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"He pensado que deberíamos irnos del país"

Clara Rojas comenta el fallo que les dio la razón a los realizadores de una película sobre su historia y la del hijo que tuvo en cautiverio.

Cecilia Orozco Tascón / Especial para El Espectador

09 de febrero de 2013 - 10:54 p. m.
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Cecilia Orozco Tascón.- Se sabe que los derechos del niño prevalecen sobre los demás. Sin embargo, la jueza falló en su contra cuando quiso impedir la difusión de la película Operación E (por Emmanuel), la cual, según usted, violenta los principios de intimidad, dignidad y libre desarrollo de la personalidad de su hijo. ¿Tal vez usted se equivocó en su argumentación al sustentar la tutela que interpuso?

Clara Rojas.- Con todo respeto, creo que quien se equivocó fue la señora jueza. Pasó por alto, además de las normas constitucionales que adujimos, el Código de Infancia, las convenciones internacionales sobre protección a los niños, la Ley de Protección de Víctimas y, particularmente, de los niños en conflicto. También desdeñó los conceptos de los facultativos, las psicólogas, el médico salubrista, exfuncionario del ICBF, que en su momento valoró a mi hijo y quien, de primera mano, tuvo constancia del maltrato severo del que fue objeto, probablemente por las personas bajo cuyo cuidado lo habían dejado las Farc. Y, por último, hizo caso omiso del estudio científico elaborado por siete expertos, de la Clínica Psicológica de la Universidad Complutense de Madrid, según el cual la exhibición de la película afectaría al niño, a su núcleo familiar y le traería riesgos a su estabilidad emocional.

C.O.T.- ¿Cómo podría equivocarse tanto la jueza? Le reitero: ¿no será, más bien, que sus argumentos y pruebas no fueron convincentes?

C.R.- Aunque así fuera, el error de la jueza consistió en no pensar en la protección del niño y en no ponderarlo como un ser humano merecedor de respeto y dignidad. Ella excluyó sus derechos porque, según adujo, mi hijo tiene una condición, real o ficticia, de “personaje público”. Específicamente, lo excluyó de todos los beneficios constitucionales y legales con el pretexto de que su situación había sido conocida a través de los medios, sin considerar que fue una víctima desde antes de nacer. Eliminó, entonces, la posibilidad de que se respetara su intimidad, nombre e imagen.

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C.O.T- ¿Por qué la autorización de exhibir una película provocaría la eliminación de los derechos del niño?

C.R.- Porque con su fallo, la jueza Raquel Aya Montero abrió la posibilidad perversa de que cualquier persona que quiera hacerlo podrá explotar la situación particularísima de mi niño, como lo hicieron los productores de esta película, lo cual es, a todas luces, inconcebible en un Estado democrático de derecho.

C.O.T.- Usted argumentó en la tutela que los realizadores de la película creyeron la versión del que sería un buen campesino, el mismo que tuvo bajo su cuidado al niño durante su secuestro. Pero usted afirma que cuando el ICBF examinó a su hijo, tenía señales de maltrato. ¿Cuál fue la conclusión de la jueza en este punto?

C.R.- La jueza ni siquiera se tomó el cuidado de analizar la situación que usted menciona. Como ya le dije, no le prestó atención al concepto del médico del ICBF que lo valoró en su momento.

C.O.T.- ¿Cómo encontró ese médico al niño en el examen que le hizo cuando fue rescatado?

C.R.- La conclusión fue la de que tenía síntomas de maltrato severo. Además, había que tener en cuenta que quien tuvo al niño en su casa, no lo quiso identificar al comienzo y eso dificultó la intervención de Bienestar Familiar, además de demorar la atención médica que él necesitaba de inmediato.

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C.O.T.- Uno de los motivos que usted expuso para que se impidiera la difusión de la película fue que su hijo “no vive en una burbuja” y que puede quedar expuesto a burlas, matoneo o preguntas. ¿Por qué cree que lo que se ha contado hasta ahora, en prensa y libros, es distinto de lo que se verá en la película?

