Emisoras públicas de EE. UU. demandaron a Trump por tratar de cortar sus fondos

En una orden ejecutiva emitida el pasado primero de mayo, el presidente Donald Trump ordenaba a la CPB acabar con la financiación directa e indirecta de NPR y PBS.

Foto: EFE - SAMUEL CORUM / POOL

“Acabando subsidios de pagadores de impuestos a medios tendenciosos”: así se tituló la orden ejecutiva que el presidente Donald Trump firmó el pasado primero de mayo y con la que pretendía acabar con la financiación pública de las cadenas NPR y PBS. En ella, el presidente de los EE. UU. se dirigía directamente a la Corporación de Transmisión Pública (CPB, por sus siglas en inglés) y le ordenaba acabar inmediatamente con la financiación directa e indirecta a estas cadenas que, a su criterio, no ofrecían “una representación justa, precisa e imparcial de los eventos actuales”.

Esta no era la primera vez que el presidente Trump atacaba directamente a estas cadenas. En un trino publicado el primero de abril de este año los llamó “monstruos de extrema izquierda” e hizo un llamado público a su desfinanciación.

La demanda de la prensa en respuesta a los ataques del presidente Trump

En respuesta a estos ataques a la prensa, la Radio Pública Nacional (NPR) junto con otras tres estaciones locales que también reciben financiación de la CPB, presentaron en la mañana de este martes una demanda contra el presidente Trump y otros miembros de su gobierno por extralimitación de sus funciones. En el documento, presentado a un juzgado del distrito de Columbia, argumentan que no es competencia del ejecutivo determinar cómo se gastan los fondos públicos. Eso es tarea del Congreso de los EE. UU.

Además, también afirmaron que se trataba de una clásica estrategia de retaliación por parte de la presidencia en contra de las cadenas que han sido críticas con su mandato. “La orden ejecutiva es una clara violación a la Constitución y a la protección de la libertad de expresión, asociación y prensa de la Primera Enmienda”, afirmó en un comunicado la presidenta y CEO de NPR, Katherine Maher.

A esto se sumaron las demás emisoras que hacen parte de esta acción legal que son Colorado Public Radio, Aspen Public Radio y KSUT, que mostraron su desacuerdo con cualquier intervención estatal en sus decisiones editoriales y distribución informativa.

La cadena PBS, por su parte, afirmó en un comunicado que no hacía parte de la demanda, pero aclaró que también prepara una estrategia de defensa contra los ataques del Presidente. “Estamos considerando todas nuestras opciones, incluida la toma de acciones legales, para permitir que nuestra organización continúe proveyendo programación esencial y servicios a las estaciones miembro al igual que a todos los estadounidenses”, declaró.

El caso cayó en manos del juez distrital Randolph D. Moss, quien también está manejando otra demanda en contra del mandatario por intentar despedir a tres de los cinco miembros de la junta directiva del CPB en abril de este año.