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“El Museo no acepta una demanda que no se aviene con la vocación de servicio de nuestra institución, ni con el interés del público al que se debe”, expresó la institución en un comunicado frente a la petición de un grupo de artistas críticos del gobierno cubano de retirar sus obras del lugar. El Museo de Bellas Artes, que permanece temporalmente cerrado al público por la pandemia, asegura que ha usado fondos del presupuesto estatal para adquirir obras de creadores cubanos de todas las generaciones y tendencias, entre ellas las de los artistas contestatarios. Argumenta a estas obras se les da “un uso legítimo y provechoso para la ciudadanía” y que “ninguna coyuntura ajena al campo museal puede pretender violentar este proceder museológico”. Esta nota de Bellas Artes responde a la demanda de un grupo de artistas contemporáneos cubanos, entre ellos Tomás Sánchez, Marco Castillo (exintegrante de Los Carpinteros) y Tania Bruguera.
A un grupo inicial de ocho firmantes se fueron sumando más artistas a lo largo de la semana, teniendo un total de 24 gestores, así como la Fundación Amelia Peláez, que por carta exigen al museo que se cubran sus obras exhibidas en las salas de exposición permanentes y temporales, así como que se retiren las que tienen en su página web. También plantearon tres demandas: la liberación del artista opositor Luis Manuel Otero Alcántara (declarado “preso de conciencia” por Amnistía Internacional), el acceso a sus allegados para comprobar su salud, y la eliminación del “cerco policial” al que el Gobierno lo somete.
Según el abogado Eloy Viera, la legislación cubana no recoge el derecho de retracto y no existe jurisprudencia en un caso como este, por lo que los autores tienen difícil sentar el precedente de lograr la ocultación o la retirada de sus obras del museo.
Luis Manuel Otero Alcántara, de 33 años, fue internado el 2 de mayo en el hospital Calixto García de La Habana, tras una semana en huelga de hambre. Desde entonces, permanece incomunicado sin poder realizar llamadas telefónicas, conectarse a internet o recibir visitas de su pareja y amigos. El colectivo de artistas ha sido en los últimos meses el más contestatario contra el Gobierno cubano, al que acusan de no respetar la libertad de expresión y acallar a las voces críticas con tácticas represivas, tales como la vigilancia policial, los actos de repudio, las detenciones arbitrarias y los arrestos domiciliarios sin haber cometido delito alguno. El Gobierno cubano, por su parte, considera que los artistas críticos son “mercenarios” pagados por el Gobierno de EE.UU. para subvertir el orden en la isla.