El procurador sorprendió esta semana cuando justificó a altos exfuncionarios que se han fugado del país y de la justicia. En concreto dijo: “(la Fiscalía) no puede romper la cuerda por la parte más débil: masacrar a la señora contralora por una situación a la cual fue presionada” ¿Qué opina sobre esa grave afirmación?
El sistema acusatorio consagra diversas garantías para las personas a quienes se les inicia investigación penal. Las decisiones no son tomadas exclusivamente por la Fiscalía sino que la afectación de derechos fundamentales requiere una autorización de los jueces. El proceso que lleva la Fiscalía en contra de la señora Sandra Morelli se ha ajustado al ordenamiento y ha respetado el debido proceso, sus derechos y garantías. Si no fuera así, las autoridades judiciales no hubieran permitido que el proceso llegara a la etapa en que actualmente se encuentra. Uno de los grandes avances democráticos del sistema acusatorio es la publicidad y la oralidad para evitar los juicios secretos que tanto le gustan al Procurador.
Asegura Ordóñez que “las instituciones “filtran” apartes de las investigaciones y que eso afecta el debido proceso ¿Se siente aludido?
La filtración de documentos a la prensa no es una política de la Fiscalía porque puede afectar las investigaciones que llevamos, especialmente cuando el documento filtrado es reservado. Desde este punto de vista, ese es un hecho grave para la Fiscalía, no para el investigado. Y le explico: una de las razones por las cuales el proceso penal establece que la investigación sea de carácter reservado, es para garantizar que esta se desarrollará adecuadamente por parte del ente investigador, y las personas objeto de investigación no pueden alterar, ocultar o desparecer las pruebas que después se llevarán a juicio. No obstante, informar sobre la decisión de imputar a un funcionario es viable porque la imputación es de carácter público y de libre acceso a los medios.
La señora Morelli ha dicho varias veces que se fue del país por “falta de garantías judiciales”. Como ustedes dos han estado enfrentados ¿cree que le cabe alguna razón?
Ninguna. Asegurar que una persona investigada no tendrá garantías “judiciales” implica suponer que ni los jueces ni los tribunales tienen la suficiente independencia y autonomía para fundamentar sus decisiones. Es una afirmación que no tiene sustento. Mire este dato: en un estudio sobre la independencia y poder de los tribunales constitucionales en Latinoamérica, Colombia ocupó los primeros lugares y se dijo que en una escala de 0 a 1, - siendo 1 el mejor puntaje -, estamos en un 0.75%. Es una tarea importante del Estado colombiano probarles a los demás Estados donde muchos están pidiendo asilo, que estas peticiones no obedecen realmente a la existencia de persecuciones políticas sino que se trata de evadir la justicia.
Usted se declaró impedido para conocer la investigación contra la excontralora por sus enfrentamientos personales pero ella dice que el vicefiscal que la investiga, es subalterno suyo y por eso no sería imparcial.
Primero debo aclararle que lo que usted califica como enfrentamiento personal, no lo es. Con la señora excontralora, ahora prófuga de la justicia, he tenido diferencias conceptuales que no configuran un impedimento legal. La respuesta que le doy para desvirtuar esa afirmación, la da la misma Corte Suprema que resolvió, en diversas decisiones, que el vicefiscal es un funcionario autónomo. Esas decisiones se circunscriben a lo establecido en la Constitución y la ley, y en ellas se desarrolla una amplia jurisprudencia sobre la materia en la que se han estudiado, por ejemplo, delegaciones de otras instituciones como las de la propia Contraloría a la Vicecontraloría, y se ha concluido que no hay un sesgo en la investigación por el hecho de ser un subalterno.
De cualquier manera, el daño que le hace a la justicia la fuga de altos exfuncionarios de Estado (Hurtado, Restrepo, Arias y Morelli) se traduce en dudas sobre la imparcialidad de la misma, en particular, en el exterior.
