Los retiros bruscos de los altos puestos oficiales y en medio de escándalos periodísticos, bien por sospechas, bien por quejas fundadas o infundadas, bien por diferencias de criterio y hasta por actos de independencia y autonomía, parecen haberse vuelto costumbre en las dos administraciones del presidente Uribe.
Se recuerda el caso de Martha Lucía Ramírez, que salió del Ministerio de Defensa en medio de una penosa controversia con el director de la Policía, general Teodoro Campo. Éste, a su vez, tuvo que irse del puesto y de la institución. En época más reciente, renunció el director de Invías Mauricio Ramírez, después de que soltaron desde las mismas entrañas del poder toda clase de rumores sobre él, que después nadie confirmó. Ernesto Rojas, quien fuera director del DANE, pasó con dignidad a las filas de los ex, pero lastimado por los señalamientos que le hicieron. Jairo Rubio, superintendente de Industria y Comercio, también cerró de un día para otro sus labores en esa entidad. Ni qué decir sobre la forma como sacaron a una directora del Programa Presidencial Colombia Joven por el enfrentamiento con un advenedizo. La periodista Paola Ochoa batió el récord de permanencia corta en el cargo de prensa de la Embajada en Washington. Y los consentidos de la Casa de Nariño, Rodrigo Lara y Carlos Medellín, se fueron porque quisieron y porque dejaron de quererlos.
A esta numerosa lista se suma ahora la renuncia con cara de “botada”, del superintendente de Salud José Renán Trujillo, luego de numerosas versiones, filtradas como siempre, sobre presuntos casos de corrupción en su entidad. Si Trujillo es partícipe directo de esas irregularidades, sólo lo dirán las investigaciones. No obstante, él se sostiene en que se ha ido porque lo amenazaron. Y añadió que estaba pisando callos y que para hacerlo, nunca contó con el respaldo del ministro de Protección Social, Diego Palacio.
El ministro contestó con tranquilidad todas las preguntas sobre este tema y no eludió ningún cuestionamiento. Hizo afirmaciones que dicen más de lo que se nota a primera vista. Admite que circulan otras versiones preocupantes sobre corrupción en entidades de su sector y revela que ya hay investigaciones en curso. Contesta si la elaboración de una lista con personajes que no estarían pagando lo justo en la EPS, es una forma de retaliación contra algunos opositores. Y se refiere al talón de Aquiles de Colombia en el TLC: la seguridad y vida de los sindicalistas.
Cecilia Orozco Tascón.- Más allá de lo que se ha dicho, ¿por qué se retiró el superintendente de Salud?
Ministro Diego Palacio.- Él ha planteado tres cosas: que estaba amenazado, que recibió presiones indebidas por parte del Ministerio y que no tuvo nuestro apoyo para tomar ciertas decisiones. Yo no conocía las amenazas, pero le pedí el favor a la directora del DAS de que le diera toda la protección que necesitara; tampoco conozco la existencia de presiones indebidas por parte del Ministerio. Si las hubo, esperaría que se dijera públicamente cuáles fueron, cuándo se hicieron, quién las hizo y en qué condiciones. Y en cuanto a que no hubiera apoyo nuestro, ni él ni ningún otro director de las entidades adscritas o vinculadas al Ministerio puede decir que me he involucrado en su gestión. Todos han tenido autonomía total. Además, en este tema hubo algo que es evidente: los comentarios que se produjeron sobre algunas situaciones de posible corrupción.
C.O.- ¿Usted tiene información concreta contra el doctor Trujillo?
M.P.- El cargo de superintendente de Salud no es fácil, porque maneja asuntos muy sensibles. Pero si me pregunta si yo puedo plantear alguna acusación puntual, le contesto que no. Si la tuviera, ya la habría hecho pública. Así actué, por ejemplo, cuando empezamos a recibir las quejas que ya he mencionado. Conjuntamente con la ministra consejera, Cecilia Álvarez, le comentamos a José Renán que existían esos reclamos y que iríamos donde el Fiscal General para darles traslado en forma inmediata. Y así lo hicimos.
C.O.T.- Parece que también hubo discusiones entre ustedes dos. ¿A qué se refiere el ex superintendente cuando dice que no fue un funcionario “de bolsillo”?
M.D.P.- Hubo discusiones como las hay en todas partes. Por ejemplo, hubo divergencias frente al enfoque de la nueva EPS del Seguro Social, pero con total respeto. Al final llegábamos a acuerdos sobre cómo cada uno de nosotros iba a asumir la responsabilidad que le correspondía. Sin embargo, no ocurrió que en el Ministerio, o que alguien del Gobierno le pidiera que tomara decisiones con las que él no estuviera de acuerdo. Eso no se dio.
