¿Por qué hay más violencia, pero menos riesgo electoral?

A pesar de la violencia, este año hay muchos menos municipios en riesgo electoral. Cómo explicar esta contradicción o qué es lo que está pasando.

En 152 municipios del país confluyen factores de riesgo por violencia y por factores indicativos de fraude electoral, según la MOE. Gustavo Torrijos - El Espectador

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El 1° de octubre, la Misión de Observación Electoral (MOE) publicó sus tradicionales mapas de riesgo para las elecciones regionales de este año. Su mensaje sorprende. A pesar de la violencia en algunas regiones —que ya ha cobrado la vida de siete candidatos según la MOE; es decir, dos más que en 2015—, el número de municipios en riesgo disminuyó de manera significativa: en estas elecciones hay 152 municipios en riesgo, mientras que en 2015 había 204. ¿Qué pasó?

A cada riesgo, su medición

Los mapas de riesgo de la MOE han suscitado varias reacciones. Hoy, varias instituciones publican sus propios mapas de riesgo, a veces con resultados más alarmistas y contradictorios. Por ejemplo, a principios de septiembre, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta de riesgo electoral sobre 418 municipios; es decir, cerca de 40 % de los municipios del país.

Cada institución tiene una metodología propia en función del tipo de riesgo que quiere medir. La Defensoría, con un enfoque de derechos humanos, tiende a destacar la violencia por presencia de grupos armados, las amenazas, los asesinatos, etc. La MOE, por su parte, tiene la particularidad de combinar dos tipos de riesgos: el de la violencia y el del fraude electoral.

El primer riesgo se mide con variables que la MOE llama “activas”, en la medida en que las mediciones son muy reactivas a los eventos que se presentan en la campaña y, por tanto, cambian a medida que avanza la contienda. Este tipo de riesgo se mide registrando 1) los hechos de violencia relacionados con las elecciones o contra líderes sociales, 2) la presencia de grupos armados ilegales, 3) el desplazamiento forzado y 4) las violaciones a la libertad de prensa.

En cambio, el riesgo de fraude se mide con variables “pasivas”; es decir, que dependen del comportamiento electoral pasado en los municipios. En este caso, se toman en cuenta variables como el grado de participación electoral, la variación de la participación de una elección a otra, el índice de voto nulo y no marcado, la trashumancia electoral, etc. Para medir este riesgo, se observa el comportamiento de los municipios en las tres elecciones pasadas del mismo tipo. Por lo tanto, esta medición varía menos en el tiempo, porque se basa en patrones observados durante un largo período.

¿Por qué “hay menos riesgo”?

Este último tipo de medición tiene sus ventajas e inconvenientes. La principal ventaja es observar el comportamiento del riesgo en un período más largo. Los mayores inconvenientes son el carácter reactivo de estas mediciones a la coyuntura y el hecho de que se calculen con referencia a un promedio de alcance nacional.

La metodología de la MOE, que combina la medición del riesgo por violencia y por fraude, está pensada para lograr un equilibrio entre tomar en cuenta los eventos puntuales de la campaña y, al mismo tiempo, ubicarlos en un contexto histórico de largo plazo. Ese contexto histórico de largo plazo explica, en gran medida, los “buenos resultados” que arrojan los mapas de riesgo de la MOE este año.

Para medir el riesgo por fraude de este año se analizó el comportamiento electoral de los municipios en las tres elecciones pasadas del mismo tipo: las elecciones locales de 2007, 2011 y 2015. A su vez, para crear el mapa de riesgo de 2015 se analizaron datos de 2003. Eso es importante porque las peores distorsiones del comportamiento electoral producidas por la parapolítica tuvieron lugar en la década del 2000. En esta etapa, las mediciones mostraban los efectos masivos del constreñimiento armado o de fraudes burdos que hoy ya no tienen equivalentes. La salida progresiva de la peor época de la parapolítica explica una “mejora histórica” del factor de riesgo por fraude.

Desde luego, esto no implica que ya no exista riesgo de fraude. Sin embargo, estas prácticas son a la vez más discretas y menos eficaces que en el pasado, y ya no provocan distorsiones tan masivas en los resultados.

Por otra parte, esa “mejora” también refleja los éxitos del Acuerdo de Paz con las Farc. Por ejemplo, la mayor zona de mejora destacada por los mapas de la MOE se encuentra en Caquetá y Putumayo, región de presencia histórica de las Farc. Desde 2014, esa zona ha registrado un comportamiento electoral cada vez más cercano al promedio del país, entre otras cosas, con un mejor grado de participación y una situación más conforme a las pautas nacionales.

Un riesgo más concentrado

Sin embargo, que haya menos municipios en riesgo en el mapa de la MOE no es una razón para argumentar que todo va bien. Una cosa es que el riesgo esté presente en una menor porción del territorio nacional, y otra que haya desaparecido. Lamentablemente, lo que pasa con el factor de riesgo de violencia ilustra este punto. Si hay menos municipios en riesgo y, al mismo tiempo, hay más asesinatos de candidatos, no podemos concluir que el riesgo está disminuyendo. A lo sumo, podemos decir que el riesgo se está concentrando en zonas en las cuales se ha vuelto más intenso.

Si en algunas zonas, como los ya mencionados departamentos de Caquetá y Putumayo, el desarme de las Farc ha representado una mejoría, en otras zonas el Acuerdo de Paz ha implicado todo lo contrario. Ese es el caso de la zona Pacífica, donde la situación empeoró porque el retiro de un actor armado provocó la lucha entre otros actores armados para recuperar su poder. Desde el punto de vista de la seguridad de la población local, era mucho mejor tener un solo grupo armado dominante —aunque fuera ilegal— que impusiera orden, que tener varios grupos pequeños luchando entre sí.

Así, los mapas de riesgo de la MOE nos dibujan una realidad contrastada y complicada del proceso de paz, que revela éxitos indiscutibles en algunas partes y límites o francos fracasos en otras.

* Profesor de la Universidad del Rosario y analista de Razón Pública.

Esta publicación es posible gracias a una alianza entre El Espectador y Razón Pública. Lea el artículo original aquí.

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Yann Bassett*

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