La posibilidad de que funcionarios que estén siendo investigados evadan su presentación ante la justicia es uno de los riesgos que existen en las democracias que garantizan la presunción de inocencia, como es el caso del sistema constitucional colombiano, aunque como usted lo afirma, algunos estén mal utilizando este principio. Esto no solamente es una afrenta a la independencia y autonomía de las autoridades judiciales, sino a la democracia y al sistema de pesos y contrapesos de las ramas del poder público ¿Qué puede esperar el ciudadano o ciudadana común si los altos exfuncionarios huyen del sistema judicial? En cualquier caso, considero que es un riesgo que debemos seguir corriendo. Sí quisiéramos ponderar qué debe primar más: la presunción de inocencia o la posibilidad de evitar fugas restringiendo ese principio, evidentemente mi respuesta sería que bajo ninguna circunstancia podemos permitir que se restrinja la presunción de inocencia. Lo que si debemos buscar es que el sistema acusatorio sea eficiente y debería contar con herramientas no penitenciarias que aseguren que las personas investigadas por graves delitos no evadan la ley. No hay mejor forma de evadir la justicia que desacreditándola.
Algunas personas han salido en defensa de Morelli ¿La Fiscalía es consciente de que en este caso se juega su credibilidad?
El proceso que se adelanta en contra de la excontralora no está en mi despacho. En cualquier caso, quiero destacar que esa investigación es llevada por funcionarios del más alto nivel. Y, a pesar de sus interrupciones, viene siendo construida por el vicefiscal Jorge Perdomo desde hace más de un año. Si él tomó la decisión de imputar cargos es porque debe tener sustentadas sus tesis jurídicas. Como en todo proceso penal, lo que al final termina imponiéndose es una verdad que debe ser probada. Tengo entendido que se han practicado muchos testimonios, varios de ellos de funcionarios de la misma Contraloría, y que se han analizado miles de documentos.
El más reciente de los alegatos de la excontralora tiene que ver con el examen que se hará de sus cuentas en el exterior. Ha dicho que se violó la reserva bancaria ¿es posible que sus investigadores hayan sobrepasado sus funciones?
De conformidad con el procedimiento penal y siguiendo las reglas allí consagradas, no puede afirmarse que la Fiscalía viola la reserva bancaria cuando realiza investigaciones. La regla general en el constitucionalismo colombiano es que toda afectación de un derecho fundamental debe ser autorizada por el juez. Así ocurre con el derecho a la protección de la información privada. En las investigaciones penales que adelanta la Fiscalía esa reserva no existe cuando es autorizada por vía judicial. Y en este sentido se ha procedido con la información financiera en este caso concreto.
Morelli siempre ha dicho que usted quiere vengarse de ella por las investigaciones fiscales de la Contraloría en el proceso de Saludcoop.
De antemano quiero recordarle que todos los señalamientos que se me hicieron sobre supuestos honorarios que me habría pagado Saludcoop cuando ya era Fiscal General, quedaron absoluta y totalmente desvirtuados ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Allí he pedido que se lleven los testigos de cargo y estos no han querido comparecer. Lo que se ha probado es que nunca - como fiscal - obtuve ingresos ni de Saludcoop ni de cualquier otra persona.
Pero la excontralora siguió insistiendo en el punto.
Sobre eso le comento lo siguiente: los jueces de tutela me han dado la razón en el sentido de señalar que la Contraloría no tiene competencia para realizar investigaciones fiscales en mi contra porque la competencia reside en la Comisión de Acusaciones. Recientemente, el Tribunal Superior de Bogotá decidió que la Contraloría seguía incumpliendo las decisiones de tutela que protegieron mis derechos y compulsó copias para que la justicia penal investigue a los funcionarios que continuaron con las labores de investigación en mi contra, por presunto fraude a resolución judicial. Como puede ver, las discusiones acerca de la posibilidad que tiene la Contraloría para investigarme las he encausado siempre a través de los mecanismos judiciales que han fallado a mi favor.
¿Qué ha hecho la Fiscalía en el caso de Saludcoop? Se lo pregunto porque algunos dicen que no se ve actividad en este caso.