C.R.- Una cosa es que usted cuente una historia o que la gente lea aspectos puntuales de la misma, y otra que recreen escenas con base en unos hechos que son de la vida de mi hijo y que le competen a él y a mí, su madre, más que al resto de la humanidad. Tienen un impacto mayor las imágenes difundidas a millones de personas con primeros planos que ya circulan en todo el mundo a través de internet, que cualquier relato puntual. Hay una enorme diferencia. Con los avances que se han publicado lo que se pretende es captar la atención de los incautos para maximizar el beneficio económico de quienes rodaron la película. Ahí se ve a un bebé, que representa a mi hijo, en la misma situación que él tuvo que sufrir y padecer. Esa recreación es indigna para cualquier ser humano. Imagínese si no lo será para un niño que todavía no puede defenderse.

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C.O.T.- Hablando de beneficios económicos, justamente las apoderadas de los productores aseguran que usted intentó “manipular la justicia para obtener fines económicos y de censura”. ¿Qué responde a esa afirmación?

C.R.- Las abogadas de la contraparte son unas mujeres totalmente insensibles, por decir lo menos. Yo había conocido brujas, pero como estas dos, nunca. Hacen afirmaciones injuriosas para confundir a la jueza Aya Montero y lo más desafortunado para mi hijo es que lo lograron. Me temo que la abogada española no tenía autorización para ejercer su profesión en Colombia, pero ese será asunto que tendrá que revisar el juez de segunda instancia. La otra abogada, la colombiana que presentó el alegato final, me dio una gran sorpresa. Resulta que acudí al ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra para que me ayudara en su calidad de representante del Estado a cumplir la Constitución y las leyes de protección al menor. Es por lo menos paradójico que yo hubiera ido donde él, que no hubiera hecho nada al respecto y que después, según me enteré, ¡una de las abogadas de su bufete fuera la apoderada de los productores!

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C.O.T.- Ellas dos también argumentaron ante la jueza que usted le tiene “extrema animadversión” a José Cristancho (el campesino con quien vivió el bebé) pese a que fue exonerado de todos los delitos que se le imputaron. Y añaden que “esa fue la razón” por la cual no la dejaron participar en el “proceso creativo de la película” ¿es cierto?

C.R.- La abogada española Marissa Castello, quien además se va a beneficiar económicamente de la película, puesto que es socia de los productores, es la bruja mayor (sonrisa). Que Dios se apiade de ella. Esa que usted menciona es la mayor injuria de que yo haya sido objeto. Nunca he hecho un comentario descomedido respecto del señor Cristancho, ni en público ni en privado, a pesar de que fue sindicado de secuestro agravado y de otros tres delitos. Valga la pena anotar que la sentencia por la que él quedó libre fue apelada por la Fiscalía, la Defensoría y la Procuraduría. Significa que su situación jurídica no está definida. Falta que el Tribunal de Villavicencio se pronuncie. Es falso que yo hubiera intentado cambiar una parte del libreto. Recuerde que se me presentó la película como un hecho cumplido y que, cuando finalmente me dejaron verla, yo ya no podía dar opinión en ningún sentido.

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C.O.T.- A mi juicio, lo que influyó decisivamente en el fallo en contra suya fue que usted hubiera intentado negociar derechos económicos sobre la película. Las apoderadas del grupo realizador presentaron correos en los que usted hablaba de porcentajes. ¿Reconoce como verdaderos esos mensajes?

C.R.- Por supuesto. Lo que pasa es que la jueza no los leyó todos y unos que sí vio estaban fuera de contexto. Por ejemplo, no analizó el documento del cual se hablaba en dichos correos. Con todo respeto, ella no examinó el escrito que le entregó la contraparte en que los productores reconocen que pagarán “una compensación por el daño eventual presente y futuro” que puedan causarme a mí y a mi hijo menor. El fallo tergiversa este punto porque el reconocimiento de daños se plantea como exigencia mía y no como oferta inicial de ellos.

