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Noviembre de 2019 podrá ser recordado como uno de los meses más difíciles para el gobierno de Iván Duque. Su relación con el Congreso y los partidos políticos se encuentra en estado crítico, al punto que un debate de moción de censura produjo la renuncia de su ministro de defensa. La última encuesta Gallup registra la peor desaprobación de su gestión desde que llegó a la Casa de Nariño (69 %), y se le viene encima un gran paro nacional, programado para el próximo jueves 21, y desde ya se advierte que será masivo. Para rematar, esta semana la coalición oficialista perdió un puesto en el Consejo Nacional Electoral (CNE), con la elección de Virgilio Almanza como nuevo magistrado elegido con el respaldo de los partido Liberal, de la U y Cambio Radical.
Esta elección, además, da cuenta de un profundo malestar de la clase política con el Gobierno Nacional. La U, colectividad que hace parte de la bancada de gobierno, hizo de sepulturero del mindefensa, Guillermo Botero, y día a día parece caminar hacia la independencia para sumarse a las fuerzas de Cambio Radical y el Partido Liberal, que hoy son las que manejan el compás de la agenda legislativa. Tampoco hay buen clima con el Ejecutivo en el Partido Conservador y algunos de sus principales dirigentes ya empiezan a cavilar sobre la posibilidad de abandonar la coalición de gobierno por falta de representación política en el gabinete y los principales cargos del Estado. La molestia crece al mismo ritmo que se le pasan los días a Duque en el poder y la crisis no parece tener solución a la vista.
(Conozca aquí más sobre cómo se encuentra la relación del Gobierno con los partidos políticos)
“En el conservatismo sentimos que llevamos dos años ayudando al Gobierno sin ningún motivo. Nadie está pidiendo mermelada ni cupos indicativos, pero sin representación política no se puede gobernar y nadie va a jugarse el pellejo por un gobierno que no nos respeta ni nos tiene en cuenta. No pueden ser que los cargos del Estado sean todos para el Centro Democrático. Incluso en la última reunión de bancada ya empezaron a plantearse la necesidad de declarase en independencia”, confesó un veterano dirigente de las toldas azules. Además, señaló que los resultados electorales de las regionales, que leyeron como favorables para su colectividad, se lograron sin el apoyo del Ejecutivo y esto está “envalentonando” a los dirigentes conservadores que han empezado a soñar un partido que vuelva disputar el poder.
Sin embargo, desde el Gobierno, están convencidos de que este nuevo modelo de relacionamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo es mucho más que un punto de honor de Duque. “El presidente está convencido de que el país necesita abandonar la práctica extorsionista de los congresistas con el Gobierno. Es una apuesta a futuro que pretende acabar con un sistema malsano que incentiva la corrupción y la politiquería. No importa que el costo sea un Congreso adverso a la voluntad del Gobierno, porque las ramas del poder deben ser independientes y no codependientes. Sacrificar la gobernabilidad nunca va a ser tan grave como incentivar la corrupción”, señaló una voz desde la Casa de Nariño.
Y es que muchos congresistas esperaban que la salida del ministro Botero fuera la estocada final que obligara al Gobierno a replantear su relación con los legisladores y abriera las puertas para que miembros de la U, Cambio Radical o el liberalismo llegaran al Ejecutivo a darle maniobra a la crisis en el Capitolio. Pero el presidente pasó al canciller Carlos Holmes Trujillo a la cartera de Defensa y anunció la llegada de la exsenadora Claudia Blum –de la entraña del expresidente Uribe- al Ministerio de Relaciones Exteriores. La decisión deja en claro que Duque no está buscando gobernabilidad sino que se está radicalizando hacia el uribismo.
“El Gobierno está preparado para las contingencias. Tenemos un espíritu de combate para hacerle frente a esta situación. Que tiene costo, sí, lo sabe, pero no está dispuesto a dejar esa apuesta de transformación. Va a aguantar parado en la raya. El primer año fue de aprendizaje para muchos ministros, pero ahora vamos a recoger la cosecha. Además, Holmes y Blum ayudan a alivianar la relación con el uribismo, y principalmente con el expresidente Álvaro Uribe. Ayuda a descargar la tensión que estaba creciendo y que le preocupaba al presidente Duque, quien cuidará la relación con su mentor a toda costa”, sostuvo un cercano asesor del jefe de Estado.
En el interior del Gobierno se lamenta la salida de Botero del Ministerio de Defensa, porque se considera que hubo resultados importantes y era una persona apreciada y respetada por el mando militar. “El presidente ha reorganizado lo más rápido posible y eso está reflejado en el nombramiento de Carlos Holmes Trujillo, una persona en la que él confía y que tiene manejo político y una amplia experiencia en lo internacional y en los asuntos del Estado”, comentó desde la Presidencia una fuente con la condición de reserva de su nombre.
En ese mismo sentido, aseguró que el primer mandatario nunca ha estado de espaldas a la importancia de la representación de los partidos en el Gobierno, pero quiere insistir en que su legado es “hacer una contribución real para el cambio en la cultura del relacionamiento entre el Ejecutivo y el Congreso”. “Más adelante, seguramente, estarán las puertas abiertas para la llegada de personas que podrían ser vistas como representantes de sectores políticos, pero a corto plazo no se ven cambios. Es posible que arrancando el nuevo año pueda haber modificaciones, pero ahora Duque está apoyado en su gabinete”, añadió.
Si bien con la llegada de Trujillo al Mindefensa no se prevén cambios importantes en la política militar, sí podría haber modificaciones en la seguridad ciudadana, específicamente en el combate contra delitos como el robo de celulares y los atracos. “Habrá un apretón de tuercas y las ciudades lo van a notar”. No hay dudas de que la renuncia de Botero tuvo un impacto, no obstante, fue un alivio el resultado de la votación de moción de censura en el Senado, aunque desde el Ejecutivo se asegura que lo importante es cambiar rápido esa página para concentrarse en la Ley de Financiamiento, para la que ya se han realizado reuniones “técnicas y fluidas” para que no haya mayores modificaciones.
Por el momento, la concentración del Gobierno está en el paro convocado para el 21 de noviembre, que es visto con “respeto absoluto”. “El Gobierno no tiene otro camino que respaldarlo y mirarlo con atención para ver qué dice la ciudadanía. Además, debemos garantizar la seguridad de quienes van a marchar y enfrentar al máximo el vandalismo. También nos preocupa que haya sectores que estén convocando con base en mentiras, generando rabia e ira en los ciudadanos”, agregó la fuente.
“He sentido mucha preocupación en varios ministros, pero también veo que están paralizados del pánico y no tienen herramientas para abrir canales de diálogo social que puedan reducir la magnitud de la movilización”, señaló, a su vez, un miembro de la bancada oficial. Sin embargo, desde el Ejecutivo la directriz es garantizar el derecho a la protesta, así como la seguridad ciudadana evitando el vandalismo. “El problema que tiene el Gobierno es que este paro nacional está creciendo aupado por lo que está ocurriendo en Chile o Bolivia y no veo a un negociador fuerte que pueda evitar un estallido social. La única esperanza es que el propio presidente ha estado al frente de las reuniones con los sectores que se movilizan, como lo hizo esta semana con los sindicatos”, concluyó otra voz cercana al Ejecutivo.