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En la década de los ochenta, durante el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), se dio inicio a los cambios más notables en el modelo económico de Colombia. Betancur aplicó un programa de estabilización para intentar superar los déficit internos y externos. Durante el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) continuaron estas medidas como estrategia de modernización del aparato productivo, consistente en la apertura comercial del país. Este modelo se concretó finalmente en el gobierno de César Gaviria (1990-1994).
En 1992 surge la Ley 30, con la que el Estado garantizaría los derechos y libertades de las personas, y la cual consagraría a la educación como derecho fundamental. Bajo esta ley se suponían tres puntos fundamentales por trabajar: primero, aumentar la cobertura, es decir, más colombianos tendrían acceso a la educación. Lo segundo sería establecer una educación con miras a la innovación en todas las ramas del conocimiento. Y tercero, no perder la calidad educativa durante este proceso de ampliación de la cobertura mientras se aplica la nueva ley.
El artículo 86 de la Ley 30 decía que el Estado, no el gobierno, tiene la obligación de financiar la educación pública, y el presupuesto debía ser actualizado conforme la inflación y en proporción del PIB. ¿Qué ha sucedido hasta la fecha? Las Instituciones de Educación Superior (IES) hoy cuentan con un déficit acumulado de aproximadamente 19 billones de pesos y aproximadamente 15 billones en infraestructura. La Universidad del Valle, junto con las otras IES, exigen al Gobierno Nacional el incremento presupuestal de 4,5 billones de pesos. El principal problema tiene que ver con el artículo 86, donde detalla que el financiamiento de las universidades se otorga de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Los rectores de las 32 IES aseguran que, como dicho índice no crece, ellos están congelados.
Se toman en cuenta las propias cifras del ministerio de Educación, recopiladas por el SUE (Sistema Universaitario Estatal), que señalan que actualmente existen 1'194.697 estudiantes de pregrado, y si comparamos los 150 mil estudiantes de 1992, hoy las Universidades Públicas tienen más de 500 mil y el presupuesto no aumentó según lo acordado en la ley. Las universidades seguirán creciendo y por ende necesitarán más recursos. Si no, la educación superior llegará a un colapso, y perderemos el fortalecimiento de la investigación, formación docente, etc. La nación en 1993 aportaba $ 1,72 billones para 159.218 estudiantes de pregrado. En 2016 aportó $ 2,93 billones para 611.800 estudiantes de este mismo nivel en las universidades públicas. La división del aporte efectuado, frente a la cantidad de estudiantes, arroja un resultado de $ 10.825.890 entregados en 1993 por cada estudiante, contra solo $ 4.785.338 en 2016. Y como explicaba en una conferencia el profesor y ex rector de la Universidad Pedagógica de Bogotá, Adolfo León Atehortúa, esta cifra es inexacta ya que no tiene en cuenta a los estudiantes de posgrado y su incremento exponencial.
En 2015, la Universidad de los Andes, con el trabajo del quindiano Roberto Zarama, subdirector del Centro de Estudios Interdisciplinarios Básicos y Aplicados en Complejidad, Ceiba; presentó al ministerio de Educación durante el gobierno del ex presidente Juan Manuel Santos, el anuncio del programa 'Ser pilo paga', programa que otorgaría becas para estudios universitarios a un número considerable de jóvenes estudiantes provenientes del Sisbén 1, 2 y 3. Después de armado el modelo de Ser Pilo Paga, y en pocos años de ponerse en marcha, vemos que sólo el 15,6 % de los beneficiarios están matriculados en universidades públicas, el 83,8 % lo están en universidades privadas y el 0,6 % en instituciones de carácter especial. También encontramos que la Universidad de los Andes incrementó su matrícula en el año 2016 al 6,9 % y este año aumentó en 9,6 %. Las Universidades Privadas que más pilos reciben son: Javeriana (2.541, 8 %), La Salle (1.881, 6 %), los Andes (1.869, 6 %), Pontificia Bolivariana (1.741, 6 %) y Jorge Tadeo Lozano (1395, 5 %). Los Andes es la tercera universidad que más pilos tiene, pero la que más dinero recibe: $49.065’428.800. Los recursos CREE y el Programa Ser Pilo Paga pasaron de 373.290.470.719 en 2016 a 434.871.494.172 en el 2017. Este programa se convirtió en una manera legal de trasferir recursos públicos a las universidades privadas.
