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Luego de que el Gobierno mexicano demandara al youtuber estadounidense, MrBeast, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) determinó que los permisos otorgados al creador de contenido serán reservados, que permanecerán confidenciales hasta 2030.
Esto ocurre después el INAH encontrará culpable a MrBeast de violar los términos que le habían concedido para realizar el documental MrBeast, me pasé 100 horas explorando la selva maya. En este video aparecen zonas arqueológicas como Chichén Itzá, Calakmul, Becán y Chicanná.
La INAH argumentó que James Stephen (nombre de pila del influencer) abusó de la buena voluntad institucional, ya que en el mismo momento que rodó su documental también grabó videos promocionales para diferentes marcas, entre ella su línea de chocolates, Feastables.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) declaró como reservada la información sobre los permisos concedidos al creador de contenido, según reportó El Universal. La decisión se sustenta en que actualmente existe un procedimiento administrativo en trámite relacionado con este caso, lo que, de acuerdo con el Instituto, impide hacer públicos los documentos sin generar posibles “resultados perjudiciales” para la propia institución.
En ese sentido, y conforme a lo establecido por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el INAH determinó que los detalles de los permisos permanecerán clasificados por un periodo de hasta cinco años. Esto implica que dicha información podría mantenerse bajo reserva hasta el año 2030, lo que ha generado inquietudes sobre la opacidad en el manejo del patrimonio cultural frente a iniciativas privadas y mediáticas de gran escala.
Demanda contra MrBeast
En mayo, el INAH declaró públicamente que, de acuerdo con la legislación mexicana, lo realizado por MrBeast constituye una violación al permiso originalmente concedido. Según el Instituto, se trató de una producción no autorizada con fines comerciales que utilizó zonas arqueológicas para monetizar contenidos en plataformas digitales, lo cual está expresamente prohibido por la Ley General de Bienes Nacionales.
En ese momento, el INAH aseguró que el caso sería resuelto por las instancias jurídico-administrativas correspondientes y que se informaría oportunamente al público sobre su desarrollo. Sin embargo, con la reciente decisión de reservar la información, el proceso podría mantenerse en confidencialidad durante varios años.
