¿Y ahora quién cuidará a los jaliscienses?

La sociedad civil en Jalisco se manifiesta en contra de la violencia. La represión policial es la respuesta de las autoridades

Foto: Eneas de Troya

Giovanni fue detenido por la policía municipal la noche del 4 de mayo en Ixtlahuacán de los Membrillos, a 30 kilómetros de Guadalajara. En manos de las autoridades, Giovanni fue golpeado y torturado según testigos. A las pocas horas murió. Sus familiares se enteraron al día siguiente cuando fueron a buscarlo a la cárcel. La policía justificó su actuar asegurando que lo arrestaron “por conducta agresiva”, mientras su familia aseguró que lo arrestaron “por no usar tapabocas”.

Pasó un mes y este caso se mantuvo en el anonimato. Sin embargo, la semana pasada sus familiares difundieron el video de la captura asegurando que todo transcurrió mientras estaban cenando afuera de su casa. “No lo pueden subir, él no está haciendo nada” le dijo la madre de Giovanni a los oficiales. Al mismo tiempo, su hijo gritaba mientras era golpeado y sometido para subir a la patrulla. Esa noche, la Policía Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos le dio un “levantón” a Giovanni López. Y Giovanni no regresó.

El “levantón” es un término utilizado por los mexicanos para hablar de secuestro o desaparición forzada. En México, prácticamente cualquier persona puede ser “levantada” donde sea a cualquier hora del día. Aunque muchos gobernantes insistan en lo contrario, no se necesita “estar metido en cosas raras” para ser víctima de un levantón. En México, como diría José Alfredo Jiménez: “no vale nada la vida, la vida no vale nada”.

El crimen organizado suele ser el mayor responsable de estos crímenes; los narcos levantan para ajustar cuentas con otros grupos criminales y para reclutar sicarios o mujeres para trata de blancas, por mencionar algunos casos. Pocas veces la víctima de un “levantón” puede volver a casa. Pocas veces se sabe quién lo levantó y por qué lo hizo. Pocas veces hay justicia, casi nunca. En Jalisco, el estado donde vivía Giovanni, la probabilidad de que se resuelva un delito es del 0,6%.

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Las autoridades también “dan levantones”. Solo por dar un ejemplo, en 2017 tres policías asesinaron y desaparecieron a un inspector de la Secretaría de Transportes y Comunicaciones en Ixtlahuacán de los Membrillos. Cuando este tipo de casos llegan a la justicia, los uniformados se justifican diciendo que confundieron a civiles con miembros del crimen organizado, y que por esa razón los torturaron, asesinaron y/o desaparecieron.

Guadalajara dijo no más

Tras conocerse las circunstancias bajo las cuales murió Giovanni, el caso comenzó a tener visibilidad mediática a nivel nacional. El jueves pasado se organizó una manifestación en el centro de Guadalajara para pedir justicia. En medio de las protestas comenzó el enfrentamiento entre manifestantes y policías. Los primeros incendiaron dos patrullas y destrozaron algunas oficinas del Palacio de Gobierno; alguien más en ese grupo aprovechó la confusión y prendió fuego por la espalda a un policía motorizado. Entre tanto, los uniformados respondieron con gases lacrimógenos y agresiones a periodistas y manifestantes. Saldo del día: veintisiete detenidos.

Según periodistas locales, no se veía un nivel de represión similar en la ciudad desde 2004, año en que Guadalajara fue sede de la III Cumbre América Latina-UE. Un sector de la sociedad rechazó la realización del evento y se concentró en cercanías al centro de la ciudad para protestar. Como era de esperarse, los enfrentamientos entre manifestantes y policías no tardaron en aparecer. El gobierno reprimió con fuerza a los asistentes, y según la Comisión Nacional de Derechos Humanos casi medio centenar de detenidos fueron torturados y maltratados, mientras que una decena de ellos fue encarcelada sin realizarse el debido proceso. Ese día, Guadalajara supo quienes la gobernaban.

Dieciséis años después, la ciudad volvió a arder.

Al caer la noche, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro se limitó a aplaudir el trabajo de las autoridades y a acusar al movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador de provocar violencia en las protestas: “le pido al presidente de la República que le diga a su gente, y a su partido, que ojalá y estén midiendo lo que están haciendo, el daño que le están generando al país con este ambiente de confrontación, porque son ellos justamente los que han generado todo esto que estamos viviendo” aseguró Alfaro en un video comunicado de prensa.

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La sociedad civil convocó a protestas para el siguiente día.

Se les cayó la máscara

El viernes 5 de junio, contrario a lo ocurrido el día anterior, la policía comenzó a prevenirse desde temprano. Se colocaron vallas protectoras alrededor de algunos edificios públicos y los escuadrones antidisturbios se dejaron ver horas antes del inicio de las protestas.

