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Una coalición conformada por veintiún fiscales generales de EE.UU., de estados como Nueva York, California o Massachusetts, presentó este viernes una demanda contra la Administración del republicano por “desmantelar” agencias federales cuyos fondos iban destinados en parte a financiar bibliotecas y museos públicos en todo el país.
“Las agencias que intentan desmantelar proporcionan fondos para ayudar a empresas propiedad de miembros de alguna minoría y también garantizan que nuestras bibliotecas y museos públicos permanezcan abiertos para que los niños tengan un aprendizaje permanente”, dijo la fiscal general de Nueva York, Letitia James, hoy en un comunicado.
En marzo, la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, emitió una orden ejecutiva para acabar con tres agencias federales creadas anteriormente por el Congreso y cuyos programas destinan, según esta coalición de fiscales, “cientos de millones de dólares” en distintos programas.
Entre las agencias que planea destruir Trump, dentro de su plan de recortes masivos en los organismos federales impulsado por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), a su vez liderado por Elon Musk, está el Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas (IMLS), que apoya a este tipo de centros mediante subvenciones y ayudas para proyectos de investigación.
En 2024, IMLS invirtió 180 millones de dólares en bibliotecas de todo el país a través de su Programa de subvenciones a los estados, según la demanda.
“Nueva York recibió más de 8 millones de dólares, que ayudaron a financiar programas de alfabetización para niños y adultos, capacitaron a más de 200.000 empleados de bibliotecas en las 7.000 bibliotecas de Nueva York, mejoraron el acceso a internet en las bibliotecas y pagaron los salarios de dos tercios de los empleados de la Biblioteca Estatal de Nueva York”, de acuerdo al comunicado de la fiscal general James.
La coalición de fiscales argumenta que la orden ejecutiva de Trump viola la Constitución y la Ley de Procedimiento Administrativo, al eliminar los programas de las agencias sin tener en cuenta las normativas y regulaciones que rigen cada fuente de financiamiento federal.
La demanda está liderada por la fiscal general de Nueva York y los fiscales generales de Rhode Island y Hawái, y a ellos se sumaron los de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Vermont, Washington y Wisconsin.
Por EFE
