Puja por el poder en Tolima, entre maquinarias y señalamientos

La Gobernación se la disputan cuatro candidatos, tres de ellos supuestamente ligados a casas familiares en contienda por mantener el dominio electoral, político y burocrático de la región. Así está el panorama a solo días de elecciones.

-Javier González Penagos / Twitter: @Currinche
23 de octubre de 2019 - 11:00 a. m.
De izquierda a derecha: José Ricardo Orozco, Agustín Mauricio Pinto, Rosmery Martínez y Jorge Enrique Palomino.  / Fotos: Redes sociales de candidatos
De izquierda a derecha: José Ricardo Orozco, Agustín Mauricio Pinto, Rosmery Martínez y Jorge Enrique Palomino. / Fotos: Redes sociales de candidatos

El clima que se percibe al arribar a Ibagué en plena temporada electoral, a pocos días de que los casi 1,1 millones de tolimenses habilitados para votar comparezcan a las urnas, no dista del que se vive en cualquier ciudad capital del país: publicidad electoral que agobia y que invita a votar por uno u otro aspirante; colectivos de campaña acaparando calles; gente afanada por cumplir reuniones y un intenso desfile de candidatos en sus correrías.

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Sin embargo —de modo mucho más silencioso y reservado, como si se tratara de un secreto a voces—, en el Tolima abundan las críticas, el descontento e incluso la rabia por la forma en que, alegan tanto candidatos como ciudadanos, se está haciendo política en la región. Los señalamientos van desde el derroche de recursos y flujos descarados de dinero, pasando por maquinarias y barones políticos puestos al servicio de un determinado candidato, hasta cooptación de líderes barriales capaces de mover e influenciar un sinfín de votos.

Detrás de todo, coinciden fuentes consultadas por este diario, estaría la puja de dos casas políticas, cuyos desencuentros y contiendas han acaparado la dinámica electoral del departamento en los últimos años. No es para menos: en disputa está el manejo del presupuesto de la Gobernación, que solo en los últimos tres años sumó alrededor de $2,4 billones para el Tolima.

La pelea —que, por supuesto, se acentúa en elecciones— la libran, por un lado, el ala del actual gobernador, Óscar Barreto Quiroga, de línea conservadora, que repitió en el cargo tras su paso entre 2008 y 2011 y que se forjó de la mano de barones de las toldas azules como el fallecido exsenador Luis Humberto Gómez Gallo, condenado en 2011 por parapolítica. Actualmente, se presume que su influencia y poder se extienden hasta el Congreso, de la mano de su primo el senador Miguel Barreto y los representantes Adriana Magali Matiz y José Elver Choco Hernández, todos del Partido Conservador.

Por el otro lado, aparece una casa política de origen liberal que, si bien ha perdido fuerza en las últimas elecciones, confía en recuperarse y de nuevo asumir autoridad en el departamento: la familia Jaramillo, que hoy goza de tener en la Alcaldía de Ibagué a Guillermo Alfonso Jaramillo, pero que otrora presumió de tener una influencia en cabeza de sus padres, el exministro Alfonso Jaramillo Salazar y la exparlamentaria Hilda Martínez de Jaramillo. El dominio, recientemente, estuvo liderado por el hermano del alcalde, el exsenador Mauricio Jaramillo, quien se quemó en su intento por llegar a la Gobernación en las elecciones pasadas por apenas un punto porcentual frente a Óscar Barreto.

Las apuestas

Exdiputado y exsecretario del Interior en el actual mandato de Óscar Barreto, Orozco es visto como el heredero natural del gobernador, una cercanía que no niega, aunque marca distancia. “Uno llega a ser gobernador es con los amigos, sin que ello implique algún tipo de compromiso”, explica, mientras atiende llamadas, organiza su agenda y acude a reuniones.

Fuentes en el departamento alegaron que para su aspiración “se han dispuesto todo tipo de maniobras y manejos desde la propia Gobernación” e, incluso, coincidieron en que se habría montado toda una estructura para asegurar su triunfo este 27 de octubre. El eslabón más fuerte de la cadena, dijeron al menos seis personas consultadas, son contratistas que estarían liderando su campaña y que, como contraprestación, podrían asegurar no solo más contratos en el futuro, sino también secretarías departamentales. Luego vendrían los mandos medios, contratistas no tan poderosos, pero con chequera grande y, finalmente, cerrarían la estructura activistas y líderes, quienes, a punta de insumos para el desarrollo rural y agropecuario que le prometen a la gente (especialmente en el sur del departamento), mueven los votos.