En esta ocasión, el principal punto de concentración fue la sede de la Fiscalía General de Jalisco. Allí también se prepararon con tiempo y crearon una suerte de anillo de seguridad conformado por policías uniformados. Sin embargo, en este mismo punto los policías de la Fiscalía de Jalisco comenzaron a bloquear el paso de los manifestantes a cualquier costo.

Presuntos policías vestidos de civil y armados con bates de baseball, palos de golf y chalecos antibalas vigilaban la zona. Su zona. Comenzaban las detenciones.

Según testigos, los oficiales buscaban evitar a toda costa que las manifestaciones llegaran a la Fiscalía. Comenzaron a arrestar sin justificación a protestantes y transeúntes en las calles; se subieron a buses de transporte público a requisar y arrestar pasajeros de manera ilegal. Las formas eran de esperarse. El uso desproporcionado de la fuerza fue un factor denominador en el actuar policial del viernes; con puños, patadas y bolillazos “neutralizaron” a quienes se resistieron a una captura a todas luces ilegal.

“¿A dónde vas güey? A la verga. Órale, a chingar a su madre” le gritaron, por ejemplo, unos de esos policías a un grupo de jóvenes que iban caminando hacia la fiscalía. Los amenazaron con bates, los persiguieron y capturaron, según reportó un periodista local. Solo por ir a protestar.

Comenzaron a desaparecer manifestantes

Con el tiempo, comenzaron a reportarse desapariciones selectivas de personas cerca a los puntos de concentración. No contestaban el teléfono, se desconocía su paradero y en algunos casos sus últimos mensajes eran de ayuda. La policía estaba desapareciendo manifestantes en vivo y en directo en la segunda ciudad más importante de México.

Ya no eran levantones, eran desapariciones. En Guadalajara retumbaba en el aire aquella frase que se gritaba al unísono durante las marchas por los desaparecidos: “vivos se los llevaron, vivos los queremos”. En el estado Jalisco hay 9.341 personas no localizadas y desaparecidas. Se siente su ausencia todos los días. Guadalajara y Jalisco estaban viviendo su peor pesadilla.

El temor y la preocupación de ciudadanos y reporteros que estaban en el lugar aumentaba con el tiempo. No paraban los reportes de desaparecidos. Los hashtags #JusticiaParaGiovanni y #AlfaroParaPresidente marcaban las principales tendencias en twitter. Al mismo tiempo que desaparecían manifestantes en el estado gobernado por Alfaro, otros veían la oportunidad perfecta para impulsar su carrera política hacia la presidencia de México. No se equivocó Salvador Dalí al decir que México era más surrealista que sus propias pinturas.

A medida que se acercaba la noche, comenzaron a aparecer poco a poco algunos manifestantes. Aseguraron que después de la captura los golpearon y robaron -a algunos-, y los liberaron en peligrosos barrios alejados del centro de la ciudad.

Llegó la noche. Aparecieron más manifestantes libres y las comisiones de derechos humanos hicieron presencia en la Fiscalía para intermediar por los capturados. Nunca en Jalisco se había visto tal nivel de represión policial y política -para algunos-.

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La sensación para muchos fue similar a la vivida en 2015 durante los narcobloqueos. Para ese entonces, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) respondió a un operativo de las autoridades con una ola de violencia en todo el estado. En un solo día demostraron su poder y bloquearon Jalisco. El saldo: siete muertos, 38 carreteras y autopistas bloqueadas, y un helicóptero del ejército derribado por un misil lanzado por miembros de dicho cártel.

El mismo terror se sintió el 6 de junio de 2020. ¿Ahora quién cuidará a los jaliscienses?

La respuesta del gobernador Alfaro fue un hilo de twitter. “Han sido 48 horas de resistir todo tipo de ataques, provocaciones e intentos de desestabilizar el estado” y añadió “la instrucción que yo di fue actuar con sensatez, con prudencia y hoy un grupo de personas de la Fiscalía Jalisco desacató mis instrucciones y actuó de una manera irresponsable y brutal que no va a ser perdonada”. Alfaro prometió tomar cartas en el asunto, pues la fiscalía no es autónoma del poder ejecutivo en Jalisco. Más tarde, Alfaro salió en un video asegurando que el crimen organizado filtró la policía de la fiscalía y fue quien dio la orden de actuar con violencia. El fiscal y las cabezas visibles siguen en sus cargos. Prometen encontrar a los responsables.

Ambos posibles escenarios preocupan a periodistas en Guadalajara. Si le creen a Alfaro les preocupa que no tenga control sobre su fiscalía, y si no le creen, les preocupa aún más el autoritarismo de un gobernador que apenas va para su segundo de seis años de mandato.

La sociedad civil citó a una nueva jornada protestas al día siguiente. Ese día capturaron a seis personas en medio de una serie de disturbios. A esos seis los iban a trasladar a la Cárcel Federal de Puente Grande sin realizarles el debido proceso. La presión ciudadana obligó al gobernador a liberarlos. Está semana siguen las protestas, con menos intensidad que la anterior, pero siguen. Sin importar la cuarentena o el aislamiento.

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