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Desde la legalización de las minas de esmeraldas por parte del gobierno de Carlos Lleras Restrepo, el occidente de Boyacá ha vivido tres guerras que han desangrando a la población y a los clanes de esmeralderos de esta zona del país. La última de ellas, desarrollada durante la primera década y media del siglo XXI, estuvo protagonizada por dos bandos: uno liderado por el fallecido Víctor Carranza, en asocio con las familias Sánchez, Molina, Murcia y González; y otro en cabeza de Pedro Nel Rincón, alias Pedro Orejas, en asocio con la familia Triana, el fallecido Yesid Nieto y Chepe Ortiz, entre otros. Y, aunque la violencia arreció, no fue esta la que determinó el bando ganador. Lo que realmente llevó al ascenso de uno de los clanes fue la relación de este con el Estado central y con agentes internacionales del mercado de las piedras preciosas.
Desde la legalización de las minas de esmeraldas por parte del gobierno de Carlos Lleras Restrepo, el occidente de Boyacá ha vivido tres guerras que han desangrando a la población y a los clanes de esmeralderos de esta zona del país. La última de ellas, desarrollada durante la primera década y media del siglo XXI, estuvo protagonizada por dos bandos: uno liderado por el fallecido Víctor Carranza, en asocio con las familias Sánchez, Molina, Murcia y González; y otro en cabeza de Pedro Nel Rincón, alias Pedro Orejas, en asocio con la familia Triana, el fallecido Yesid Nieto y Chepe Ortiz, entre otros. Y, aunque la violencia arreció, no fue esta la que determinó el bando ganador. Lo que realmente llevó al ascenso de uno de los clanes fue la relación de este con el Estado central y con agentes internacionales del mercado de las piedras preciosas.
A diferencia de las dos primeras guerras, en la última, la violencia fue dirigida en forma exclusiva hacia los líderes esmeralderos y sus familias. Estos sufrieron entre 2005 y 2016, entre uno y dos atentados por año. Su mayor pico fue en el 2015, cuando fueron asesinados cuatro de ellos. Tal vez los dos eventos más sonados en la opinión pública de esta última guerra fueron el atentado contra Jesús Hernando Sánchez en 2012, realizado en un centro comercial de la ciudad de Bogotá; y el asesinato del hijo de Pedro Orejas, Pedro Simón, en 2014. Por el primer crimen fueron capturados dos sicarios de una banda que operaba en San Andresito de la 38 en Bogotá y el hijo de Horacio Triana, Jerson Estiben Triana, quien habría participado del atentado.
El segundo crimen, según relata Pedro Orejas en entrevista con Caracol TV, habría sido pagado por Jesús Hernando Sánchez con la participación de Óscar Murcia, quien pocos meses después también fue asesinado. Sin embargo, en una visita a la Fundación Pares, Edwin Molina, quien actualmente se encuentra al frente de los negocios de su familia, afirmó que cuentan con una carta del propio Pedro Orejas en la que este se retracta por las acusaciones hechas contra Sánchez y Murcia.
Lo cierto es que en medio de la tercera guerra verde, las relaciones entre el Estado, los empresarios y el occidente de Boyacá, liderado por las familias esmeralderas que controlaron desde los 60 el orden social local, se transformaron debido al interés de las multinacionales por entrar al negocio de las esmeraldas.
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El primero en vender fue Carranza, quien entabló una cercana relación con Charles Burgess, funcionario de la Embajada norteamericana en Colombia, quien posteriormente sería nombrado gerente de la Texas Colombia (subsidiaria de la multinacional estadounidense Texma Group), que le permitiría a esta desde 2010 iniciar la inversión en la mina de Puerto Arturo, que desde 2015 pasa a ser propiedad exclusiva de la multinacional, después que los herederos de Carranza, los Molina y los Beetar vendieran sus acciones.
El clan de Pedro Orejas y los Triana, por el contrario, no quisieron negociar. La entrada de las multinacionales suponía la formalización del empleo de los barequeros, el desmonte de los ejércitos privados con los que se había controlado la región, así como el mejoramiento de prácticas contables y ambientales que algunos no estaban dispuestos a asumir. Al fin y al cabo, como lo han señalado diversos investigadores de la región, el Estado en el occidente de Boyacá eran las familias esmeralderas, los “patrones” como se les conocía.
El problema que suponían Pedro Orejas y Triana fue resuelto el año anterior, cuando se les extraditó por narcotráfico y por orden del fiscal les fueron expropiadas sus minas y principales propiedades. El campo quedó libre para los herederos de los Carranza y su aliados más cercanos. Esta nueva generación controla el próspero negocio.
Ahora bien, a pesar de que la muerte de Carranza supuso un momento propicio para empezar de nuevo y darle otra cara a un negocio signado por el crimen y la violencia, con él perdieron al más importante interlocutor con el Gobierno central. Por eso, los Carranza, los Sánchez y los Molina se han puesto a la tarea de llevar a líderes políticos cercanos a importantes puestos del Gobierno nacional y departamental. La primera fue Claudia Ortiz, quien —según confirmó Edwin Molina— es su principal aliada en el Gobierno central. Ahora lanzan a Jonatan Sánchez como candidato a la Gobernación de Boyacá, que ha sido mencionado como uno de los testigos contra Pedro Orejas y Triana en el proceso de extradición. Los prósperos esmeralderos se toman a Boyacá con Sánchez.
* Fundación Paz y Reconciliación (Pares)