Los detractores también le cobran a Orozco el haber sido condenado en 1999 por supuestamente dispararle a un particular en su condición de agente de Policía en Putumayo, a finales de los años 80, por lo que fue retirado del servicio y condenado. Aunque figuró como reo ausente durante varios años, en 2002 fue recluido y purgó 35 meses de prisión. Esa sentencia no fue apelada y, años después, el candidato presentó una tutela alegando violación al derecho de la legítima defensa y al debido proceso. Tras un largo proceso, Orozco quedó en libertad el 29 de junio de 2005. Sin embargo, buscando establecer si hay algún tipo de inhabilidad por todos estos hechos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) está próximo a definir si deja en pie su aspiración.

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Frente a ese episodio, ha insistido en que son señalamientos que buscan entorpecer su aspiración, que justo reviven en época electoral y reivindica que en su nombre “no figura ninguna condena”. Para Orozco, quien manifiesta ser víctima de una persecución política de sus rivales y que saca pecho de su trabajo de más de dos décadas en la región, detrás de todo hay una campaña negra y de desprestigio.

En este punto, aparece otra persona cercana a la casa Barreto: Agustín Mauricio Pinto Rondón, del Centro Democrático, quien fue durante año y medio secretario general del actual gobernador en su primer mandato (entre 2008 y 2013). En 2010, cuando ya no se desempeñaba en ese cargo, fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría para ejercer cargos públicos por diez años por participación en política. Sin embargo, la sanción fue levantada en 2017.

Pinto, quien goza del respaldo del expresidente Álvaro Uribe (quien ha hecho proselitismo a su lado en Tolima), así como de la senadora Paloma Valencia y Ricardo Ferro, representante a la Cámara, supuestamente se habría distanciado del grupo político del hoy gobernador por “diferencias con el manejo político que hace la casa Barreto”.

Si bien fue señalado de que en su contra pesaban al menos siete investigaciones penales, el CNE dejó en firme su candidatura al no encontrar “la existencia de condenas concretas o sentencias definitivas y ejecutoriadas”. No obstante, ese mismo organismo le criticó esta semana no cumplir con la obligación de reportar sus ingresos y gastos de campaña.

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Por parte de la casa Jaramillo, supuestamente la ungida para hacerle frente al barretismo sería la exsenadora Rosmery Martínez Rosales, apoyada por Cambio Radical y el Partido Liberal, la misma alianza (esta vez sin La U) a la que se hizo el excandidato Mauricio Jaramillo en 2015. A ella también le han sacado los trapitos al sol por la influencia que jugaría en su campaña su hermano el excongresista Emilio Martínez, considerado jefe de Cambio Radical en el departamento.

Martínez fue capturado en 2008 por sus presuntos nexos con el Bloque Tolima de las AUC y un informe de la Fundación Paz y Reconciliación recuerda que fue condenado a 16 meses de prisión por la Corte Suprema por peculado culposo con concurso homogéneo y sucesivo, inhabilitándolo por irregularidades en la celebración de más de 50 contratos.

En respuesta a esa influencia, Martínez dice que su hermano está trabajando en la campaña con Cambio Radical y reconoce que “es un dirigente político que trabajó con (Luis Carlos) Galán, amigo de Germán Vargas Lleras y un incasable social, que ha sido perseguido por ser un dirigente claro y transparente”.

Finalmente, figura Jorge Enrique Palomino Andrade, de la Alianza Verde, cercano a la línea política de Sergio Fajardo, Claudia López y Jorge Robledo. Aunque es visto como un hombre joven que podría renovar la dinámica electoral, fuentes admiten que aún no cuenta con el poder y el carácter para poder hacerse a la Gobernación del Tolima.

A cinco días de que se celebren los comicios, los señalamientos y acusaciones de parte y parte en las campañas se recrudecen. El ambiente, por supuesto, es de polarización y enfrentamiento; sin embargo, la última palabra la tienen los tolimenses: los llamados a librar su propio camino a través de sus gobernantes. El desafío para ellos continúa.

 

 

jgonzalez@elespectador.com

Por -Javier González Penagos / Twitter: @Currinche

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