Uno de los sindicatos más grandes de trabajadores de museos y bibliotecas de Estados Unidos demandó a la administración del presidente Donald Trump tras la decisión que busca desmantelar el Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas (IMLS).
La Asociación Americana de Bibliotecas (ALA) y la Federación Americana de Empleados Estatales, Condales y Municipales (AFSCME) son quienes presentaron la querella en la que acusan al actual gobierno de tomar medidas ilegales, que resultan afectando el desarrollo del sector cultural y a los trabajadores que dependen de las bibliotecas y museos del país.
En el documento, de manera explícita, se señala que la demanda va a dirigida a Donald Trump, su director interino, Keith Sonderling ; el Departamento de Eficiencia Gubernamental (Doge) y su administradora interina, Amy Gleason; la Oficina de Administración y Presupuesto de EE. UU. y su director, Russel Vought.
“Las bibliotecas y los museos contienen nuestra historia y conocimiento colectivos, a la vez que brindan espacios seguros para el aprendizaje, la expresión cultural y el acceso a recursos públicos esenciales”, dijo Lee Saunders, presidente de AFSCME, que representa a los trabajadores del Museo Metropolitano de Arte, el Museo de Brooklyn, el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles y otros, en un comunicado.
Una de las solicitudes de ambas organizaciones va dirigida a que el tribunal que emita una orden judicial permanente que prohíba a los demandados tomar cualquier medida para disolver el IMLS sin la autorización del Congreso.
Esta demanda llega luego de que en marzo, la Administración Trump emitiera una orden ejecutiva para acabar con tres agencias federales creadas anteriormente por el Congreso y cuyos programas destinan, según esta coalición de fiscales, “cientos de millones de dólares” en distintos programas. Entre las agencias que planea destruir Trump, dentro de su plan de recortes masivos en los organismos federales impulsado por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), a su vez liderado por Elon Musk, está el Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas (IMLS), que apoya a este tipo de centros mediante subvenciones y ayudas para proyectos de investigación.
Asimismo, varios empleados fueron despedidos, entre ellos algunos miembros de la Junta Nacional de Servicios de Museos y Biblioteca, quienes, el 24 de marzo, le habían enviado una carta en la que declaraban que muchas de las actividades del IMLS “no pueden suspenderse, reducirse ni eliminarse sin violar la intención del Congreso y la ley federal”.
Además de la demanda de la ALA y la AFSCME, la administración Trump está siendo demandada por los fiscales generales de 21 estados por su intento de eliminar el IMLS. “Las agencias que intentan desmantelar proporcionan fondos para ayudar a empresas propiedad de miembros de alguna minoría y también garantizan que nuestras bibliotecas y museos públicos permanezcan abiertos para que los niños tengan un aprendizaje permanente”, dijo la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en un comunicado.