C.O.T.- Precisamente el ex superintendente ha dicho que el distanciamiento con usted se debió a que él fue claro en decir que la nueva EPS no estaba lista. Usted, en cambio, parece no tener reversa.
M.D.P.- La reforma es el instrumento para poderle ofrecer no sólo ahora sino en el futuro una buena atención a la gente. De todas maneras, se ha venido adecuando a los tiempos y revisiones de la Superintendencia. El mismo día en que el superintendente renunció, su gente y él mismo habían dicho que estaban listos a firmar la autorización para la publicación de la invitación a continuar el proceso.
C.O.T.- Para nadie es un secreto que usted es del círculo más estrecho del Presidente. El hecho de que entre usted y el superintendente hubiera tensiones, ¿le quitó margen de acción a Trujillo y lo condujo a la renuncia?
M.D.P.- Al Presidente no le toco temas emocionales o de tensiones con otros miembros del equipo. Por eso no hablé nunca con él de alguna posible diferencia con el superintendente.
C.O.T.- El doctor Trujillo dice que se sintió presionado por el Ministerio para que autorizara la aprobación de licencias de ciertas EPS.
M.D.P.- La única vez que conversé con el superintendente sobre el tema de licencias fue cuando me llamó muy preocupado para decirme que necesitaba que nos sentáramos porque tenía “algo grande que contar”. Me invitó a desayunar y me contó que iba a retirarles la licencia a quince EPS del régimen subsidiado, a nueve cajas de compensación y a otras seis entidades. Le pregunté si las iba a sacar de una vez; le señalé que no me parecía prudente hacerlo y que por lo menos me dejara pensarlo, porque eso iba a tener enormes implicaciones a nivel nacional. Eso fue un viernes. Al domingo siguiente la revista Semana publicó la trascripción de una conversación de una asistente de Dieb Maloof (sobre presuntos sobornos). El lunes, estando yo en la oficina de Bernardo Moreno (secretario general de la Presidencia), llamamos a José Renán para decirle que tomara la decisión que correspondiera y que retirara las licencias que tuviera que retirar. Él no puede decir que de este despacho salió alguna presión indebida, mucho menos relacionada con licencias para EPS.
C.O.T.- ¿Cómo califica la gestión del ex superintendente?
M.D.P.- Tuve la oportunidad de ver sus informes y creo que hizo un esfuerzo interesante y que hay unos resultados importantes.
C.O.T.- El caso de la Superintendencia no parecería ser el único. Hay rumores sobre graves casos de corrupción en otras entidades que tienen que ver con el manejo de recursos provenientes de los juegos de suerte y azar, ¿es cierto?
M.D.P.- Esa es un área que maneja mucho dinero. Son cerca de 18 billones de pesos al año y existen varios actores: los apostadores, los chanceros, las loterías, las licoreras, en fin. Sí hemos recibido quejas del sector de los juegos. Hace un par de meses se lo comenté a la directora de Etesa (Empresa Territorial para la Salud) y eso llevó a que ella tomara algunas medidas.
C.O.T.- En concreto, ¿cree que en Etesa puede reventar también un escándalo similar al de la Superintendencia?
M.D.P.- Los organismos de control ya conocen las quejas porque les dimos oportuno traslado, al igual que otros reclamos sobre el manejo de recursos de la salud en entidades territoriales.
C.O.T.- ¿Quiere decir que hay procesos judiciales en curso?
M.D.P.- Creo que sí. Por lo menos, los organismos de control han recibido la información sobre esos temas.
C.O.T.- En conclusión, ¿funcionarios de Etesa y algunas entidades territoriales, tendrán que enfrentar procesos penales o disciplinarios?
M.D.P.- Como le dije, contamos con algunos elementos puntuales, pero no quisiera entrar en detalles porque pueden hacer parte de la reserva del sumario.
C.O.T.- La lista de personajes en la que aparecen quienes supuestamente no pagan el nivel que les corresponde en su EPS, es un poco extraña, ¿cómo y por qué surgió esa idea?
M.P.- Hay un estudio del año 2001 en el que se dice que la evasión y la elusión en el sistema de salud es cercana a los dos o tres billones de pesos ¿Qué hicimos? Primero, empezamos a sistematizar la información. Después, cruzamos los datos y encontramos personas muy importantes, defensoras de la ética en el país, quienes bajo la gravedad del juramento informaban que se ganaban dos millones de pesos. Pagaban seguridad social sobre ese monto o menos. Pero ese pago se debe hacer de acuerdo con los ingresos y no con lo que uno quiera declarar. No sólo se debe pagar la cotización, porque es exigida por ley, sino como una forma de equidad con el resto de la población.
