Los niños de la guerra quince años después

Quince años después de la publicación del libro Los niños de la guerra, busqué a sus once protagonistas. Logré hablar con cinco de ellos, hoy adultos. Esta edición recoge los testimonios originales y los nuevos relatos. Sus vidas son disímiles. Pese a la dureza de lo que ha enfrentado cada uno, sus palabras son alentadoras. Por petición de los jóvenes, mantengo los nombres en el anonimato.

El presente volumen incluye también las palabras del profesor Rafael Gutiérrez Girardot (qepd) para la presentación del libro en la antigua sede de la Casa de la Literatura (Literaturhaus) de Bonn. Así mismo comprende a manera de epílogo, un texto que busca indagar sobre los niños y la guerra en Colombia, y en el apéndice, una entrevista con Julián Aguirre, quien durante varios años fue el coordinador del Grupo de Atención a Niños Víctimas de la Violencia por el Conflicto Armado, del ICBF, sobre el devenir de los niños y este programa.

Es primordial escuchar en estos tiempos la voz de los niños, niñas y jóvenes protagonistas de esta guerra, oír lo que piensan y sienten quienes la han sufrido en carne propia. Hay los que desde el odio llaman a continuar la guerra con los niños y jóvenes de los otros.

¿Qué pasó con los niños de los paramilitares?

La pregunta: ¿Cómo pueden ser útiles las experiencias personales e institucionales que se  narran en este libro en el actual proceso de paz que vive el país?, llevó a explorar lo ocurrido con los niños durante el proceso de reinserción de los paramilitares.

Álvaro Villarraga Sarmiento afirma: «En las desmovilizaciones colectivas de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y grupos similares, entre el 2003 y el 2006, se estima que sólo un 10 % de los niños, niñas y adolescentes reclutados fueron legalizados y vinculados al programa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), mientras que la gran mayoría fue ocultada en su proceso de desvinculación por parte de mandos paramilitares, …al parecer en varios casos con anuencia de algunos funcionarios oficiales…» .

Villarraga menciona el informe de la Procuraduría General de la Nación del 2006 en relación con el proceso adelantado por el gobierno de Álvaro Uribe: «Dentro del proceso de negociación que antecede a la desmovilización colectiva, no se ve que se esté discutiendo el tema de los niños, niñas y adolescentes. Así, las noticias se desarrollan en torno a las armas y bienes, y no con respecto a la necesidad de esclarecer el paradero de 11.000 a 14.000 niños, niñas y adolescentes… En general, el gobierno nacional no toma como parte esencial de la problemática del conflicto armado y la desmovilización, a los niños, niñas y adolescentes…» .

Señala Villarraga que el informe de la Procuraduría hace también mención de la solicitud hecha por el entonces Procurador General Edgardo Maya al Alto Comisionado para la Paz Luis Carlos Restrepo, en la que pregunta por los niños y jóvenes desvinculados durante el proceso con los paramilitares, y a la respuesta de Restrepo en el sentido de que no podía responder porque el encargado del proceso es el ICBF. Frente a lo cual, la Procuraduría concluye: «…Se remite la responsabilidad de los niños, niñas y adolescentes al ICBF, sin incidencia de las consideraciones del proceso de desmovilización y reinserción… Nada se argumenta de la situación, medidas de protección y éxito del proceso de reinserción de los niños, niñas y adolescentes».

En la presentación del informe sobre desmovilización y reinserción, el 15 de julio del 2006, el procurador Maya anunció: «Los paramilitares no han cumplido con la obligación de entregar al Estado a los niños y adolescentes reclutados, a pesar de que ese es uno de los requisitos para acceder a los beneficios de las penas alternativas» . Reiteró la Procuraduría que el Alto Comisionado para la Paz hasta entonces sólo había respondido con evasivas a sus requerimientos sobre el tema.
El portal Verdad Abierta indica: «Una y otra vez, en las versiones de Justicia y Paz, los exjefes paramilitares han dicho que no incluyeron a los niños en el proceso de desmovilización por recomendación del Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo. Según los “paras”, el funcionario no quería presentar niños desmovilizados ante la comunidad internacional» .

Cuando fue claro que la mayoría de los niños y jóvenes que estaban con los paramilitares no fueron vinculados al programa, el ICBF, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), creó el programa “Buscando a Nemo”, cuyo objetivo era encontrar a los niños que no fueron desmovilizados. Encontraron 273, de los cuales sólo 17 aún eran menores de edad.

