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“Dicen que en los detalles está el demonio (…) y hay que estar alerta para no caer en sus garras”, escribe George Martin en el primer libro de su saga Canción de hielo y fuego. De detalles está lleno el proyecto de ley 226 de 2013, presentado por los ministerios de Telecomunicaciones y de Comercio, Industria y Turismo. Radicado el pasado 2 de abril, el proyecto tiene una sola pretensión: disminuir del 50% al 30% la cuota en pantalla de producciones nacionales los sábados, domingos y festivos desde las 10 de la mañana hasta la medianoche.
Hay que ir por partes. Este proyecto de ley hacía parte de la derogada Ley Lleras 2, que fue tumbada por la Corte Constitucional el año pasado debido a vicios en la forma como fue tramitada. Luego de su derogación, el Gobierno decidió partirla en dos: un proyecto —estudiado en las comisiones primeras de Cámara y Senado— que incluye la regulación de derechos de autor en la web y la retransmisión de señales en internet, y otro dedicado sólo a la reducción de la cuota de pantalla nacional.
Este último proyecto es el que preocupa hoy a actores, asociaciones de artistas y academias: en su opinión, disminuir el número de horas en pantalla de las producciones creadas en el país afectaría los derechos laborales de quienes trabajan en el medio.
El proyecto, que entró con mensaje de urgencia por parte del Gobierno, fue aprobado el pasado 12 de junio en sesiones conjuntas de las comisiones sextas de Cámara y Senado, encargadas de los temas de telecomunicaciones. Obtuvo veinte votos a favor, cinco en contra y cinco abstenciones. El 21 de agosto, en su segunda etapa, la plenaria del Senado aprobó el articulado en segundo debate. Ahora el proyecto de ley será centro de discusión en la plenaria de la Cámara de Representantes. En pocas palabras, queda un debate para que la reducción sea aprobada en el Senado.
Desde el primer debate hubo posiciones encontradas. El proyecto es parte de la estrategia del Gobierno para ajustar la legislación a las exigencias del TLC. La reducción de cuota de pantalla nacional significaría, entonces, la entrada de producciones extranjeras en el 70% del espacio televisivo de esos días. “Hay una sensibilidad altísima —dice el representante Wilson Arias, quien presentó ponencia en contra del proyecto de ley—. Róbinson Díaz dice que 15.000 personas dependen de la televisión nacional. La capacidad colombiana frente a la extranjera es más reducida. Los operadores internacionales tienen economías de escala, subsidios, lo que hace que los enlatados desplacen a las producciones nacionales. En términos de identidad nacional también son graves las consecuencias de la decisión”.
¿Afecta en realidad el derecho al trabajo de los actores? Ese aspecto, al parecer, no ha sido tenido en cuenta en los debates, salvo en la ponencia que presentó Arias junto al representante Carlos Amaya. El ministro de Trabajo, Rafael Pardo, aseguró que no conoce el proyecto de ley y que hasta el momento no ha recibido ningún tipo de solicitud o queja sobre el mismo.
En su ponencia, Arias señaló que el proyecto era “inconstitucional” porque iba en contra de leyes que cubrían la cultura como parte del patrimonio nacional. En su juicio, afecta también la salud de la academia. “Quienes están detrás de las cámaras —dice—, libretistas, escuelas de formación, actores, van a ser afectados por el desestímulo de la cuota, así como el mercado educativo. No es un vaticinio: las disciplinas académicas se estimulan en función del mercado laboral esperado”.
Este proyecto también ha sido criticado —con razones similares— por el senador Jorge Robledo y, cuando era parte de los dos intentos de Ley Lleras, por el representante Camilo Romero. Juan Sebastián Aragón, actor y miembro de la Asociación Colombiana de Gestión, dijo hace unas semanas a Unimedios: “Estoy convencido de que si RCN y Caracol encontraran más barato pasar enlatados, hace rato habrían hecho el lobby para derribar esas medidas. Hacen producción nacional porque para ellos es muy lucrativo vender esos contenidos en el territorio nacional e internacionalmente”.
En el proyecto de ley, los ministros responsables, Diego Molano Vega (ministro de las TIC) y Sergio Díaz-Granados (ministro de Comercio), defienden la iniciativa: “El articulado (…) no sólo se ajusta a los compromisos adquiridos por virtud del acuerdo comercial ya descrito (TLC con EE.UU.), sino que además proporciona una protección efectiva en la emisión de programas nacionales en los canales de televisión de cubrimiento nacional”.
Las razones de su preocupación, en cualquier caso, no son menores: la ley que el Gobierno busca modificar —680 de 2001— estipula que el espacio para producciones nacionales los sábados, domingos y festivos debe ser del 50% en horario triple A, es decir, de 7 a 10:30 p.m. Con las modificaciones que presenta el Gobierno, no sólo se disminuye el porcentaje, sino que también aumentan las horas para producciones extranjeras: ahora sería desde las 10:00 de la mañana hasta la medianoche. En pocas palabras, casi el 100% de la franja activa en televisión los fines de semana. Consultada por El Espectador, la presidenta del Círculo Colombiano de Artistas, María Eugenia Penagos, dijo que no conoce el proyecto de ley y aseguró que lo analizaría. Ante una descripción del articulado, dijo que sería un “golazo” en contra de la producción nacional.
Una última arista parece quedar en el aire. El proyecto fue entregado a las comisiones sexta de ambas corporaciones en el Congreso; sin embargo, si afecta derechos laborales, ¿son esas comisiones las competentes para tratar el tema? ¿Podría suceder, como pasó con la Ley Lleras 2, que sea aprobada y luego derogada por vicios de forma?
jtorres@elespectador.com
@acayaqui
Por Juan DavidTorres Duarte