C.O.T.- ¿Cree que las opiniones públicas en contra de sus pretensiones, que provinieron de personas importantes y que fueron difundidas ampliamente, le dieron una pauta a la jueza en contra suya?

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C.R.- Creo que sí. Por mencionar unos pocos, los comentarios públicos de la ministra de Cultura y un trino del presidente de la República en el sentido de que yo pretendía imponer una supuesta censura pesaron mucho, a mi juicio.

C.O.T.- ¿Considera que fue un error suyo hablar de compensación económica?

C.R.- Sí, lo reconozco, a pesar de que tengo derechos y de que represento los de mi niño. Alcancé a entender a tiempo, gracias a las psicólogas y facultativos que me aconsejaron, que no habría compensación económica que nos pudiese suplir el daño que la película le ocasionaría a nuestras vidas. Por sugerencia de mi abogada, a las puertas de un daño mayor inminente, interpuse la acción de tutela que no tenía ninguna pretensión de dinero, como parece sugerirlo la jueza.

C.O.T.- Justamente por lo que se lee en la sentencia, deduce uno que la togada acogió el argumento de su contraparte, según el cual “Clara Rojas usa la acción constitucional de tutela por puro y simple ánimo de lucro”. ¿Qué responde ante esa afirmación?

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C.R.- Primero, tengo que aceptar que esa frase me dolió profundamente y que todavía no logro reponerme del todo, no sólo porque no corresponde a la realidad, sino porque aunque mi comportamiento le pareciera reprochable, en algún grado, a la jueza, ella tenía la obligación de no perder el norte legal y constitucional que debía estar presente en la tutela: la protección de los derechos fundamentales de mi hijo. Pero lo perdió. Por “castigarme” a mí, terminó castigando injustamente a un niño inocente que, repito, ha sido víctima desde antes de nacer. El otro punto que ella pasó por alto fue que yo interrumpí la negociación cuando entendí la inminencia del riesgo y del daño que podía causar la película, renunciando anticipadamente a cualquier eventual compensación económica.

C.O.T.- ¿Después de conocerse la sentencia, ¿ha pasado algo más?

C.R.- Sí. Quiero dejar constancia de que siempre me sentí lesionada y atropellada por los productores y el director. Y que ahora, como efecto del fallo, siento el atropello con mucha más intensidad.

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C.O.T.- Usted ha mencionado varias veces la posibilidad de hacer su propia película. ¿Todavía sigue en pie esa idea?

C.R.- El tema de la película ha dejado de ser un proyecto en mi vida. Gracias a toda esta agria y dura confrontación, entendí la dificultad que entraña esa situación. Creo que quizá pueda ser una idea o un proyecto más para mis nietos que para mí o mi hijo. Y, de todas maneras, no estoy segura de que haya pasado suficiente tiempo, aun para ellos.

C.O.T.- Si usted finalmente se decidiera a realizar otra película. ¿Se parecería a esta o no, en qué se diferenciarían y cómo rivalizaría la actual con la que usted haría?

C.R.- Esa es otra aseveración injuriosa. Nunca he llegado a pensar que esta película pudiese rivalizar con cualquier eventual proyecto que yo pudiese llegar a realizar. Serían ópticas y puntos de vista tan diferentes como distantes.

C.O.T.- ¿Va a impugnar la decisión o usará el camino de demanda civil o de denuncia penal?

C.R.- Cuando me fui a notificar del fallo con la advertencia de que sólo tendría unos días, impugné la sentencia a mano alzada. Con todo, durante estos días no he dejado de pensar en mi hijo, en cómo serán nuestras vidas de ahora en adelante y en si valdrá la pena seguir dando una lucha aparentemente estéril. Contrario a lo que me sucede, los productores parecen tener todo el apoyo porque han contado con el favor de comentaristas y del Gobierno, y hasta con helicópteros de uso privativo de las Fuerzas Militares, los cuales fueron puestos a su disposición para las grabaciones.

