En diciembre de 1970, Michel Foucault pronunció en el Colegio de Francia su lección inaugural, El orden del discurso, título que retomamos aquí. Foucault advertía que los discursos no son caprichosos sino todo lo contrario: coercitivos, marcos de poder y ante todo, fundamentos de la realidad. Las palabras y sus silencios no solo forman parte de la realidad: también la configuran.
El pasado 15 de octubre, en el Claustro de Santa Clara, el señor presidente Abelardo de la Espriella anunció una lucha abierta y frontal contra el wokismo. Sin embargo, su afirmación no se refiere a una ideología en sí misma, sino a quienes él considera sus representantes. El presidente nos anuncia el regreso a unos valores suspendidos en el tiempo que no pertenecen sólo a una generación. Lo que se invoca es una mirada tradicional que niega la pluralidad y desconoce los movimientos sociales que han configurado otros relatos de nación. ¿Qué linaje invoca y quiénes quedan fuera de él?
Cuando hace referencia a eliminar las imágenes que glorifican la violencia y lo hace desde el Claustro de Santa Clara, se olvida de la pluralidad de prácticas religiosas, creencias y espiritualidades de nuestro país, y desconoce la relación del Claustro con el arte contemporáneo. Colombia, si bien es una sola palabra, su potencia radica en que abarca miles de dimensiones de vidas, territorios, y linajes. El Señor Presidente nos deja saber que irá tras unas imágenes que no se ajustan a su idea de realidad, y específicamente a cierto tipo de violencia -¿cuál es la que él legitima? -, y nos ofrece como garantía de la nueva tarea patrimonial al recién renombrado ministerio de la cultura y el patrimonio. Preguntamos entonces [a] la nueva generala, como él llama a la ministra Paola Holguín, ¿en qué se configura el recién nombrado ministerio de cultura y patrimonio?. ¿Será el ministerio el censor del gobierno, árbitro de lo que se mira y cómo se mira?
El presidente repite la expresión «el régimen anterior», construyendo un adversario que opera como chivo expiatorio. Pero el problema de fondo no es una confrontación entre gobiernos. Lo que está en juego es la memoria misma: las luchas sociales que han ampliado el reconocimiento de derechos, identidades y ciudadanías culturales en Colombia. “Corregir la historia” desde una mirada centralista desconoce los procesos de construcción social que han fortalecido las ciudadanías actuales y la convivencia de actores diversos. Lo que preocupa es la militarización de la representación, la expresión y la diversidad.
Las artes no son instrumento de un ningún gobierno: son apuestas democráticas, ejercicios de imaginación política con los que una sociedad configura sus relatos de nación, y vincula patrimonios y diversidades como apuestas de soberanía. Gobernar la cultura no es imponer el juicio estético de quien ocupa el poder ni pasar por encima de los saberes que hacen de Colombia una potencia cultural. Las memorias se confrontan en lo público; no se retiran de las paredes. La censura cierra el diálogo y reabre una lógica que el país ya conoce.
La pregunta no es solamente qué historia se pretende corregir, sino quién tendrá el poder de contarla y a quiénes se pretende silenciar.
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