Maurizio Lazzarato, sociólogo y filósofo italiano, habla en su libro, La fábrica del hombre endeudado: Ensayo sobre la condición neoliberal, sobre La Deuda, que ya sea privada como pública, parece representar hoy, lejos de ser una amenaza para la economía capitalista, parte del corazón mismo del proyecto neoliberal. Lazzarato demuestra que La Deuda es, ante todo, una construcción política, y que el vínculo entre acreedor y deudor es la relación social fundamental de nuestra época.
Cada vez somos más los deudores, ya sea del Estado, de los seguros privados y de los bancos. Las sociedades están bajo un control riguroso de sus subjetividades individuales y colectivas. ¿Cómo escapar a la condición neoliberal del hombre endeudado? Sin una salida simplemente técnica, económica o financiera, debemos poner radicalmente en tela de juicio la relación social fundamental que estructura el capitalismo: el sistema de la deuda.
La sucesión de crisis financieras en el mundo llevó a la creación de una figura subjetiva, que ahora ocupa todo el espacio público, la de la persona endeudada. El fenómeno de la deuda no se reduce a sus manifestaciones económicas, él constituye la piedra angular de las relaciones sociales en el régimen neoliberal. La relación acreedor-deudor, que define la relación de poder específica de las finanzas, intensifica los mecanismos de explotación y dominación de manera transversal, ya que no existe distinción alguna entre trabajadores y desempleados, consumidores y productores, estudiantes o trabajadores. Todos son "deudores", culpables y responsables frente al capital, que aparece como el Gran Acreedor, el Acreedor universal.
La tesis central del programa Ser Pilo Paga consiste en permitir la ampliación de la cobertura en todo el país, otorgando a las personas de Sisbén 1, 2 y 3 mayores posibilidades y opciones de conseguir un crédito para ingresar a la educación superior, en pocas palabras, una manera de crear una gran masa de personas endeudas.
Lazzarato explica que cuando el poder de la deuda se presenta como “libre”, usted solo es libre en la medida en que su modo de vida permita que usted esté “en día con sus compromisos”. En los Estados Unidos, por ejemplo, 80% de los estudiantes que terminan una maestría, acumulan una deuda media de US$ 50.000 y US$ 77.000. Al momento el valor total de los préstamos estudiantiles en Estados Unidos es mayor que el saldo total de la cartera hipotecaria similar en el pico de la burbuja financiera de 2007. Dicho de otro modo, en 2016 la deuda estudiantil ascendió a 1.3 billones de dólares, y está en manos de 42,4 millones de estadounidenses. La tasa de las matrículas universitarias se cuadruplicó desde 1986. Los estudiantes están acumulando deudas por valor de un billón de dólares. Y claro es que muchos de estos jóvenes no encuentran trabajo y no pueden pagar sus compromisos de deuda. Miles de estudiantes norteamericanos son incapaces de pagar sus préstamos universitarios. El sueldo básico que ganan tan sólo les permite cubrir las necesidades mínimas, como sucede en Colombia con cientos de jóvenes que piden un préstamo al Icetex. La deuda estudiantil en EE. UU es mayor a la hipotecaria de 2007 y probablemente será la nueva burbuja por estallar no solo en EEUU también puede ser aquí en Colombia.
En América Latina y el Caribe, el número de estudiantes de programas de educación superior prácticamente se duplicó en la última década. La educación superior en Colombia posee algunas similitudes con el modelo chileno, va ligado a la disminución de los recursos invertidos por el Estado en la educación, un aumento de los costos en las matrículas, la desaparición de los subsidios para los estudiantes, y por último, la creación de un sistema de endeudamiento del estudiante.
En el caso colombiano existe El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior – ICETEX. Esta es una entidad del Estado que promueve la Educación Superior a través del otorgamiento de créditos educativos, y juega un papel relevante en la capacidad de endeudamiento de los jóvenes colombianos. Durante los últimos años hemos visto cómo el gobierno nacional ha trabajado fuertemente para lograr aumentar la capacidad de esta organización, visiblemente más fuerte a partir de la reforma a la ley 30, fomentando un sistema en el que el estudiante debe endeudarse para ingresar a las IES privadas ya sea en Colombia o en el exterior.
