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Más de la mitad de la música que se oye en Colombia es extranjera

El año pasado, Sayco le giró a sus sociedades homólogas en el exterior 5.600 millones de pesos por derechos de autor, cifra casi igual a la que le pagó a los compositores nacionales, todo como consecuencia de que en el país las emisoras programan más canciones de artistas extranjeros que nacionales.

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Ana Maritza Villalba Castro
07 de mayo de 2008 - 09:11 p. m.
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La Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (Sayco) reveló en su última asamblea de socios que más del 50 por ciento de la música que se oye en el país es extranjera, lo que ha hecho que los autores y compositores colombianos de piezas musicales estén en desventaja con sus obras, pues cada vez reciben menos beneficios por su trabajo. Eso sin contar las pérdidas que anualmente les deja la piratería, que llega incluso a vender más copias que el mercado legal.

Por esta razón, Sayco, en compañía de la senadora liberal Piedad Córdoba, presentó, un proyecto de ley que pretende que la cátedra de música colombiana sea incluida de manera obligatoria en los programas académicos de primaria y bachillerato.

La iniciativa legislativa busca, además, que en cada espectáculo musical de artistas extranjeros que se realice en el país se presente un artista nacional y regional que interprete obras domésticas. La publicidad de los eventos deberá hacer mención a estos intérpretes.

Otro de los puntos que contempla el proyecto de ley es que la música colombiana tenga un mínimo de utilización en los medios de comunicación, es decir, que los organismos de radio y televisión destinen por lo menos el cincuenta por ciento de su programación musical a la emisión de obras del repertorio nacional.

"Estamos tratando llegar al Gobierno Nacional con algunas iniciativas de ley que nos permitan fomentar aún más la música colombiana, porque las estadísticas que tenemos es que más del 50 por ciento de la música que suena en territorio colombiano es de autores extranjeros y esto hace cada vez más difícil la situación de los autores nacionales", explica el gerente general de Sayco, Jairo Enrique Ruge.

En 2007, Sayco recaudó y repartió entre sus afiliados nacionales, por concepto de derechos de autor, once mil millones de pesos (seis mil para autores y cinco mil para editores), pero al mismo tiempo giró 5.600 millones de pesos a las sociedades de gestión colectiva del exterior que representan a los artistas foráneos.

Sociedades ilegales que cobran derechos de autor

El ‘boom' de la música extranjera que ha dejado en segundo plano a la de casa no es la única problemática de los autores nacionales. Los compositores y autores colombianos, según la ley, como cualquier otro trabajador, tienen derecho a recibir una remuneración por su labor y es así como este gremio está representado por las Sociedades de Gestión Colectiva, entidades que se encargan de recaudar y administrar las remuneraciones económicas que provienen de la utilización de sus obras.

Estas sociedades representan las obras que se están utilizando de diferentes autores, y están sometidas a inspección y vigilancia por parte del Estado, que garantiza que el dinero que se recauda por derechos de autor efectivamente llegue a los dueños del repertorio.


En 2004, sin embargo, una "interpretación errada" de la sentencia C-509 de la Corte Constitucional abrió las puertas para que otros tipos de asociaciones pudieran hacer la misma gestión de las sociedades de gestión colectiva como Acinpro y Sayco.

Bajo el amparo de tal sentencia, empezaron a aparecer entidades como Asomusicol, Sacic, Anaicol, entre otras, que les cobran a los usuarios por el uso de obras musicales, sin que se garantice que el recaudo les llega a los autores.

"La sentencia establece que puede haber gestión individual, gestión colectiva y otras formas asociativas, pero no especifica cuáles ni cómo. Entonces, surgen estas entidades que vienen a hacer las labores de las sociedades de gestión colectiva sin serlo, pues no son objeto de inspección y vigilancia por parte del Estado. Ellos pueden cobrar por los repertorios que representan, pero al investigarlos, no representan a nadie, porque ningún autor quiere agremiarse bajo estas condiciones", aclara Viviana Alvarado, del departamento jurídico de Sayco.

Actualmente, Sayco cuenta con 3937 socios nacionales e internacionales, es decir, representa al 98 por ciento del repertorio musical mundial, por lo que los usuarios de obras musicales que le pagan a dichas sociedades irregulares se ven obligados a hacerlo nuevamente, ya que al no pagarle a Sayco están defraudando a los autores, porque no está claro las primeras a quiénes representan.

Ante esta situación Acinpro y Sayco han instaurado varias acciones legales y once sociedades ‘piratas' están demandadas penalmente ante la Fiscalía, pero "los procesos no son tan rápidos como el caso lo amerita; este es un problema de connotación nacional", agrega Alvarado.

Menos establecimientos pagarían derechos de autor

Una preocupación más para este gremio es un proyecto de ley que actualmente hace trámite en el Congreso y que tiene como objetivo eximir a varios establecimientos comerciales del pago de derechos de autor.

"La iniciativa pretende exonerar de esta obligación a una cantidad de establecimientos, incluso que venden licor pero con el argumento de que allí no hay mesas y que se presume que el licor no es para consumir en ese lugar. A nosotros nos preocupa que estos proyectos se usen como parte de campañas políticas", afirma Ruge Ramírez.

Frente a este panorama, los autores buscan fórmulas para garantizar una remuneración justa por el uso de sus obras, como, por ejemplo, convenios con otras sociedades de gestión colectiva del mundo que faciliten el pago de los derechos de la música colombiana que se usa en el exterior. Asimismo, le exigen al Estado que se respeten convenios internacionales que el país ha firmado, en los que se compromete, con la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, a garantizar los derechos de autor como una de las propiedades privadas que existen.

En Colombia, según cifras de Sayco, hay registrados 133 mil establecimientos comerciales, de los cuales sólo 90 mil pagan normalmente por este concepto. Las sociedades de gestión colectiva trabajan con las Cámaras de Comercio de cada ciudad para dar con el paradero de los más de 40 mil evasores que aparecen y desaparecen cada año, pues un negocio puede abrir sus puertas hoy y en tres meses ya ha dejado de existir.

Por Ana Maritza Villalba Castro

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