Cuenta María Flórez en El Espectador que años después de la realización del proceso de reinserción, el comandante paramilitar Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, relató ante el Tribunal Superior de Bogotá que el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, le informó que por orden del presidente Álvaro Uribe no se podían desmovilizar los menores: «Yo acompañé al doctor Restrepo al Putumayo, allí nos reunimos en un estadero. Entonces me llamó poderosamente la atención que a la mesa donde estábamos se acercaron dos menores, casi a suplicarle al comisionado que por qué no los metían “a la vuelta”. Cuando yo le dije que solucionáramos este problema, el doctor Restrepo respondió: “No, son instrucciones del señor Presidente”» .

Agrega la periodista Flórez: «En marzo del 2006, la madre de uno de esos jóvenes se dirigió a la zona de concentración de los “paras” en Puerto Asís y le pidió a Carlos Mario Ospina, comandante urbano del Bloque Sur, que incluyera a su hijo en el proceso con el gobierno: “Ustedes lo utilizaron, ¿no les sirvió pues en la guerra? Ustedes le pusieron uniforme y le dieron arma a mi hijo, ¿ahora lo van a dejar tirado?”. Ante la insistencia de los menores y sus familias, Ospina se comunicó con Báez, quién le respondió que “el doctor Luis Carlos Restrepo no quiere de ninguna manera saber de los menores, la orden es clara: que se los lleven de ahí, que no pueden estar siquiera cerca del escenario donde se van a llevar a cabo las desmovilizaciones”».

Y a reglón seguido escribe María Flórez: «Según los testimonios de las víctimas y los “exparas”, como los jóvenes no se pudieron desmovilizar quedaron a su suerte y varios de ellos fueron reclutados por los grupos armados ilegales que operan en el Putumayo. Como consecuencia, uno de los menores fue víctima de un atentado y al menos otros tres fueron asesinados después de la desmovilización, entre ellos los que según Báez le “suplicaron” a Luis Carlos Restrepo que les permitiera acceder a los beneficios del Estado. Por eso, Carlos Mario Ospina le dijo al Tribunal (de Bogotá) que “la obligación de nosotros sí era llevarlos al Bienestar Familiar, pero no nos dieron los mecanismos para hacerlo. Esa situación es responsabilidad del Comisionado de Paz, que no nos dio las herramientas para brindarles protección a estos muchachos”».

Julián Aguirre  señaló que en el proceso con las AUC, de 36.000 desmovilizados, sólo entregaron 400 niños: «¿Qué pasó con los chicos de las AUC, que no eran 400 sino cerca de 4.000? Salieron por la puerta de atrás». Relata Aguirre que por esa época la Corte Penal Internacional había instituido el reclutamiento de menores como un delito de lesa humanidad, y que posiblemente ésta fue la razón que tuvieron para hacerle el quite al tema durante el proceso de reincorporación de los paramilitares: «Pienso que no midieron lo que estaban haciendo». Añade que cuando ocurren las primeras entregas de paramilitares, en el 2003, lo primero que hicieron los del bloque Cacique Nutibara fue entregar niños: «Nosotros los recibimos y a las  pocas horas tuvimos claro que eran niños que habían reclutado en las comunas de Medellín, así como luego, los que supuestamente desertaron de las FARC, los del Cacique Gaitana, habían sido reclutado ocho días antes en el Bronx de Bogotá». Para Julián Aguirre es claro que en el caso de las AUC la orientación era sacar a los muchachos por el lado, y que si los iban a entregar, lo hicieran como un gesto de buena voluntad, y no como un acuerdo entre el gobierno y los paramilitares.

¿De cuántos niños y jóvenes estamos hablando? Las cifras aproximadas hablan de cerca de 4.000 niños, que en lugar de ser incluidos dentro del proceso de reinserción de los paramilitares, fueron devueltos, sin ningún acompañamiento, garantía, protección o formación, a sus lugares de origen, donde habían participado en la comisión de graves delitos, como robos, secuestros, asesinatos y masacres, quedando expuestos a la venganza de sus víctimas o sus familiares. Otros fueron a la delincuencia común. Estos hechos aún están por investigar. ¿Se trata de un crimen de lesa humanidad?

Lo que queda claro es que de ninguna manera se puede repetir esta práctica en el proceso de paz que se adelanta ahora con la guerrilla.

Un elemento esperanzador dentro del actual proceso de paz es el compromiso al cual llegaron el Gobierno nacional y las FARC, dentro de las conversaciones de La Habana, el pasado 16 de mayo del 2016, instituido al firmar el «Acuerdo sobre la salida de menores de 15 años de los campamentos de las FARC-EP y compromiso con la elaboración de una hoja de ruta para la salida de todos los demás menores de edad y un programa integral especial para su atención» . Este acuerdo se logró gracias al apoyo de la Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados, señora Leila Zerrougui y de Unicef Colombia.

El único punto preocupante de este acuerdo es que, al parecer, no ha tomado en cuenta la larga y exitosa experiencia del ICBF en el tema, omisión que se debe solucionar para poderlo implementarlo en forma adecuada .

