Pocos recuerdan que el 24 de julio del año pasado los representantes de tres millones de víctimas, quienes por fin habían logrado que los recibiera el Congreso de la República, se quedaron casi solos en el Capitolio, con sus letanías de quejas y carencias. En el recinto donde se adelantaba la convocatoria, quedaron, si mucho, veinte parlamentarios al cabo de poco tiempo. El resto de las sillas estaba vacío. Ése era el deprimente escenario cuando le correspondió el turno para hablar a Licinia Collazos, una indígena a la que 70 paramilitares del autodenominado Bloque Calima le torturaron y mataron a su esposo en la masacre del Alto Naya, en 2001. “Soy una campesina muy bruta”, dijo, y continuó: “debe ser por eso que no entiendo nada. El otro día estuve mirando por televisión al señor Mancuso cuando lo invitaron a venir aquí, y esto estaba lleno. Y ahora que venimos las víctimas de él y de sus compañeros, no veo a nadie”.
Al otro día, la vergüenza nacional de que alguien en su infinita impotencia le reclamara al país político su complacencia con los victimarios, hizo que el tema se convirtiera en una discusión cuyas repercusiones fueron positivas, al menos en un aspecto: de ese hecho surgió la idea de estructurar un proyecto de ley para la protección de las víctimas, esos centenares de miles de seres sin rostro que sociedad y Gobierno han logrado borrar de sus preocupaciones y hasta de las estadísticas, cuando éstas no convienen porque “dañan” la imagen de la nación.
Lidera la iniciativa que por primera vez se intenta en Colombia, el senador liberal Juan Fernando Cristo, víctima también del conflicto, pues su padre fue asesinado hace once años por el Eln en Cúcuta, su ciudad natal. El “corazón” de la ley que se tramita actualmente en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, después de que fuera aprobada por abrumadora mayoría en el Senado, es el establecimiento de una jurisdicción especial para que se pueda hacer efectiva la devolución de los siete millones de hectáreas de tierras fértiles que les fueron arrebatadas a sus legítimos dueños. Pero también se contempla la reparación integral, que incluye no sólo la parte económica y administrativa sino también la judicial, la moral y la de la memoria histórica de lo ocurrido, como una lección para las generaciones futuras.
Pese a los fines altruistas del proyecto y a que éste, de ser empujado por un solo congresista pasó a convertirse en un propósito casi colectivo del parlamento en un acto que ha ido más allá de la polarización política, su trámite no ha estado exento de suspicacias en el seno del Ejecutivo. Los asesores oficiales la han pasado por un tamiz ideológico tratando de adivinar ocultas intenciones de la oposición. De todas maneras, a ellos les quedará muy difícil, en el marco de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Congreso norteamericano y de otras organizaciones internacionales, explicar la posición gubernamental si la Casa de Nariño decide objetar u obstaculizar la aprobación y refrendación del nuevo marco jurídico en el que se protegerían los colombianos que todavía arrastran el dolor de sus muertos porque todavía no han podido cerrar el capítulo.
Cecilia Orozco Tascón.– Una de las objeciones del Gobierno al proyecto de ley es la referencia a las “víctimas del Estado”. ¿Por qué ustedes incluyeron esa definición tan polémica?
Senador Juan Fernando Cristo.– Primero, no es nada polémico en el mundo entero, es una definición natural. No es un invento mío ni de los ponentes, y tampoco tenemos el ánimo de mortificar al Gobierno. Se trata simplemente de que Colombia adopte un principio de la legislación internacional en materia de protección a las víctimas: el de la denominada “universalidad”, que significa que al definir los derechos de las víctimas en una sociedad, el Estado no puede dejar por fuera ninguna categoría. En el marco del Derecho Internacional no es posible que hoy se apruebe una ley que excluya a las víctimas de agentes del Estado. Eso no quiere decir, como teme el Gobierno, que quede establecido que en Colombia hay crímenes de Estado, pues el proyecto se elaboró solamente con base en los derechos de las víctimas, independientemente de quiénes sean los victimarios y sin hacer ningún juicio de valor.
C.O.T.– La desconfianza gubernamental parece provenir de que en el texto de un proyecto hecho por alguien de la oposición, como usted, se acepte la existencia permanente de victimarios del Estado. ¿Cómo evitar esa prevención?
S.J.C.– Es una prevención infundada y corresponde más a un sesgo ideológico que no debe ser objeto de debate en esta discusión. El Gobierno debería anteponer los derechos de las víctimas a cualquier controversia política. Es tan cierto esto, al menos de nuestra parte, que en el Senado los ponentes terminamos aceptando —para eliminar obstáculos a su aprobación— que no se pusiera como título del proyecto el de “protección a las víctimas del conflicto armado” y, tal como lo planteó la coalición gubernamental, lo modificamos por el de “protección a las víctimas de la violencia”. Para nosotros es claro que el agente del Estado, individualmente, es el responsable de la agresión o el daño a la víctima. En cualquier caso, los gobiernos deben asumir la reparación, sea quien sea el victimario.
