¿Qué deberían tener en cuenta los candidatos a la hora de hablar de drogas?

El Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de Los Andes y la Fundación Ideas para la Paz (FIP) crearon el Decálogo sobre Política de Drogas para los Candidatos Presidenciales con diez puntos claves para tener en cuenta al abordar la problemática de producción, tráfico y consumo.

Candidatos presidenciales Viviane Morales, Germán Vargas, Sergio Fajardo, Iván Duque, Gustavo Petro y Humberto de la Calle. Archivo y cortesía.

¿Cuál es la mejor alternativa para Colombia a la hora de enfrentarse a los problemas de tráfico y consumo de drogas? Este ha sido un tema recurrente entre los aspirantes a la Casa de Nariño, más allá de sus posturas. La carga histórica que trae el país a sus espaldas ha obstaculizado que se conciban opciones diferentes a los tradicionales modelos de represión.

Por este motivo, y con el propósito de contribuir al debate, el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de Los Andes y la Fundación Ideas para la Paz (FIP) crearon el Decálogo sobre Política de Drogas para los Candidatos Presidenciales.

En el documento, a partir de una serie de análisis frente a la crítica situación que, en este sentido, el país encara en un contexto de posconflicto, dichas organizaciones construyeron diez puntos para tener en cuenta a la hora de plantear propuestas y, en el caso de quien sea elegido como el próximo primer mandatario, formular “una política eficaz, humana y sostenible”.

Estas fueron sus recomendaciones:

Mirar hacia atrás, aprender de las lecciones e innovar: aunque se han dado avances en términos de disminución de la violencia relacionada con el narcotráfico, aún existen condiciones que permiten que la economía ilegal prospere y se expanda estructural y monetariamente. Por esta razón, sugiere el documento, es necesario “partir de una evaluación sensata de lo hecho hasta ahora, no solo en términos de gobierno sino desde la perspectiva del Estado, abordando el futuro de manera responsable y creativa. Esto implica dejar de insistir en replicar aquello que no ha dado resultados y estar abiertos a la innovación”.

Es mejor prevenir que curar: la política de drogas generalmente intenta mitigar los efectos, ya sea en el ámbito rural de los cultivos ilícitos o en las ciudades con el microtráfico. “Es importante no perder de vista que hay un trasfondo de debilidad institucional, desconexión de extensas zonas del país y condiciones sociales adversas”, así como “la afectación de grupos vulnerables, como los jóvenes, que están vinculados a condiciones de exclusión, deterioro del tejido social y presencial desigual del Estado”. Según lo indica el Decálogo, si la política de drogas continúa enfrentando los síntomas sin atender las causas de fondo, corre el riesgo de caer en un círculo vicioso en el que, al cabo de un tiempo, los problemas creídos resueltos pueden resurgir.

Desarrollo rural para hacer sostenible la sustitución de cultivos: no solo se trata de contener y disminuir la presencia de los grupos criminales con intervenciones de inteligencia ni erradicar los cultivos como fin último, sino también de oxigenar a las regiones con la presencia integral de las instituciones, el fortalecimiento de las capacidades locales y la participación comunitaria e incrementar la inversión social.

Respuesta desde salud pública para uso problemático de drogas en lugar de criminalizarlo: según el documento, es clave optar por programas de servicios sociales y salud pública enfocados a reducir los daños del consumo. Estas acciones, incluso, han sido recomendadas por la ONU múltiples veces y hay evidencia de sus efectos positivos. Algunas alternativas son “las salas para el uso de drogas bajo supervisión médica, la distribución de naloxona para consumidores de opiáceos, los servicios de emergencia para neutralizar los efectos de una sobredosis y la entrega de kits con elementos para realizar una inyección higiénica y segura”.

Atención y protección a comunidades sobre medidas represivas: frente a esto, el documento pone un ejemplo clave, “lo que señala la evidencia es que aumentar las posibilidades de arresto o las pequeñas incautaciones, incluso imponer penas más fuertes, no se relaciona con el aumento en el precio de las sustancias y, por tanto, tienen poco efecto sobre el consumo de drogas”. Esto quiere decir que, si bien es importante hacer operativos de vigilancia y captura, poco sirve si no se complementa con un debido fortalecimiento comunitario.

Organizar una política que aborde otras dimensiones más allá de la de seguridad: según el Decálogo, en cuanto a la política de drogas el Estado tiene instancias de coordinación redundantes y metas inconsistentes, lo cual hace que se dispersen los recursos y los resultados no sean tangibles. “Es necesario pasar de intervenciones amplias que abarcan muchos territorios con esquemas centralizados y transitorios, a una permanencia estable que tenga en cuenta las variables territoriales”.

La clave está en lo local: si las comunidades y las autoridades locales se apropian de los esfuerzos e iniciativas en relación con la producción, tráfico y consumo de drogas, es mucho más fácil que haya un verdadero cambio en dichos temas, en especial si se abren las puertas a sus propias ideas de innovación y experimentación con base en su criterio y conocimiento del territorio.

No hay soluciones mágicas: no existe una estrategia única que resuelva un problema tan complejo cuyas raíces están bien plantadas económica y socialmente. Sin embargo, si se parte del análisis, reconocimiento y consideración de los distintos eslabones y motivos, será posible llegar a una alternativa mucho más acertada. “Se debe considerar que, en medio de los extremos de prohibición absoluta o la total liberalización del mercado, hay opciones intermedias que han mostrado resultados en términos de salud pública, seguridad y respeto de los derechos humanos, políticas como la despenalización, la reducción de daños y la regulación legal”, indica el reporte.

Pensar más allá del corto plazo: tener visión a largo plazo hace que los cambios se sostengan en el tiempo, mientras que trazar metas a corto plazo no permite que sean realmente sustanciales. “La evidencia señala, por ejemplo, que medidas como la erradicación forzada -aérea y terrestre- puede arrojar reducciones de corto plazo en el número de hectáreas cultivadas, pero son ineficientes y transitorias, especialmente si se aplican de manera deliberada y no son acompañadas por otras que se propongan la transformación de los territorios. Por el contrario, las intervenciones dirigidas a sustituir los cultivos ilegales por alternativas legales pueden demandar más tiempo y recursos, pero ofrecen mejores resultados en el mediano y largo plazo”.

Sobrepasar las fronteras: el documento finaliza rescatando que el problema de las drogas no es único de Colombia y por eso no es posible conseguir avances significativos actuando de manera aislada. Lo que recomiendan la FIP y el CESED es reducir la brecha entre el discurso internacional y nacional. “La política de drogas debe articular los esfuerzos de países productores, de tránsito y consumidores. Además, es necesaria una discusión permanente que facilite la transferencia de conocimientos y el diseño de políticas basadas en evidencia”.

 

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