Quince años después de la publicación del libro Los niños de la guerra, busqué a sus once protagonistas. Logré hablar con cinco de ellos, hoy adultos. Esta edición recoge los testimonios originales y los nuevos relatos. Sus vidas son disímiles. Pese a la dureza de lo que ha enfrentado cada uno, sus palabras son alentadoras. Por petición de los jóvenes, mantengo los nombres en el anonimato.

El presente volumen incluye también las palabras del profesor Rafael Gutiérrez Girardot (qepd) para la presentación del libro en la antigua sede de la Casa de la Literatura (Literaturhaus) de Bonn. Así mismo comprende a manera de epílogo, un texto que busca indagar sobre los niños y la guerra en Colombia, y en el apéndice, una entrevista con Julián Aguirre, quien durante varios años fue el coordinador del Grupo de Atención a Niños Víctimas de la Violencia por el Conflicto Armado, del ICBF, sobre el devenir de los niños y este programa.

Es primordial escuchar en estos tiempos la voz de los niños, niñas y jóvenes protagonistas de esta guerra, oír lo que piensan y sienten quienes la han sufrido en carne propia. Hay los que desde el odio llaman a continuar la guerra con los niños y jóvenes de los otros.

¿Qué pasó con los niños de los paramilitares?

La pregunta: ¿Cómo pueden ser útiles las experiencias personales e institucionales que se  narran en este libro en el actual proceso de paz que vive el país?, llevó a explorar lo ocurrido con los niños durante el proceso de reinserción de los paramilitares.

Álvaro Villarraga Sarmiento afirma: «En las desmovilizaciones colectivas de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y grupos similares, entre el 2003 y el 2006, se estima que sólo un 10 % de los niños, niñas y adolescentes reclutados fueron legalizados y vinculados al programa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), mientras que la gran mayoría fue ocultada en su proceso de desvinculación por parte de mandos paramilitares, …al parecer en varios casos con anuencia de algunos funcionarios oficiales…» .

Villarraga menciona el informe de la Procuraduría General de la Nación del 2006 en relación con el proceso adelantado por el gobierno de Álvaro Uribe: «Dentro del proceso de negociación que antecede a la desmovilización colectiva, no se ve que se esté discutiendo el tema de los niños, niñas y adolescentes. Así, las noticias se desarrollan en torno a las armas y bienes, y no con respecto a la necesidad de esclarecer el paradero de 11.000 a 14.000 niños, niñas y adolescentes… En general, el gobierno nacional no toma como parte esencial de la problemática del conflicto armado y la desmovilización, a los niños, niñas y adolescentes…» .

Señala Villarraga que el informe de la Procuraduría hace también mención de la solicitud hecha por el entonces Procurador General Edgardo Maya al Alto Comisionado para la Paz Luis Carlos Restrepo, en la que pregunta por los niños y jóvenes desvinculados durante el proceso con los paramilitares, y a la respuesta de Restrepo en el sentido de que no podía responder porque el encargado del proceso es el ICBF. Frente a lo cual, la Procuraduría concluye: «…Se remite la responsabilidad de los niños, niñas y adolescentes al ICBF, sin incidencia de las consideraciones del proceso de desmovilización y reinserción… Nada se argumenta de la situación, medidas de protección y éxito del proceso de reinserción de los niños, niñas y adolescentes».

En la presentación del informe sobre desmovilización y reinserción, el 15 de julio del 2006, el procurador Maya anunció: «Los paramilitares no han cumplido con la obligación de entregar al Estado a los niños y adolescentes reclutados, a pesar de que ese es uno de los requisitos para acceder a los beneficios de las penas alternativas» . Reiteró la Procuraduría que el Alto Comisionado para la Paz hasta entonces sólo había respondido con evasivas a sus requerimientos sobre el tema.
El portal Verdad Abierta indica: «Una y otra vez, en las versiones de Justicia y Paz, los exjefes paramilitares han dicho que no incluyeron a los niños en el proceso de desmovilización por recomendación del Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo. Según los “paras”, el funcionario no quería presentar niños desmovilizados ante la comunidad internacional» .

Cuando fue claro que la mayoría de los niños y jóvenes que estaban con los paramilitares no fueron vinculados al programa, el ICBF, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), creó el programa “Buscando a Nemo”, cuyo objetivo era encontrar a los niños que no fueron desmovilizados. Encontraron 273, de los cuales sólo 17 aún eran menores de edad.