En el proceso de Saludcoop la Fiscalía ha realizado importantes avances y actuaciones que involucran dictámenes periciales, versiones libres a los altos directivos de esa entidad, estudios contables y entrevistas para aclarar si existen o no enriquecimientos ilícitos de los directivos con dineros provenientes del Sistema de Seguridad Social en salud. También se adelantan importantes actuaciones para identificar los recobros sin el pago previo ordenado por la ley, los cheques expedidos y no entregados que permitieron presuntamente pagos de falsas cuentas médicas.
El hacker Sepúlveda, las revelaciones sobre sus nexos con la campaña de Óscar Iván Zuluaga y con la sala Andrómeda, han sido otro punto de conflicto de la Fiscalía con sectores políticos y militares ¿Cuánta certeza existe de que lo que ha declarado Sepúlveda no es producto de su presunta megalomanía?
La Fiscalía está siendo muy cuidadosa en verificar todas las afirmaciones del hacker y estamos buscando evidencias empíricas, argumentales y electrónicas. Le puedo decir que tenemos un abundante material probatorio para respaldar hechos como los siguientes: sí existía relación entre el hacker y Andrómeda; él sí realizó interceptaciones no permitidas por la ley, a bases de datos y correos electrónicos; y sí hubo relaciones entre Sepúlveda y la campaña presidencial de Centro Democrático.
Las fugas de información a través de la sala Andrómeda y la piratería de cuentas y correos de los negociadores de la Habana, ¿pusieron en riesgo la seguridad nacional y la del presidente?
La Fiscalía ha constatado que el hacker tuvo acceso ilegal a correos de personas que estaban vinculadas al proceso de paz y que también accedió ilegalmente a sistemas informáticos relacionados con el proceso de la Habana. En cuanto a la seguridad del presidente de la República, estamos verificando si existió o no, alguna participación de Andrómeda en la violación de sus correos personales.
Según ha afirmado Sepúlveda, él vendía y compraba información clasificada a los organismos de inteligencia militares, policiales y hasta a civiles de la Dirección de Inteligencia ¿Se ha comprobado si eso es cierto?
Sepúlveda estaba inmerso en un mercado ilegal de información reservada en el cual compraba datos a miembros de la fuerza pública y de Inteligencia del Estado. Una vez comprada la información, la usaba para sus estrategias mediáticas y asesorías a sus clientes.
El Espectador publicó un artículo revelando el número y monto por más de $2 millones de dólares, de varios contratos de asesorías a su despacho en materia de proceso de paz y justicia transicional ¿Cómo explica esa cifra que parece desorbitada?
Los contratos que ha celebrado la Fiscalía tienen diversos objetos y han estado orientados a fundamentar la toma de las más importantes decisiones de la entidad y a asesorarla para los retos en una situación de posconflicto. Hemos buscado que los asesores externos sean personas con hojas de vida excelentes, así como con equipos de trabajo de las más altas calidades académicas. La mayoría de ellos tienen doctorados en las más prestigiosas universidades del mundo. Por citarle algunos ejemplos de aquellos que fueron mencionados por El Espectador, Natalia Springer presentó una interesante metodología para el estudio de patrones que incorporó la aplicación de nuevos modelos matemáticos en temas como el reclutamiento forzado de menores. Y así ocurre con los otros asesores, un grupo interdisciplinario de expertos que enriquecen la modernización de la Fiscalía.
La nota de El Espectador se publica cuando, precisamente, la Fiscalía le imputa cargos a la excontralora por un contrato de arrendamiento de exagerado precio ¿le quita piso a su entidad la existencia y el valor de estos contratos?
Lo que puedo decirle al respecto es que los contratos celebrados tuvieron una justificación concreta relacionada con el mérito y la competencia académica y profesional de las personas contratadas que no trabajan en solitario sino que tienen a su cargo equipos que a veces superan más de 20 profesionales también altamente calificados. El costo beneficio que se genera con estos contratos para la mejor administración de justicia del país y para la mejor gestión de los procesos al interior de la Fiscalía, es mayor.
El Ejecutivo tramita ante el Congreso una reforma “al equilibrio de poderes”. En ella se encuentran varios puntos que tocan la administración de justicia y las facultades de las cortes ¿Está de acuerdo con ellos?
