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A partir del próximo 20 de julio, se posesiona el nuevo Congreso de Colombia. Una corporación sui generis, como la han calificado varios sectores, dadas las condiciones que caracterizarán al Legislativo 2018-2022 recién electo. En primer lugar, habrá más integrantes tanto en Senado como en Cámara, teniendo en cuenta que los exguerrilleros del hoy partido FARC podrán participar en política, después de más de 50 años de conflicto armado.
Producto del Acuerdo de Paz de La Habana, se les asignó por derecho propio 10 curules (5 en la Cámara alta y 5 en la baja) durante dos periodos legislativos, a pesar de que en las elecciones del domingo pasado no obtuvieron el número de votos mínimo que, en otro escenario, les habría valido perder la personería jurídica. Así, la llegada de los excombatientes será inminente.
Adicionalmente, en la denominada Reforma al Equilibrio de Poderes aprobada en 2015, quedó establecido que en las próximas elecciones presidenciales, el segundo con mayor votación después del ganador tendría derecho a una curul en el Senado de la República. Su fórmula vicepresidencial, en la Cámara de Representantes. Por eso, en este Congreso recién electo habrá más integrantes. En el Senado, a los 102 miembros se les sumarán las cinco curules de la FARC, más el que llegue producto de su derrota presidencial en las urnas. En total, 108 integrantes. A los 166 de la Cámara, se les sumará las otras cinco curules de la antigua organización guerrillera, más la fórmula vicepresidencial del perdedor en los comicios del 27 de mayo. Es decir, 172.
Hasta ahí, las cuentas parecen claras. Pero en términos físicos, ya no tanto. Este jueves, el secretario general del Congreso, Gregorio Eljach, lanzó una primera alerta en la que advirtió que, por ahora, no hay espacio para esos nuevos integrantes. “La llegada de ellos implica ampliar tanto el número de curules, como el número de vehículos, los servicios que se prestan, y la ubicación de los espacios físicos de las oficinas. Revisada la planta física, no hemos encontrado de ninguna manera, ni siquiera reduciendo espacios que ya están asignados, para ubicarlos en forma que ellos queden dignamente atendidos como corresponde a su investidura y a las comodidades que un congresista que necesita que se le den”, dijo Eljach.
En ese sentido, la solución sería la de poner a funcionar oficinas cercanas al Capitolio Nacional y asignarlas a los 10 miembros de la FARC que se posesionan el 20 de julio, así como a los vencidos en las elecciones presidenciales. “De tal manera que no creemos que vaya a generar traumatismos o dificultad mayor”, concluyó el funcionario.