El sector cultural en defensa del Grupo Sura

Álvaro Restrepo (izquierda), Ana María Cano, Lucía González y Jesús Abad Colorado hablaron en defensa de la gestión cultural de Sura.

Foto: Archivo El Espectador

“El Noticiero Suramericana”, responde Ana María Cano, periodista y editora, cuando le pregunto sobre la relación del Grupo Sura con el sector cultural. “Ese es mi recuerdo más antiguo de la responsabilidad social empresarial que Sura ha tenido en el país. Hace 50 años no había sino dos canales nacionales en el país. Imagínate un país muy escasamente informado y ese noticiero no era de temas de seguros, sino que la Compañía Suramericana de Seguros, como se llamaba antes, lo patrocinaba para preservar toda la independencia periodística posible”. Recuerda también la publicación por capítulos de la historia de Colombia en suplementos dominicales que luego se convirtieron en tomos que terminaron en las bibliotecas públicas de Medellín y la pinacoteca que funcionó desde 1972.

Cano es una de las 41 personas que, el pasado 16 de noviembre, firmaron la carta titulada “Palabras del sector cultural a la opinión pública”, en la que expresan su descontento con respecto a la coyuntura que atraviesa el Grupo Sura. Entre ellos se encuentran el fotoperiodista Jesús Abad Colorado, el escritor y poeta Juan Mosquera Restrepo, la Fundación La Cueva y la Fundación Museo de Arte Moderno de Barranquilla. “Queremos llamar la atención de autoridades y ciudadanos sobre las formas hostiles en que está siendo atacada una Compañía que ha sabido ser justamente esto: compañía”, se lee en el documento, en el que agradecen a la empresa por su contribución a la gestión cultural y a las manifestaciones artísticas. “Queremos invitar a los que recién llegan como accionistas a demostrar respeto y compromiso con el enorme capital humano que ha hecho grande, incluso más allá de números, al Grupo Sura y a la sociedad que crece a su lado”, continúa.

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Esta no es la primera vez que el sector cultural se pronuncia en el marco de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de JGDB Holdings, del Grupo Gilinski, por el Grupo Sura. En enero de este año se dio a conocer la “Carta a Sura, amiga del país y la cultura”, firmada por personajes como la escritora Velia Vidal y la gestora cultural Marta Elena Bravo, y por instituciones como el Museo de Antioquia, el Jardín Botánico de Medellín, el Museo de Arte Moderno de Bogotá y el Museo La Tertulia de Cali.

“No se trata de que Sura se haya apersonado de hacer un impulso de la cultura como la gran contribución social que una empresa está llamada a hacer, sino que es un asunto muy antiguo y que obedece probablemente a las cabezas que concibieron a Suramericana como una entidad de largo aliento, no como una empresa que mira solo hacia el rendimiento económico”, afirma Ana María Cano. Ella, como otros de los firmantes, asegura que el compromiso con la cultura es y siempre ha sido parte del ADN del Grupo Sura. María Mercedes Barrera, directora de la Fundación Sura en Colombia, dice que este surgió “primero desde la compañía, en 1970, y luego la fundación heredó esa visión. “Sin duda hay recursos que invertimos en ese apoyo, pero la gestión los trasciende y tal vez el dinero termina siendo lo menos importante que hacemos como compañía y fundación. Nos enfocamos en proyectos y procesos de formación y desarrollo de las capacidades, en pensar nuevas formas para que las organizaciones culturales lleguen a nuevos públicos”, afirma.

Es el cambio de ese ADN, por parte de los nuevos accionistas, lo que en este momento genera preocupación en estos personajes del sector cultural. Hacen énfasis en que el apoyo cultural para esta compañía no es un asunto nuevo ni responde a una moda. “Sura ha sido un soporte vital, constante e incondicional”, dice Maria Patricia Marín, gestora cultural desde hace tres décadas. “Lo que nos está generando mucha tristeza y algo de preocupación se resume en que si este ADN llegase a cambiar tendría unas consecuencias incalculables para los ciudadanos, que pierden un motor de transformación”. Álvaro Restrepo, bailarín y gestor cultural, añade que al malestar se suma la forma cómo se ha dado el pulso desde el Grupo Gilinski. “Tenemos miedo de que estas maniobras que se están haciendo no se hagan con la mayor transparencia, que haya una especie de revanchismo. Las personas del sector se sienten atemorizadas y amenazadas frente a los cambios que se avecinan”, asegura el cofundador del Colegio del Cuerpo, aliado del Grupo Sura. “Durante la pandemia fueron nuestro soporte más importante y en este momento están apoyando la construcción de nuestra nueva sede a las afueras de Cartagena. Ellos entienden perfectamente la ética y filosofía de nuestra institución”.

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Jesús Abad Colorado resalta además la confianza y respeto por el ejercicio del periodismo. “Se han caracterizado en ese sentido. A mí desde el 2015 me invitaron a exponer allá en la sala de arte de Sura y la vine a montar en 2018. Nunca me dijeron qué podía montar y qué no, un respeto absoluto. Luego me apoyaron también para que los libros de El Testigo salieran adelante. Ellos ni ninguno de quienes lo hicieron posible me preguntaron qué iba a decir”. Tanto él como Ana María Cano resaltan un nombre en común: Nicanor Restrepo Santamaría, fundador y presidente del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA). “Cuando lo conocí en 2001 yo ya tenía una referencia de él como un hombre que le apostó a los procesos de paz desde la época de Belisario Betancourt”, afirma el primero. “Se jugó seguridad personal haciendo un papel de negociador. La suya se trata de una mirada de la cultura como la gran expresión de la sociedad, como el ingrediente sin el cual un país no puede tener ni futuro ni pasado ni presente”, complementa la segunda. Abad Colorado destaca que el GEA incluso compró tierra en la región de Urabá para los proyectos de los firmantes de paz, de los que “se ha beneficiado gente de la región del occidente antioqueño y, concretamente, del Urabá”.

A los 41 firmantes se han ido sumando otras figuras en los últimos días, entre ellos, Jaime Abello Banfi, director general de la Fundación Gabo, y Lucía González, ex comisionada de la Comisión de la Verdad y ex directora del Museo Casa de la Memoria en Medellín, quien escribió y divulgó el texto “Hay que decirlo: el respeto a los bienes comunes es un imperativo ético y político.”, en el que asume “la responsabilidad de decir que la destitución material y simbólica del GEA nos afecta porque en esta toma hostil, nos despoja de un ejemplo de “‘buena empresa’” e invita a la movilización. En conversación con este medio, al igual que Abad Colorado, González hizo referencia a las recientes declaraciones de Daniel Quintero, alcalde de Medellín, en entrevista con la Revista Semana, con respecto al conglomerado empresarial. “No es cierto lo que está instalando el alcalde con relación con el GEA. Nunca han cooptado poder ni rentas, han participado siempre en los procesos de paz, en la lucha contra el narcotráfico y en abrir espacios para los jóvenes en las comunas, siempre hemos podido contar con ellos”, aseguró.

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