Estoy de acuerdo con el tribunal de aforados constitucionales que se crea para investigar al fiscal y magistrados de las altas cortes. Sin embargo, la propuesta inicialmente presentada por el gobierno en materia de investigación y juzgamiento de altos funcionarios presenta un desbalance en el equilibrio de poderes por lo siguiente: es claro que el juzgamiento ante el Congreso de altos funcionarios combina la responsabilidad penal y política en sus juzgamientos. Por esta razón, podría imponer directamente la indignidad del cargo, incluso más allá de la legalidad estricta que caracteriza un proceso penal. Por lo anterior, considero que debe mantenerse el juzgamiento en el Congreso y el tribunal de aforados funcionaría para la investigación. El modelo, tal como lo planteó el gobierno, es inconstitucional porque debilita la autonomía de los jueces y pone de rodillas a las altas cortes y al Fiscal General ante el Congreso de la República.
Y ¿Cuál es su opinión sobre el sistema de elección de magistrados propuesto, el de cooptación?
Tampoco estoy de acuerdo con los sistemas puros de cooptación. En todos los casos, éstos deben combinarse con un sistema de acceso por méritos y oposición. También veo inconveniente los elevados requisitos de edad y de trabajo como funcionarios en la rama judicial para poder acceder a los cargos de magistrados. Estos criterios pueden llevarnos a una “gerontocracia” y a un anquilosamiento de la jurisprudencia, además de que no sería posible que personas con estudios y que vienen por ejemplo de la academia, puedan ingresar a la magistratura.
Se sabe que usted mismo presentará algunas propuestas ¿En qué consistirán?
Presentaré un proyecto de ley estatutaria por medio del cual se reforma la estructura y el funcionamiento de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema. La reforma propone la doble instancia para congresistas y crea dos salas de instrucción y dos de juzgamiento en la Sala Penal, que tendrán como función llevar a cabo labores de investigación y acusación de los casos que allí se adelantan. El proyecto también incluye la incorporación de significativas herramientas jurídicas como la creación de la figura de revisión de decisiones, la posibilidad de proferir sentencias interpretativas y de unificación vinculantes. Un segundo proyecto tiene como objeto la creación de un Tribunal Nacional de Garantías Constitucionales en Asuntos Penales. Servirá como máximo órgano de cierre en materia de garantías penales y podrá realizar la unificación de jurisprudencia a través de la revisión discrecional de las decisiones adoptadas por los jueces de garantías. Con estos proyectos, que serán presentados conjuntamente con ministro de Justicia Yesid Reyes, se amplían las protecciones a los derechos fundamentales.
¿Por qué últimamente se le ve menos en los debates y los medios? ¿Se está retrayendo un poco después de que estuviera en el ojo del huracán por sus supuestos “excesos” de poder político y electoral?
Estoy siguiendo humildemente las recomendaciones que usted me hizo en una columna, en donde me señaló que opinar de tantos temas era un factor de vanidad (sonrisa). Pero, hablando en serio, considero que ser Fiscal General no me priva de mis derechos ciudadanos. Comparto una posición de los antiguos griegos sobre el papel de las personas en la política - no entendida como politiquería -, y sobre un concepto incluyente de ciudadanía. Todos debemos participar en la cosa pública por nuestra naturaleza de seres políticos en la sociedad. Además, es claro que el perfil del Fiscal General cambió. No es el inquisidor y carcelero que tanto les gustaría a muchos, sino que es un funcionario inmerso en un Estado democrático.
Por denuncia periodística que surgió después de una protesta ciudadana, se evitó que un hombre inocente de pueblo fuera extraditado a Estados Unidos ¿Habría que revisar los convenios de extradición que impiden que Colombia investigue y que sea un simple recadero de los intereses de otro país?