Cuenta María Flórez en El Espectador que años después de la realización del proceso de reinserción, el comandante paramilitar Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, relató ante el Tribunal Superior de Bogotá que el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, le informó que por orden del presidente Álvaro Uribe no se podían desmovilizar los menores: «Yo acompañé al doctor Restrepo al Putumayo, allí nos reunimos en un estadero. Entonces me llamó poderosamente la atención que a la mesa donde estábamos se acercaron dos menores, casi a suplicarle al comisionado que por qué no los metían “a la vuelta”. Cuando yo le dije que solucionáramos este problema, el doctor Restrepo respondió: “No, son instrucciones del señor Presidente”» .

Agrega la periodista Flórez: «En marzo del 2006, la madre de uno de esos jóvenes se dirigió a la zona de concentración de los “paras” en Puerto Asís y le pidió a Carlos Mario Ospina, comandante urbano del Bloque Sur, que incluyera a su hijo en el proceso con el gobierno: “Ustedes lo utilizaron, ¿no les sirvió pues en la guerra? Ustedes le pusieron uniforme y le dieron arma a mi hijo, ¿ahora lo van a dejar tirado?”. Ante la insistencia de los menores y sus familias, Ospina se comunicó con Báez, quién le respondió que “el doctor Luis Carlos Restrepo no quiere de ninguna manera saber de los menores, la orden es clara: que se los lleven de ahí, que no pueden estar siquiera cerca del escenario donde se van a llevar a cabo las desmovilizaciones”».

Y a reglón seguido escribe María Flórez: «Según los testimonios de las víctimas y los “exparas”, como los jóvenes no se pudieron desmovilizar quedaron a su suerte y varios de ellos fueron reclutados por los grupos armados ilegales que operan en el Putumayo. Como consecuencia, uno de los menores fue víctima de un atentado y al menos otros tres fueron asesinados después de la desmovilización, entre ellos los que según Báez le “suplicaron” a Luis Carlos Restrepo que les permitiera acceder a los beneficios del Estado. Por eso, Carlos Mario Ospina le dijo al Tribunal (de Bogotá) que “la obligación de nosotros sí era llevarlos al Bienestar Familiar, pero no nos dieron los mecanismos para hacerlo. Esa situación es responsabilidad del Comisionado de Paz, que no nos dio las herramientas para brindarles protección a estos muchachos”».

Julián Aguirre  señaló que en el proceso con las AUC, de 36.000 desmovilizados, sólo entregaron 400 niños: «¿Qué pasó con los chicos de las AUC, que no eran 400 sino cerca de 4.000? Salieron por la puerta de atrás». Relata Aguirre que por esa época la Corte Penal Internacional había instituido el reclutamiento de menores como un delito de lesa humanidad, y que posiblemente ésta fue la razón que tuvieron para hacerle el quite al tema durante el proceso de reincorporación de los paramilitares: «Pienso que no midieron lo que estaban haciendo». Añade que cuando ocurren las primeras entregas de paramilitares, en el 2003, lo primero que hicieron los del bloque Cacique Nutibara fue entregar niños: «Nosotros los recibimos y a las  pocas horas tuvimos claro que eran niños que habían reclutado en las comunas de Medellín, así como luego, los que supuestamente desertaron de las FARC, los del Cacique Gaitana, habían sido reclutado ocho días antes en el Bronx de Bogotá». Para Julián Aguirre es claro que en el caso de las AUC la orientación era sacar a los muchachos por el lado, y que si los iban a entregar, lo hicieran como un gesto de buena voluntad, y no como un acuerdo entre el gobierno y los paramilitares.

¿De cuántos niños y jóvenes estamos hablando? Las cifras aproximadas hablan de cerca de 4.000 niños, que en lugar de ser incluidos dentro del proceso de reinserción de los paramilitares, fueron devueltos, sin ningún acompañamiento, garantía, protección o formación, a sus lugares de origen, donde habían participado en la comisión de graves delitos, como robos, secuestros, asesinatos y masacres, quedando expuestos a la venganza de sus víctimas o sus familiares. Otros fueron a la delincuencia común. Estos hechos aún están por investigar. ¿Se trata de un crimen de lesa humanidad?

Lo que queda claro es que de ninguna manera se puede repetir esta práctica en el proceso de paz que se adelanta ahora con la guerrilla.

Un elemento esperanzador dentro del actual proceso de paz es el compromiso al cual llegaron el Gobierno nacional y las FARC, dentro de las conversaciones de La Habana, el pasado 16 de mayo del 2016, instituido al firmar el «Acuerdo sobre la salida de menores de 15 años de los campamentos de las FARC-EP y compromiso con la elaboración de una hoja de ruta para la salida de todos los demás menores de edad y un programa integral especial para su atención» . Este acuerdo se logró gracias al apoyo de la Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados, señora Leila Zerrougui y de Unicef Colombia.

El único punto preocupante de este acuerdo es que, al parecer, no ha tomado en cuenta la larga y exitosa experiencia del ICBF en el tema, omisión que se debe solucionar para poderlo implementarlo en forma adecuada .