Historia de una ley en tablas

Por fin, luego de dos años de ires y venires, y tras resolver las objeciones del Gobierno, la Corte Constitucional le ha dado el sí a la Ley del Teatro. Fruto de un tire y afloje entre el Ejecutivo y la la oposición, la Ley ve la luz como el soldado después de la guerra: orgullosa y feliz, pero herida y menguada.

"Es una herramienta que va a hacer que el Gobierno y el Ministerio de Cultura apoyen al teatro de manera oficial y presupuestal. También va a estimular a los grupos, incentivar la producción teatral, sobre todo la nacional, que era una de las críticas en todos los congresos de teatro", afirma el representante a la Cámara Venus Albeiro Silva, fundador del grupo de teatro Chiminigagua, y ponente de la Ley.

La Ley de Teatro Colombiano reúne una variada reglamentación en torno a la formación, práctica, promoción y difusión de las artes escénicas en el país. Tras su promulgación, quedará oficializado el Programa de Salas Concertadas -programa del Ministerio de Cultura que apoya financieramente a 80 salas en el país- que, según el representante Silva, "dependían de la buena voluntad del mandatario". Desde ahora, las salas contarán no sólo con el apoyo presupuestal del Ministerio de Cultura (que viene realizándose desde 1990), sino con el apoyo económico de los municipios y departamentos donde se encuentran las salas.

La Ley también crea el Festival Nacional de Teatro, que se llevará a cabo cada dos años con presentaciones previas en municipios, para luego terminar en un "gran Festival Nacional en una ciudad del país". Así mismo, establece la Escuela Nacional de Arte Dramático, que queda en manos del Ministerio de Cultura, y la cátedra escolar de teatro, que deberá ser implementada en menos de un año por el Ministerio de Educación en escuelas y colegios públicos.

Por último, la Ley de Teatro fija un sistema de estímulos y apoyos a artistas del sector, formalizando que aquellos maestros reconocidos nacionalmente puedan acceder a un seguro de vida, uno en salud y un auxilio funerario. Además de estímulos monetarios adicionales a Festivales de Teatro de amplia trayectoria como el Festival Latinoamericano de Teatro de Manizales y el Iberoamericano de Bogotá, entre otros.

Esto no es una ley del cine

Pese a que cuenta con el beneplácito de miembros prominentes del sector teatral, y que fue socializada en más de 20 ocasiones en todo el país, el proyecto contó desde su nacimiento con innumerables críticas (que aparecen en un pliego de objeciones presentado por el Ministerio de Cultura en 2006), que van desde un excesivo centralismo, un aire nacionalista, parcializado, y desconocedor de las políticas con respecto al sector. Grosso Modo, aquí el Ministerio cuestionaba la pertinencia de reglamentaciones desarticuladas de la Ley General de Cultura.

Sin embargo, el verdadero talón de Aquiles y además de manzana de la discordia, fue el Fondo de Teatro, figura que la Ley había contemplado en su primera versión, y que buscaba obtener la financiación directa, tal como existe en la exitosa Ley de Cine.

Pero, como explica Clarisa Ruiz, cabeza de la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura, la Ley no viene equipada con fondos propios. "No es equiparable a la del cine ni a la del libro ni a la del teatro en Argentina. No tiene una fuente definida de recursos, como puede ser la que se estableció para financiar el cine, o las exenciones (tributarias) que recibe el libro, o los recursos provenientes de la publicidad y las comunicaciones que recibe la Ley argentina", sostiene la funcionaria.

La eliminación del fondo ha generado un profundo sinsabor. "La Ley es una necesidad del sector, y la apoyamos", dice Octavio Arbeláez, director del Festival de Teatro de Manizales, "pero es una Ley sin dientes. No hay forma de mantener recursos propios, entonces, termina siendo un saludo a la bandera", concluye.

El teatro aún depende profundamente de la ayuda estatal. Es un sector que con dificultad produce recursos suficientes para autosostenerse. De ahí que muchos consideren que la ausencia del Fondo le quita toda viabilidad práctica a la Ley.

Por su parte, Venus Albeiro Silva afirma que el Fondo se había concertado con el Ministerio de Hacienda con fondos de tres fuentes: el Fondo de la Televisión Pública de la Comisión Nacional de Televisión, ya que es en el teatro donde se forman parte de los actores que saltan a la pantalla chica; en segunda instancia, el Fondo de Solidaridad Pensional (creado por la Ley 100 de salud y que incluye a los artistas como parte de sus beneficiarios); y un fragmento del impuesto a la telefonía celular.

Sin embargo, antes de llegar a la Corte Constitucional, el Gobierno la objetó argumentando que el Congreso no podía imponerle la creación del Fondo sin solicitud del Ejecutivo. Por esto, la Corte declaró que la Ley con Fondo era inconstitucional, pues el Gobierno debía solicitarlo.

"La ley no fue concertada entre el Legislativo y el Ejecutivo. Creo que es urgente que avancemos juntos con el sector teatral en este sentido", afirma Ruiz, como representante de Mincultura. Por su lado, el representante Silva, dice que la objeción a la Ley fue un "cobro político". "En pleno debate de la reelección, fue una retaliación del Gobierno porque el proyecto era de alguien de la oposición", sostiene.

Pero no se llora sobre la leche derramada. Y si hay algo claro es que tras la entrada en vigencia de la Ley, le corresponde al Ministerio y al sector teatral seguir refinando los lineamientos que dan vida al teatro en Colombia. ¿Cómo lograr ahora un fondo que apoye al sector con eficiencia y competitividad? ¿Cómo transformar en empresas culturales las precarias estructuras administrativas de los grupos y ganarse un público fiel? En conclusión, ¿cómo realizar el sueño de una industria teatral a la altura del talento colombiano?