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C.O.T.- Le noto un tono muy pesimista.

C.R.- Sí. He pensado, incluso, en que deberíamos irnos del país, pero no sé a dónde. He pensado otras miles de cosas y le confieso que he llorado como hace mucho no lo hacía, por el dolor inmenso que siento. Por momentos, he estado abrumada. Lo que estoy viviendo es una verdadera pesadilla.

C.O.T.- ¿El niño está enterado de esta discusión?

C.R.- Ha sido inevitable. Tengo muy presente su reacción cuando me escuchó dando la entrevista a La W ese fatídico 27 de diciembre. Estábamos en Cartagena, y en algún momento le dije a Julio Sánchez que la película me afectaba. El niño, quien estaba a mi lado escuchando atentamente, me reviró de inmediato: “A mí también me afecta”, dijo. Cuando finalmente logré dar por terminada la entrevista me preguntó: “¿Mamá, y mis amigos van a poder ver esa película?”. Le contesté, para darle fuerza, que confiaba en que no.

C.O.T.- ¿Va a continuar la batalla contra la difusión de la película en Colombia o se rinde?

C.R.- Mi madre siempre me ha dicho que las batallas se dan para ganarlas. Pero quiero dejar en claro que la gran batalla que yo debo dar no es contra nadie. Es y seguirá siendo a favor de la felicidad de mi hijo.

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Protección a los niños, por encima de todo

El Instituto de Bienestar Familiar tiene la función estatal de defender los derechos de los menores en Colombia. Como tal, ha estado al tanto de la discusión entre Clara Rojas y los realizadores de la película Operación E, Tormenta Films y Zircozine, que se basa en la historia de Clara y de su pequeño hijo, Enmanuel. El director del Instituto, Diego Molano, aseguró al respecto que aunque “reconoce el ámbito de protección constitucional de la libertad de expresión y su ejercicio”, recuerda que esa libertad también “conlleva deberes y responsabilidades, y no se puede entender como absoluta”. En cuanto a la tutela interpuesta por Rojas, dijo que le “solicitó al juez que considerara que los niños, niñas y adolescentes son sujetos especiales de protección”. Pero, respetando el ámbito judicial, opinó que sería éste quien debería determinar “si se vulneran o están en riesgo los derechos fundamentales de los niños cuando una iniciativa involucre la historia de un menor de edad y cuyos datos permitan inferir su identificación”. Finalmente, Molano recordó que la “Constitución y la Ley de Infancia y Adolescencia contienen consideraciones contundentes que deben ser tenidas en cuenta al momento de analizar el impacto de la película”. Un tribunal decidirá ahora si la jueza tenía razón en su fallo contra Clara Rojas y su hijo.

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Un fallo que requiere análisis

De la sentencia de la jueza Primera de Ejecución de Penas sobre la tutela interpuesta por Clara Rojas contra los productores de la película, puede inferirse que lo que mayor impacto produjo para dictar sentencia contra las pretensiones de Rojas de impedir la exhibición de la película en Colombia, fue el intento de negociación de derechos económicos entre las partes. Dijo la jueza en reproche a la madre del niño: “utiliza la jurisdicción constitucional para obtener un pronunciamiento anticipado sobre las eventuales responsabilidades ulteriores o posteriores como consecuencia del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, de las productoras accionadas a propósito de la futura exhibición del largometraje..., para obtener una especie de aval legal del juez constitucional (para) permitir a la actora renegociar los términos de la compensación”…. Concluyó que “será en sede de la justicia ordinaria donde la señora Clara Leticia Rojas podrá debatir y eventualmente probar la existencia de perjuicios que se le irrogaran cuando se exhiba la película”. El interrogante que subiste es, si la jueza se concentró demasiado en el rechazo que le produjo la negociación y perdió de vista, por ello, el riesgo de vulneración que corrían los derechos del protegido constitucional, Enmanuel.

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Por Cecilia Orozco Tascón / Especial para El Espectador

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