de 2026, cuando termina la próxima legislatura”, explicó Sanabria. No obstante, advirtió que será un periodo legislativo difícil, pues coincide con el último año de gobierno y la intensificación de las campañas políticas, lo que podría afectar el quórum necesario para avanzar en los debates.

En medio de una discusión legislativa amplia, que intenta reconocer la diversidad y complejidad del ecosistema cultural, la frase del exministro Juan David Correa pone sobre la mesa lo que, para él, es un tema pendiente en el sector: “Creemos que en este país los periodistas necesitamos tener un estatuto, una manera de existir mucho más digna y con mucho más sentido de profundidad cultural que de asunto transaccional y comercial”.