Lo que ocurrió en este caso es lamentable y actualmente está siendo investigado en todos los ámbitos. Sin embargo, este grave error no puede llevar a desconocer la importancia que tiene la extradición en términos de cooperación internacional. Puede decirse claramente que de la existencia de un error no puede inferirse la inaplicación de una figura. Nos exige correcciones pero no nos debe conducir a su anulación porque equivocaciones como la ocurrida con el señor Ariel Josué Martínez son absolutamente excepcionales. Y es que como lo han resaltado la Corte Constitucional y la Corte Suprema, la extradición busca que una persona que ha cometido un delito en el exterior no evada a la acción de la justicia. Precisamente, el hecho que en los últimos 20 años Colombia ha extraditado 1.678 personas a Estados Unidos, es una muestra de la importante cooperación que tiene la justicia colombiana con otros países.
El viernes pasado usted tuvo una larga reunión con altos mandos militares ¿A qué se debió esa reunión? ¿Tuvo que ver con el hacker, la sala Andrómeda y lo que se desprende de esas investigaciones?
No. Se trato de una reunión con todos los generales de las Fuerzas Armadas para hablar con ellos sobre los criterios que maneja la Fiscalía para efectos de imputación de cargos en graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. También les expliqué sobre cómo la Fiscalía incorpora la jurisprudencia internacional producida por los tribunales penales en cuanto a la violación sistemática y generalizada de derechos humanos. Uno de los puntos importantes de la conversación fue la de comprender la relevancia que tienen en el derecho colombiano, las disposiciones del Estatuto de la Corte Penal Internacional y la aplicación de sus normas. Y particularmente, tocamos el tema de la responsabilidad del superior por los hechos en que hayan incurrido sus subalternos.
Ordóñez: un “prestidigitador que deslegitima la justicia”
El procurador afirma que “masacraron” a la excontralora con el proceso que le adelanta la Fiscalía ¿Le preocupa cómo se afecta la legitimidad de la justicia?
El procurador es un prestidigitador muy hábil en el manejo del lenguaje y en convertir sus fundamentalismos religiosos en cruzadas jurídicas. A las críticas de los medios a los funcionarios, las llama “masacres”; a la persecución a los derechos de las minorías, la llama “protección de la familia”; a la consecución de la paz, “impunidad”; al libre desarrollo de la personalidad, “desarrollo de la animalidad”; y a los periodistas críticos de su gestión, “marihuaneros”. Carlos Fuentes decía, refiriéndose al Quijote, que una de las características de la modernidad era el divorcio entre las palabras y las cosas. Me quito el sombrero ante la capacidad que tiene el procurador para lograr el divorcio entre el lenguaje y la realidad. Y me preocupa que los “ilustrados” y poderosos de este país se autoproclamen perseguidos políticos o aleguen falta de garantías para justificar su irrespeto al Estado de derecho. No me explico cómo el procurador, uno de los garantes de los derechos fundamentales, quiere convertirse en pieza clave de la estrategia para deslegitimar la justicia, estrategia están usando muchos para burlarse de los jueces.
“No fue por debajo de la mesa”
Con todo respeto, usted ha recibido gruesas críticas por dos hechos: 1. - Influir en las elecciones y nombramientos de magistrados y altos funcionarios de Estado, como el nuevo contralor 2.- Haber prologado y presentado un libro de un abogado que litiga ante la Fiscalía ¿Qué comentario le merecen estas dos objeciones?
Tanto la Corte Suprema como la Constitucional y el Consejo de Estado son corporaciones autónomas con gran criterio e independencia frente a las opiniones que yo pueda dar como Fiscal General. Luego, no puede hablarse de injerencia en la autonomía de esos altos tribunales. Si usted se refiere a la selección de una magistrada para la Corte Constitucional, ella, que era una importante funcionaria de la Fiscalía, se presentó ante la Suprema y luego ante el Congreso. Desde luego, como su exjefe, di referencias públicas, no por debajo de la mesa, sobre su trayectoria intelectual y académica. Lo mismo sucedió frente a la elección del contralor Maya de quien di fe de sus cualidades profesionales y éticas. En cuanto al prólogo y presentación del libro del abogado Jaime Lombana, se trató de un acto académico realizado en una universidad y en presencia de importantes profesores. Es cierto que me une con él, una amistad de varios años y, por eso, en los casos que lleva ante la Fiscalía y en donde yo debería intervenir, me declaré impedido.