A pesar de que los créditos bancarios son más costosos que los efectuados por el Icetex, ya que por ejemplo en este último los estratos 1, 2, 3 tienen tasas de interés con referencia al Índice de Precios del Consumidor (IPC), las familias generalmente desconocen las condiciones de la entidad, por lo que usualmente, una vez terminan con su estudio, se sorprenden con el valor a cancelar y los intereses. Es por ello que algunos expertos están llamando a los créditos del Icetex el nuevo Upac, un pérfido sistema de crédito de vivienda que ahogó a miles de colombianos en los 80.
Los economistas llaman a este fenómeno, pasar de un subsidio a la oferta a un subsidio a la demanda. En vez de enviar el dinero directamente a las universidades públicas para que ellas lo administren, se le otorga al ciudadano para que elija dónde lo invierte, con tal de que cumpla con el propósito original.
De acuerdo con Fernando Luis Calao, presidente de la Asociación de Usuarios de Icetex (Acupe), las deudas con el Icetex se vuelven impagables y se presentan casos de anatocismo, o acción de cobrar intereses sobre los intereses de mora derivados del no pago de un préstamo. Lo que se pasa por alto, sin embargo, es una coincidencia inquietante: el microcrédito o los créditos estudiantiles han florecido precisamente cuando los Estados han abandonado los esfuerzos macroestructurales para combatir problemáticas urgentes como la pobreza, y con préstamos a pequeña escala, por tanto nunca serán resueltos.
¿Por qué entonces miles de jóvenes “pilos” eligen universidades privadas, aún con promedios buenos que les permitiría fácilmente vincularse a una universidad pública? Para el sociólogo Alexandre Roig, La Deuda es el principio societal fundante contemporánea. En las lógicas de endeudamiento, dentro de las formas monetarias de nuestra vida cotidiana, gastar, trabajar, separar, endeudarse, prestar, robar, vender, comprar, etc., los jóvenes quieren consumir en concordancia con los padrones de consumo, donde las exigencias de distinción social son tan fuertes que los obligan a corresponder a estas tendencias de consumo (compras de zapatillas de marca, celulares de alta gama o electrodomésticos de última generación) vistas también en la esfera educacional.
En Chile, cerca del 70% de los universitarios estudian en instituciones privadas. En los últimos 30 años hubo un boom de escuelas privadas o subvencionadas (público-privadas), que hoy día acogen al 60% de los alumnos primarios y secundarios, un sistema que ha dejado a miles de jóvenes chilenos de clase media y baja endeudados. Cabe precisar que en Chile la educación gratuita está garantizada solo a nivel primario, en secundario las escuelas pueden cobrar cuotas y las universidades, públicas y privadas, cobran. En el año 2014 el gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet buscó la gratuidad de toda la educación incluyendo la universitaria, ya que en Chile una carrera puede costar hasta 7500 dólares anuales. La promesa nunca se cumplió.
Para el rector de la Universidad del Valle, Edgar Varela Barrios, los dos modelos de financiamiento en educación superior, el estadunidense y el chileno, han fracasado porque el primero transfiere dinero del Estado al sector privado (tal y como sucede con el programa Ser Pilo Paga) y en el caso chileno, los estudiantes se endeudan con entidades público-privadas y no consiguen pagar estos créditos, ya que deberían destinar gran parte de su salario en el pago de las deudas, lo que genera un problema social en la calidad de vida de muchos de estos jóvenes, en pocas palabras, esto se convierte en un programa de privatización con ánimo de lucro de la educación superior. El rector igualmente señala que en Colombia se piensa que el capital privado puede intervenir de manera positiva en la educación superior, porque aquí se presupone que puede llegar a ser igual o mejor que la inversión que hace el capital privado en otras esferas del país. Y por último, recalca la injerencia en la investigación por parte del sector privado, por ejemplo, con los desarrollos que pueden poner en riesgo la ética y la propia autonomía de la investigación y el carácter del bien público del conocimiento.
Actualmente las universidades públicas grandes y pequeñas se financian en casi un 50% a través de la venta de servicios, matrícula, fondos de investigación, aportes de algunos entes territoriales, y estampilla. El otro 50% lo da el Estado. Esta caída (comparada antes de la ley 30) a la financiación de la educación se ve reflejada en la calidad no solo de las instalaciones de las universidades sino de la educación misma que reciben los jóvenes del país, y es peligroso que las universidades públicas que tienen un carácter de formación académica e investigativa se dediquen a la venta de servicios, carácter consecuente con una entidad empresarial, no con una institución de educación superior.