C.O.T.- Si en esa lista se encuentran reconocidos opositores del Gobierno, puede sonar a retaliación o, peor, a persecución. ¿Ha pensado en esa discusión?
M.P.- Decir que hay persecución o, por ejemplo, que tratamos de limitar la libertad de prensa porque hay periodistas, sería una forma inteligente de desviar la atención. Puede tener la seguridad de que no hay ningún tipo de persecución pero sí hay una convicción: lo que se paga debe ser lo que corresponde en realidad a las ganancias de cada uno. Esas personas que aportan lo que quieren y salen a hablar de moral pública, deberían contar abiertamente cuánto están pagando.
C.O.T.- ¿Cómo solucionarán el problema los involucrados?
M.D.P.- Lo que más nos interesa es que se pague lo que se tenga que pagar. Creo que con las cartas en las que les informamos que no están cancelando lo debido, un porcentaje importante de la gente va a modificar su actitud. Un segundo problema es el de la deuda que les queda a quienes no pagaron oportunamente. Ese es un tema que les corresponde más a los organismos de control –Fiscalía y Contraloría– que al Ministerio. Debo reconocer que puede haber confusión en las normas que tenía el público para cancelar su seguridad social. Eso nos exige ser cuidadosos y mucho más exigentes en la forma como divulguemos las condiciones para calcular el pago.
C.O.- ¿Por qué le dio traslado de la información a la Fiscalía? ¿Cuál delito se investigaría?
M.D.P.- Porque si dentro de tres o cuatro años alguien dice que yo conocía la comisión de un posible delito y no lo informé, me pueden denunciar. Se estaría investigando, por lo menos, falsedad en documento público.
C.O.T.- ¿Cuántas cartas han enviado?
M.D.P.- Ya se despacharon por lo menos cuatro mil, pero enviaremos doce mil.
C.O.T.- ¿Y usted aspira a que la Fiscalía abra doce mil procesos?
M.D.P.- No, no creo que lo pueda hacer. Pero sí en casos que llaman mucho la atención. Por ejemplo, el de una persona que dice vender 4 mil millones de pesos al año, pero que paga seguridad social como si estuviera recibiendo 6 millones. La pregunta es: ¿ese es un evasor o un lavador de dinero? Eso lo tendrá que definir la Fiscalía.
C.O.T.- ¿Cómo se manejará el tema con las empresas?
M.D.P.- Muchas de ellas ya entregaron la información que les pedimos sobre sus contratistas, pero otras se han negado. Entre ellas hay varias de origen multinacional y tendremos que sancionarlas si no colaboran. Esa actitud nos llama mucho la atención. También hay que decir que se encuentran unas firmas de buena fe que no estaban haciendo el control ordenado por ley.
C.O.T.- Uno de los problemas más graves que ha tenido Colombia para la aprobación del TLC es la falta de garantías que tienen los sindicatos. Iván Cepeda, organizador de la marcha del 6 de marzo, denunció que en los días siguientes mataron a cuatro sindicalistas que participaron en la protesta. ¿Qué puede decir al respecto?
M.D.P.- El Gobierno ha insistido siempre en que aquí no ha existido un movimiento dedicado única y exclusivamente al exterminio del movimiento sindical. De otra parte, las cifras de los sindicalistas muertos han venido disminuyendo y se les han dado todas las garantías. Este año llevamos doce personas vinculadas al movimiento sindical que han sido asesinadas, pero no se puede decir que esas muertes sean producto de esa actividad.
C.O.T.- ¿Hay alguna aproximación oficial al tema de la generación de climas más democráticos en el país para que las actividades de los sindicalistas sean aceptadas como legítimas y respetables?
M.D.P.- Desde luego que sí. Pero le repito que hay muchas motivaciones diferentes para la generación de violencia en Colombia. Recordemos la muerte de las personas vinculadas al sindicalismo en Arauca que tenían orden de captura. No estoy justificando el enorme error de un grupo de personas vinculadas a las Fuerzas Militares que hoy están condenadas. Pero quienes perdieron la vida tenían orden de captura y los que estaban con ellos fueron condenados por haber hecho parte de la guerrilla. Hay elementos importantes que se deben mirar en el contexto general de la violencia sin desconocer que ser sindicalista en Colombia es duro, pero ser empresario, ser político, ser periodista también lo es.