C.O.T.– Es imposible que la discusión ideológica no esté presente. ¿Cómo explicar, por ejemplo, que hay víctimas sin conflicto y que no existen víctimas del Estado cuando éste ya ha sido condenado en el marco internacional?
S.J.C.– El Gobierno debería pensar en ese tema porque cada día hay más condenas al país en organizaciones internacionales por episodios ocurridos hace años. Si el Estado y la sociedad colombiana no asumen de inmediato el compromiso de reparar y dignificar a sus víctimas, habrá nuevas condenas. O Colombia repara por convicción propia, o la comunidad internacional nos obliga a cumplir. En cambio el trámite por consenso de la Ley de Víctimas podría abrirle camino a entendimientos en otros temas, como el de la reforma política.
C.O.T.– ¿Cómo romper la “vocación” de los gobiernos de despreciar a los débiles y, en cambio, entenderse y cederles a quienes tienen armas y matan?
S.J.C.– Puede empezar a romperla con la creación de la figura del Alto Comisionado para la atención a las víctimas. En las dramáticas pero útiles audiencias públicas con las organizaciones de víctimas, ha quedado claro que esta población no sólo se siente abandonada a su suerte sino maltratada por el Estado. Es una lástima que ni el Presidente ni su Ministro del Interior y de Justicia hayan asistido al menos a una sola de tales audiencias. Estoy seguro de que, de haber ido, su posición sería distinta.
C.O.T.– El Gobierno ha hecho saber que le preocupan los dineros con que se tendría que financiar la ley y parece razonable, ¿de dónde saldrá la plata?
S.J.C.– El Gobierno ya garantizó 7 billones de pesos para la reparación administrativa en los próximos diez años, y no es poco. Adicionalmente, la ley establece que todos los recursos generados por la venta de bienes incautados al narcotráfico, se destinen únicamente al Fondo de Reparación. No entiendo la razón para que el Gobierno vuelva a utilizar el argumento fiscal para cuestionar el proyecto. Me parece inmoral tasar en cualquier cifra el sufrimiento de una víctima. Además, una subcomisión del Congreso trabajó con la viceministra de Hacienda, que es bastante inflexible en estos temas, para depurar la ley en materia de ayudas específicas. Eso permitió que ella avalara el proceso. Además, duele ver al Gobierno regateando los derechos de las víctimas, mientras nunca señala el costo que ha tenido para el país el pago mensual desde hace años a miles de reinsertados, de victimarios, que reconozco, hay que hacerlo.
C.O.T.– ¿Qué harán ustedes si, como se ha dicho, el Gobierno se opone a este proyecto presentando uno nuevo?
S.J.C.– Hasta el momento no hay proyecto alternativo del Gobierno y creo que no lo habrá. No hay necesidad y los temas de divergencia pueden ser superados.
C.O.T.– En resumen, las tres objeciones del Gobierno son: la de aceptar que hay víctimas del Estado; la de admitir que hay conflicto y la de tener que destinar un buen monto de dinero para este problema. Parecen insalvables y por eso el fracaso está a la vuelta de la esquina.
S.J.C.– Como le dije, obviamos la discusión sobre el conflicto armado ha cambiado la denominación de la ley. El asunto del dinero más que una prevención es una excusa y creo que al final lo entenderán. En cuanto a la mención a las víctimas de agentes del Estado, mi opinión es que hay una confusión que ya se ha ido aclarando. Eso no quiere decir que, al margen de esta discusión, no señalemos que nos indignó y causó repulsión el hecho de que el “ideólogo” del gobierno, José Obdulio Gaviria, hubiera afirmado en el exterior que en Colombia no hay desplazados sino migrantes internos. ¡Qué cinismo!
Impulso internacional
C.O.T.– Usted estuvo recientemente en Estados Unidos, ¿hubo apoyo a este enfoque de reparación de las víctimas, o se encontró con la mismas prevenciones del Gobierno colombiano?
S.J.C.– En absoluto. Hay una gran sensibilidad frente al tema y simpatía por lo que hasta el momento hemos hecho con este proyecto. Ésa fue la opinión que escuché tanto entre los miembros del Congreso norteamericano, como en los centros de pensamiento y en las organizaciones de derechos humanos. En Washington visité el CEJIL (Centro de Justicia Internacional), el Instituto de Paz del Congreso, Human Rights Watch, el Instituto Brooking y el Centro de Política Internacional, entre otros. Todos desean cooperar con la implementación futura de la ley.
C.O.T.– ¿Naciones Unidas hace parte de este proyecto?