“La Reforma Tributaria de 2016, de la anterior administración nacional, reemplazó el Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) por el 0,6 de 9 puntos porcentuales del Impuesto sobre las rentas (Art. 243, 685 mil millones) y además estipuló que 40% de medio punto del IVA social (Art. 184, 400 mil millones), 10% en el 2017 y 5% en el 2018 del gravamen a las cooperativas (Art.142, 140 mil millones) se destinarían a la financiación de la educación superior pública. Por decisión del anterior gobierno, los recursos del Impo-rentas y del IVA social no han llegado a las arcas de las Universidades, sino que han sido utilizados, como es de conocimiento general, para financiar el Programa Ser Pilo Paga y para cubrir el déficit del Icetex”, concluyó el rector Edgar Varela.
La Universidad del Valle y las 32 Instituciones de Educación Superior en el país piden una reforma del artículo 86 de la Ley 30, por la que se les permita crecer con el IPC más cuatro puntos. El 50 % de las Universidades públicas cuenta hoy con Acreditación Institucional de Alta Calidad. ¿Qué se necesita? Para el profesor y ex rector de la Universidad Pedagógica, Adolfo León Atehortúa “la Reforma a los artículos 86 y 87 de la ley 30 de 1992 debe ser: El presupuesto anual de las universidades debe incrementarse, como mínimo, en seis puntos por encima del IPC. Así mismo, debe determinarse un porcentaje progresivo dedicado a la inversión que, tal como lo propuso el ministerio anterior, debe iniciarse con un mínimo de 10 puntos. Simultáneamente se debe crear, por una sola vez, un rubro destinado a la recuperación y ampliación de la planta física de las universidades estatales, el cual podrá entregarse programada y secuencialmente”.
Según los datos obtenidos del documento Conpes 3914 de 2018, la inversión en el programa Ser Pilo Paga ha significado al Estado alrededor de 3,5 billones de pesos entre los años 2015 y 2018, con un alcance de tan solo 40.000 estudiantes beneficiados en todas las cohortes. Si se realiza un análisis simple, los aportes para financiar el funcionamiento de las universidades estatales de este año son de 3,6 billones de pesos, beneficiaron a más de 600.000 estudiantes. Esto indica que los recursos destinados a Ser Pilo Paga no están teniendo el impacto que sí tiene dar este tipo de recursos directamente a las universidades publicas del país.
Por su parte, los congresistas de la oposición plantearon la necesidad de acabar definitivamente con el programa “Ser pilo paga” y destinar esos recursos a la creación de nuevos cupos en la educación superior pública para estudiantes de estratos uno y dos, y presentarán una proposición en el debate de presupuesto para que el incremento que se piensa hacer en el sector Defensa se reasigne para cubrir el déficit de las universidades públicas. También proponen adicionar al presupuesto del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) $289.000 millones para beneficiar a las poblaciones geográficamente alejadas.
Desde los últimos 10 años el mundo viene pasando por una crisis económica difícil de superar. Sabemos que las crisis son cíclicas y que hacen parte de la lógica capitalista, pero están trayendo impactos que aún no conseguimos entender del todo. Ha sido paradójica la relación del sujeto con el dinero, en este caso con La Deuda, porque, más allá de su estricto carácter económico, guarda una relación con la moral y la subjetividad. Como decía Walter Benjamín, el capitalismo es una religión, la deuda entonces cumple la función de Culpa, y por ello ha de ser el “endeudado” quien se deba sacrificar.
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Textos citados
Maurizio Lazzarato, La fabrique de l’homme endetté. Essai sur la condition néolibérale, Editions Amsterdam, 2011
Maurizio Lazzarato A era do homem endividado Le Monde Diplomatique Brasil
Roig, Alexandre (2013), La moneda imposible. (Selección)
MAUSS, Marcel, (1991) Ensayo sobre los dones, en MAUSS, Marcel, Sociología y antropología, Tecnos, Madrid. (Selección)
Matías Camargo, Sergio Roberto (2001). Neoliberalismo y constitución política de 1991. Bogotá: Universidad Libre. Pág. 33
Documento CONPES 3914 2018 CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL REPÚBLICA DE COLOMBIA MODIFICACIÓN DEL DOCUMENTO CONPES 3880
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