S.J.C.– El compromiso y el respaldo de la ONU ha sido definitivos para el avance de la iniciativa. Su compromiso es tan hondo, que sus distintas agencias en Colombia son las que han organizado y promovido las audiencias públicas que viene adelantando la Comisión Primera de la Cámara de Representantes en las regiones donde el conflicto se ha manifestado con mayor barbarie y crueldad.
C.O.T.– Si existe tanto apoyo internacional, ¿qué efectos tendría que el Congreso de Colombia negara este proyecto?
S.J.C.– Ni siquiera contemplo esa posibilidad. Este Congreso con más de treinta parlamentarios presos por vínculos con el paramilitarismo y algunos por relaciones con la guerrilla, debe enviarle un mensaje claro al país y el mundo en el sentido de que no es un parlamento de victimarios y que atiende con solidaridad y compromiso auténtico a las víctimas.
La pelea con el Presidente
C.O.T.– Las alusiones que ha hecho el presidente Uribe a su nombre no han sido muy amables. Siendo usted el autor de la ley, ¿no cree que por el Mandatario, le bloqueará la ley?
S.J.C.– Los derechos de tres millones de compatriotas son más importantes que la confrontación coyuntural entre un Presidente y un Senador de la República. Sinceramente no creo que el Jefe de Estado actúe con ese nivel de mezquindad.
C.O.T.– En la confrontación política con el Presidente hubo mucho tilín tilín y nada más. Él no concretó denuncias, y usted tampoco.
S.J.C.– Entiendo que a la galería mediática le fascinan las disputas y cuando éstas bajan de tono, la emoción se apaga. En ese episodio quedó demostrado claramente que el Mandatario sólo quería producir fuegos artificiales momentáneos para distraer a la opinión pública sobre hechos muy graves que están ocurriendo al interior del Gobierno. Todos los señalamientos injustos de Uribe quedaron desvirtuados por la realidad de los hechos y por sus propios amigos.
C.O.T.– ¿Cree que el Ministro del Interior debe renunciar?
S.J.C.– Cada vez que la oposición pida la cabeza del Ministro, el Presidente estará más dispuesto a atornillarlo en su cargo. Sin embargo, veo que la agonía de Valencia Cossio será lenta y dolorosa, desde el punto de vista personal.
C.O.T.– Qué opina de la descoordinación que hubo en el Gobierno con las declaraciones del Vicepresidente contra Cambio Radical; del ministro Valencia contra el Vicepresidente y de la Casa de Nariño, de apoyo al Vicepresidente.
S.J.C.– Creo que es otro episodio que demuestra las enormes grietas que hay entre el presidente Uribe y el senador Germán Vargas Lleras. Las acusaciones son gravísimas y no se pueden quedar así no más. Esa es una clara señal de que la campaña presidencial ya arrancó al interior del uribismo y de que no será un juego de niños.
Derechos que hoy no existen
La Ley para la Protección de las Víctimas de la Violencia que se estudia actualmente en el Congreso establece:
1. La protección efectiva para todas las víctimas del país incluyendo las de guerrillas, paramilitares, narcotraficantes y agentes del Estado. Cuando éste vaya a reparar, no hará distinciones entre unas y otras.
2. La garantía de reparación integral, según los estándares internacionales, que incluyen el derecho a la verdad, a la memoria histórica, a las medidas de rehabilitación y de satisfacción, y a la restitución de tierras.
3. La obligatoriedad de la reparación por omisión del deber de garantía del Estado, que significa que la restitución de los derechos de las víctimas no es un acto de generosidad. Es su deber, porque omitió la obligación de proteger a la población.
4. El cumplimiento de los derechos a la reparación administrativa y judicial: si accede a la primera no significa que se le cierran las puertas de la segunda. Son complementarias, no excluyentes.
Para que nadie olvide
De aprobarse la Ley de Víctimas se adelantarían las siguientes acciones:
1. Creación de un gran Centro de Conservación de la Memoria Histórica con dos grandes áreas: el Museo Nacional de la Violencia y el Archivo del Conflicto Armado.
2. Se instauraría un Día Nacional de la Solidaridad con las víctimas de la violencia y se crearían unas condecoraciones en reconocimiento al valor de las víctimas y de las organizaciones que trabajan por sus derechos.
3. Se establecería un nuevo mecanismo jurídico para la eficacia en la restitución de tierras mediante la creación de una jurisdicción especial en ciertas regiones. Teniendo en cuenta que se despojó a los campesinos de siete millones de hectáreas y que, según el último informe de Cohdes, el desplazamiento de la población ha crecido en un 41%, se implantaría un mecanismo para garantizar que el Estado les devuelva las tierras a las víctimas: tierras arrebatadas en una época determinada de violencia se presumirían ilegales en las regiones que la hayan sufrido, y éstas se declararían como “zonas espurias”. Es una vía extraordinaria para que el Estado pueda devolverles, en efecto, las tierras a sus verdaderos dueños. Se presumiría la buena fe de las víctimas y su contraparte sería quien tendría que justificar la posesión.